El choque de visiones sobre la libertad de expresión y el derecho a la información entre los funcionarios del Estado brasileño —partidario de regular las redes para que el país no se convierta en un «lejano oeste» digital—, y la oposición bolsonarista —con una concepción ilimitada del derecho a expresarse en cualquier plataforma—, subyace en un juicio en curso en torno a las redes sociales, luego de que algunas de estas cuestionaran medidas adoptadas por las autoridades.
Aunque el proyecto de ley contra las noticias falsas presentado hace semanas sigue estancado en el Congreso, el controvertido tema de los derechos y deberes de plataformas como Facebook, Twitter, Telegram o Whatsapp y la información que circula por ellas, sigue bajo los focos, apunta RT.
Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) debía empezar a juzgar varios recursos, dos de los cuales fueron interpuestos contra fragmentos del Marco Civil de Internet, una suerte de constitución para el uso de las redes sociales en Brasil, aprobado en 2014 durante la presidencia de la izquierdista Dilma Rousseff.
Los acontecimientos tienen como contexto la efervescencia en el combate de las autoridades contra la desinformación, la propagación del discurso del odio y el abuso de poder de las big techs.
Las plataformas de mensajería quedaron todavía más en la mira de las autoridades después del 8 de enero, cuando los bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes en lo que ha sido considerado un intento de golpe de Estado, pues los manifestantes radicales coordinaron sus acciones durante días a través de las redes, con consignas abiertamente golpistas.
Hace días, Telegram fue obligada por el Supremo Tribunal Federal a retractarse de su campaña contra el proyecto de ley y a decir que sus comentarios eran «flagrante e ilícita desinformación», para evitar una nueva suspensión en Brasil. Por ese mismo motivo Google tuvo que marcar como propaganda unos comentarios negativos que hizo en su página en Brasil contra el texto.
A finales de abril, Telegram, que ya ha sido objeto de varias medidas judiciales por no colaborar con las autoridades, fue suspendida durante unos días después de que se negara a facilitar datos sobre grupos neonazis que supuestamente usan la aplicación con fines delictivos.
¿Qué se juzga?
Uno de los recursos en análisis fue interpuesto por Facebook (red social perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista) y cuestiona la legalidad del artículo que establece las circunstancias en que las plataformas pueden ser responsabilizadas civilmente, por contenido publicado por terceros. El caso tiene su origen en la denuncia que hizo un ama de casa a la compañía, tras descubrir que alguien había creado un perfil falso con su nombre y lo usaba para ofender a familiares y amigos de ella.
Otro fue interpuesto por Google, y cuestiona la obligación de los proveedores de fiscalizar los contenidos y de suspender páginas o borrar informaciones consideradas ofensivas, sin que haya decisión judicial. La compañía fue condenada hace años a indemnizar a una profesora que la demandó después de que alumnos suyos crearan una comunidad para vejarla, Odio a Aliandra, en la ya extinta red social Orkut.
Los otros dos casos, promovidos por dos partidos, cuestionan la obligación de las plataformas de ofrecer los datos de usuarios y comunicaciones privadas, a partir de decisiones judiciales. La no colaboración en ese sentido ha llevado a varios a jueces a ordenar la suspensión de las plataformas.
¿Qué impacto puede tener en el proyecto de ley?
El juicio de este miércoles toca uno de los temas fundamentales del proyecto legislativo, que también busca responsabilizar a las plataformas por los contenidos.
La legislación, en trámite desde hace tres años, está parado por falta de consenso entre los diputados para su aprobación. Lo que se decida en la Corte podría, de alguna manera, propiciar su reactivación en el legislativo.
El texto tiene una dimensión mayor, ya que además de los derechos y deberes en cuanto a la moderación de contenidos de las plataformas, aborda asuntos como los derechos de autor y la remuneración por el uso de contenidos periodísticos.
Con información de RT
