El debate del Proyecto de Ley de Comunicación Social se ha reavivado en Cuba, tras ser pospuesto su parto en el Parlamento por dos o tres meses. El aplazamiento, temido por unos como amenaza a los filos de esta norma o a su emisión misma, pudiera interpretarse también como clásica jugada de promoción para alentar de nuevo miradas, diálogo, controversias e ideas en la sociedad. La comunicación entraría así, con mejor pie, en la vida política cubana.
Especulaciones en una y otra dirección han aflorado en las redes. Pero no me convencen. La impugnación de la norma, de concretarse, cuestionaría la palabra de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tanto como la solidez del modelo político y legislativo que se ha propuesto Cuba. La segunda opción suena mejor, pero es más frecuente en otros lares. Como jugada indicaría una malicia comunicológica poco común en nuestro país.
A mi juicio, la postergación expresa, más que nada, el espíritu de una ley que es audaz y polémica por naturaleza, alcance y contexto. Los riesgos y temores son lógicos por constituir una legislación pionera en Cuba, en una disciplina, la comunicación, también joven desde la perspectiva científica, política y jurídica internacional. Un torbellino de transformaciones tecnológicas renueva constantemente canales, medios y lenguajes y hace más compleja la materia objeto de Ley.
Cuando Cuba la apruebe, que lo hará, se enganchará a un carro que echó a andar en América Latina hace apenas dos décadas. Tras la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela en 2004, se sumaron Ecuador, Argentina, Uruguay, México y Bolivia en años sucesivos, con alcances y enfoques reguladores muy diversos, pero con una coincidencia: la capacidad de estas legislaciones para recalentar el escenario político en cada país.
Con tales antecedentes, no me sorprende que los diputados cubanos quieran masticar y entender mejor la norma, antes de llevarla a sesión plenaria en febrero o marzo. La versión cubana, además, adopta una mirada más compleja y abarcadora que otras legislaciones de igual perfil. Postula regulaciones para todos los ámbitos de la comunicación -mediática, organizacional y comunitaria-, las espinosas relaciones del ciberespacio, la comunicación de crisis y la economía de los medios, entre otros múltiples campos.
El desafío que aguarda a esta Ley trasciende el mero ordenamiento de esta actividad. Bien entendida y aplicada, puede enfrentar una deuda de la sociedad cubana: transformar un modelo de comunicación que muchas veces ha aplicado, erróneamente, patrones similares para la comunicación, sea política, mediática u organizacional. El hecho de compartir las tres un fin estratégico, la defensa de la Revolución, ha extraviado los recursos técnicos que le son propios a cada una.
La convergencia tecnológica actual y las redes sociales han acentuado la ineficacia de estos esquemas, en momentos en que vuela la información por las redes, desafiando la negación de la instantaneidad de Aristóteles y los conceptos filosóficos de la verdad. El capítulo reciente de la Western Union lo confirma. Algunos medios nacionales retiraron el anuncio, como si el elemental deber de informar el inicio de pruebas pilotos de esta compañía en Cuba implicara un aplauso oficial.
¿Será la Ley la oportunidad para comenzar a enmendar tales distorsiones? ¿Será un recurso para entender que la prensa tiene lenguajes y claves de comunicación diferentes a los de un gobierno o una empresa, aunque coincidan en objetivos estratégicos? ¿Será por esto que algunos gurúes ortodoxos cruzan los dedos?
Aunque sueño, como tantos profesionales de la comunicación, con esta Ley desde hace años, entiendo la prudencia parlamentaria. El proyecto legislativo propone un giro de 180 grados al enfoque estrecho y gris, que ha dominado la praxis social sobre la prensa, la comunicación política y la comunicación empresarial. Regula derechos esenciales, eternamente polémicos, como la libertad de expresión y el derecho de información, sujetos a reinterpretaciones en el escenario contemporáneo de la comunicación y la política.
Otra razón hace más tensa cualquier maniobra en este campo. Junto con la persecución financiera, las campañas de información o desinformación han constituido uno de los terrenos preferidos por Estados Unidos en su guerra política contra la Revolución Cubana.
Bienvenida la pausa y el debate que merece la Ley, siempre que no se extravíe en las visiones polarizadas y los fundamentalismos que he visto en las redes sociales. La derecha se asombra por la propuesta de un sistema de comunicación social que guarda fidelidad “a los fines de la sociedad y el Estado socialista de derecho y justicia social”. Voceros pseudomarxistas, entretanto, se espantan por la decisión legislativa de regular e impulsar la actividad económica de los medios de prensa.
Dedicados a cazar fantasmas del capitalismo a cualquier costo, distorsionan lenguaje y conceptos del texto legislativo, con críticas a un capítulo dedicado a “capitalizar los medios”. Tengo la sospecha de que muchos de estos presuntos polemistas no se han leído ni el Proyecto de Ley de Comunicación Social, ni El Capital de Marx, ni los aportes de Bourdieu con su capital simbólico.
El proyecto nunca habla de capitalizar, verbo que por demás no implica un pecado, si nos atenemos a la situación públicamente admitida de descapitalización que afecta a muchos órganos de prensa. El Artículo 37.1 del Proyecto de Ley establece que “los medios fundamentales de comunicación social se financian esencialmente por el presupuesto del Estado o por el de las organizaciones políticas, sociales y de masas correspondientes”.
La publicidad y el patrocinio quedan como alternativas, pero algunos sesudos cuestionan estas opciones, aunque están previstas explícitamente en los documentos programáticos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2017, y en la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno de Cuba. ¿Con qué socialismo sueñan? El proyecto legislativo llega para regular sabiamente la actividad publicitaria que se ejercita en Cuba desde hace décadas por no pocas empresas y limitadamente por algunos medios de prensa.
Ya no recuerdo cuál texto, si era de derecha o de izquierda, dio las gracias a Dios al ser detenida la Ley de Comunicación Social. El diablo los junta.
Como toda obra humana el proyecto normativo que entrará a la sesión parlamentaria se puede pulir, en estilo y contenido, pero parto de reconocerle dos méritos esenciales, menos visibles en legislaciones foráneas similares: regula de conjunto varios ámbitos comunicacionales complejos y rompe con el enfoque de la comunicación como mero instrumento de difusión.
El desafío real vendrá luego: implementarla, articular la comunicación social como eje transversal y estratégico de desarrollo y de participación social, rehuir del pecado instrumentalista, de mirada estrecha, que criticaron Jesús Martín Barbero y Julio García Luis, por citar dos pensadores.
Para la prensa en particular, la propuesta legislativa llegaría como pieza clave para sostener e impulsar el reordenamiento soñado del sistema de medios, enredado entretanto en una convergencia tecnológica con transformación de rutinas, actores, reglas, dimensiones, estructuras, símbolos. Será un paso para avanzar en la búsqueda de un modelo de comunicación social revolucionario. Y este será, a su vez, esencial para el modelo de desarrollo económico y social que se ha propuesto construir Cuba, y que constituiría de facto un modelo de socialismo.
Nadie puede pretender que el contenido de la Ley de Comunicación sea perfecto y que complazca o satisfaga los intereses y las aspiraciones de todas y todos los cubanos en esta materia. Esta Ley no es perfecta, porque está elaborada por seres humanos y no hay obra humana perfecta. En mi criterio, esta Ley es lo más cercano posible a lo que hoy necesita el país en materia de comunicación social. Se ha consultado, colegiado y corregido con los mejores expertos del país en disímiles materias; y se continúa perfeccionando a partir del criterio, las opiniones y propuestas de miles de personas, cubanos y extranjeros, y todas las opiniones se han tenido en cuenta en su elaboración y perfeccionamiento. Sin embargo, en mi criterio, lo más difícil y complejo, una vez que definitivamente se apruebe la mejor versión posible de esta Ley en la ANPP, será hacerla cumplir, en una sociedad donde la verdadera y adecuada comunicación social, en los ámbitos organizacional o institucional, mediático y comunitario, tiene necesariamente que sacar a relucir los problemas del país, sus causas y los responsables…? Y ahí es cuando empieza “Cristo a padecer”…? Cuando en la comunicación verdadera, que necesita Cuba, se ‘le raya la pintura a alguien” y, por intereses personales o mezquinos, algunos se sienten aludidos, en riesgo o afectados, y ahí comienzan las llamadas, las presiones y el “oye quita eso que el enemigo lo puede utilizar contra la Revolución”…u otros discursos ya conocidos, que muchos de los que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo verdaderamente revolucionario, por el bien y en defensa del país, lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo en carne propia. Ahí es donde está, aprecio yo, el principal obstáculo y el verdadero reto que tiene la Ley de Comunicación Social que, ciertamente, a pesar de las críticas y cuestionamientos de algunos, que respeto, los comparta o no, es ya de por si un gran avance para Cuba.
Apreciación compartida con usted, a la cual pueden añadirse otros aspectos como los que comenté en el post que hice sobre este magnifico escrito de Terrero el pasado 21 de enero (ayer).
Excelente, Ariel. Un abrazo
Buen análisis. Explica, aborda puntos menos tratados en los debates sobre la Ley. Muy bien, Ariel!
Una humilde y sincera opinión. La reflexión la considero excelente, por apropiada, por equilibrada, por educada, incluso en sus mas agudas expresiones de adjetivación e incisiva crítica. Algunas reflexiones haré en otro momento sobre las nuevas tecnológicas y los medios digitales de intercambio informativo, incluidas las redes sociales, los sitios web tanto de personas jurídicas como naturales, los blogs, los servicios de hospedaje de sitios web y blogs, sus relaciones con la propiedad en un mundo globalizado y donde existen redes públicas de transmisión de datos que dan acceso a unos y otros.
Un juicio iluminador, como era de esperar de Ariel, en medio de muchas confusiones; lo comparto
Saludos cordiales y Revolucionarios
Tengo entendido que UD era de Bohemia y de Economía , ahora directivo de la UPEC pero como aquí todos opinamos ,Yo siendo pueblo y Enfermera también voy a hacerlo ,si me lo permiten . Creo que sí analizamos el anteproyecto cómo pueblo ,no como abogado ,ni periodista vemos que y quiénes son los venefiados udes ,porq al pasar a la privatización de medios no fundamentales . UD puede decirme en qué beneficia al pueblo cuando todo lo que se ha privatizado o es más caro que el del estado o nosotros no tenemos acceso. Quién paga ,manda y por ende lo que hoy un medio no fundamental patrocinado ,mañana por el alcance y los seguidores puede ser fundamental y como hay libertad de expresión poner lo que quiera de Cuba o de cualquier cosa . Los medios de Comunicación social son un medio muy poderoso y lo mismo te Unde cómo te hace famoso . Y si se que una ley no se debate solo se aprueba o no.
Pero nuestra Constitución es muy clara y nuestro Carácter irrevocable de nuestro sistema social me dice que todo debe estar en manos del pueblo por tanto del estado. Gracias
La proyectada Ley sobre la comunicaciòn social està siendo debatida ahora mismo. ¿Por què los medios no estàn informando
sobre los criterios y argumentos que al respecto de su articulado se exponen ahora mismo, y se han expuesto durante su gestaciòn, para el màs amplio conocimiento popular? No es una ley de medios, ni que interese sòlo al gremio comunicacional, sino, en el mundo actual y la posiciòn de Cuba como uno de los blancos preferidos de la guerra mediàtica, debe ser de interès conocer el criterio no sòlo del gremio, sino de los màs amplios cìrculos populares. Se hizo con el còdigo de las familias, y debiera hacer con un tema que es de seguridad nacional.
Sobre todo exige una revisiòn mucho màs amplia cuando en su consideraciòn el autor de este artìclo opina que “La impugnación de la norma, de concretarse, cuestionaría la palabra de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tanto como la solidez del modelo político y legislativo que se ha propuesto Cuba.” Se supone que sea un desliz disculpable, pues no se puede cuestionar a una Asamblea que aun no se ha pronunciado al respecto, no se puede igpugnar una ley que aun existe como proyecto. Pero es un ejemplo de que urge someter una ley tan importante a muchos màs criterios y examen que a un cìrculo cerrado. La comunicaciòn social, ademàs, es eso mismo que reza el tìtulo: social, e interesa, por tanto màs allà de a toda la sociedad, a todos los cìrculos intelectuales del paìs, no sòlo a los periodistas, comunicòlogos o insertos en el perfil gremial. Y si se trae a colaciòn el criterio de espacialistas como un argumento de autoridad, como Julio García Luis, no recuerda este comentarista
si el autorizado y prestigioso especialista alguna vez afirmò que ademàs de ser financiado por el estado, los medios comunicacionales deberìan ser financiados por la publicidad. No llama la atenciòn el estruendoso silencio de la prensa “independiente” sobre esta propuesta de Ley?¿Existe alguna consiederaciòn sobre la abismal asimetrìa del poder mediàtico global, los ingentes recursos que ahora mismo derrama para el sostenimiento de la subversiòn comunicacional como para permitir una especia de patrocinadores de medios “no fundamentales” pero con recursos suficientes para dominar el espacio
comunicacional ahora legalmente? Al menos se debieran escuchar y leer argumentaciones sobre estas preguntas, ademàs de los juicios positivos sobre los temas, sì muy positivos que la ley contiene y no sòlo generalizaciones sobre ella.
Ariel, excelente comentario. No entiendo los miedos que tienen algunos compañeros, como si no existieran otras leyes que acoten la inversión extranjera, como si la publicidad no existiera -¿qué es la campaña contra el bloqueo y otras que financian las instituciones del país?-. Se descalifica una ley que de ningún modo podría abrir paso a la privatización de los medios, muy lejos del espíritu de la Política de Comunicación Social del Partido y de lo que se ha debatido en un proceso democrático que lleva años y ha involucrado no solo a los periodistas. No se ha callado la contrarrevolución porque el espíritu de la ley la beneficia -sabe perfectamente que no-, pero la notamos menos porque está muy debilitada y porque ha percibido que más daño nos hace el debate generado en las filas revolucionarias, muchas veces sin haberse leído la ley y descalificando a las instituciones. Un debate que se genera fuera del Partido y de las instituciones (en Facebook y Telegram como gran arena “democrática”).