El caso Assange no afecta a un periodista, o a la agencia de medios WikiLeaks. Se trata de un caso que afecta a toda la humanidad en su conjunto. Y ello porque, de materializarse su extradición a los Estados Unidos, se habrá sentado un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos del mundo.
Las democracias se asientan sobre un mecanismo básico y elemental, el control que los ciudadanos desplegamos ante nuestros gobernantes, principalmente a través de elecciones libres. Pero sin información veraz y profunda sobre cómo actúan nuestros gobernantes, la rendición de cuentas (accountability) de nuestros mandatarios quedará viciada. Los ciudadanos no podremos conocer la actividad de nuestros poderes para que puedan rendir cuentas ante nosotros.
Precisamente para garantizar que los gobernantes tuvieran que rendir cuentas ante los ciudadanos se articularon dos derechos que conforman dos caras de la misma moneda. Por un lado, la libertad de prensa, que reconoce el derecho que asiste a los periodistas para recabar información veraz, proveniente de fuentes que incluso pueden proteger bajo anonimato, y publicar esa información de interés público. Y, por otro lado, el derecho de acceso a la información, que asiste a la ciudadanía y que les permite poder contar con medios libres que les informen del ejercicio del poder, a los efectos de controlar a sus gobernantes. Y precisamente por lo estructural de ambos derechos, nucleares para la preservación de la democracia, ambos están recogidos en las constituciones de todas las naciones civilizadas del mundo, además de estar codificados en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, sin libertad de prensa y sin derecho de acceso a la información, las democracias fenecen y los ciudadanos libres pasamos a ser súbditos, sin posibilidad de controlar la acción de nuestros gobiernos.
EEUU le acusa de espía por haber publicado información de crímenes de guerra, pero no investiga a quienes cometieron esos crímenes
Estos derechos parecían asentados en el devenir del siglo XX, incluso en la propia jurisdicción norteamericana. Basta recordar el caso Watergate, donde los periodistas del The Washington Post, publicaron un relevante caso de corrupción en el que preservaron la identidad de su fuente como “garganta profunda” (Deep Throat), siendo incluso ampliamente laureados, incluyendo el Pulitzer, por sus publicaciones. O el caso de Los papeles del Pentágono, sin que ningún periodista fuera perseguido por publicar información relativa a un conflicto militar, en este caso Vietnam, que era de interés público, sobre todo, porque el Gobierno norteamericano estaba mintiendo a sus ciudadanos y los periodistas tenían el derecho (y el deber) de informar a sus lectores. En definitiva, la actividad periodística estaba cubierta por la Primera Enmienda, provisión constitucional en Estados Unidos que reconoce, precisamente, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información.
EEUU decide cortar la cabeza a WikiLeaks
Sin embargo, con WikiLeaks todo cambió. Esta agencia de noticias supuso una revolución en el mundo de la comunicación. Creó un portal protegido por cortafuegos para que cualquier denunciante, alertador o whistleblower, pudiera entregar información que acreditara la comisión de crímenes, corrupción o demás irregularidades, sin que nadie, ni siquiera WikiLeaks, pudiera conocer su identidad, al existir barreras técnicas que garantizaban el anonimato de la IP de envío. De esta forma, se protegía a la persona que enviaba la información, toda vez que era evidente que en multitud de ocasiones el denunciante terminaba llamativamente por ser el perseguido. Y con este novedoso sistema WikiLeaks publicó información de interés mundial como ejecuciones extrajudiciales en Kenia, crímenes medioambientales en Costa de Marfil, corrupción bancaria en Islandia, o la censura a Internet en China.
Aunque ningún país de la comunidad internacional abrió causas penales por la actividad de WikiLeaks, al considerarse que estaba protegida por la legítima libertad de prensa, tras la publicación de los Iraq War Logs y los Afghan War Diaries, Estados Unidos, en una causa sin precedentes, decidió comenzar la persecución de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange.
La extradición a EEUU supondría un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos del mundo.
En primer lugar, encontrándose Julian Assange en Suecia, la policía del país escandinavo articuló una denuncia sin recorrido alguno. Tan poco recorrido que la fiscal sueca, Eva Finne, tras recibir al periodista, la archivó directamente, por lo que Julian Assange voló a Londres. Una vez allí, y precisamente tras la publicación de los Irak War Logs, sorpresivamente, la Fiscalía sueca, esta vez otra fiscal, decidió reclamar la entrega de Assange. Y lo hizo sin existir ninguna causa judicial contra él, simplemente en el marco de una “investigación preliminar”. Julian Assange ofreció volver a declarar por videoconferencia, recibir a la Fiscalía sueca en Londres o incluso desplazarse a Suecia a, nuevamente, volver a declarar, pero siempre que le dieran garantías de no reextradición a Estados Unidos. La respuesta de Suecia fue un no rotundo, debía ser entregado sin compromiso de no reextradición a Estados Unidos, donde, en aquel momento ya era publico y notorio que existía una causa penal abierta contra WikiLeaks.
Correa le da refugio en la embajada de Ecuador
Lo anterior forzó a Julian Assange a refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, ante el riesgo de ser entregado a Suecia, donde la posterior concatenación de hechos le llevaría indudablemente a ser enviado a Estados Unidos para responder penalmente por su labor como periodista.
El 16 de agosto de 2012 Ecuador concedió asilo político a Julian Assange. Durante casi siete años, hasta el 11 de abril de 2019 que fue detenido, permaneció encerrado en un minúsculo piso, sin acceso a la luz solar y al aire fresco, lo cual ha conllevado gravísimos daños físicos y psicológicos para el periodista. En esos años, el fundador de WikiLeaks siguió ofreciendo a Suecia todas las posibilidades para avanzar en esa “investigación preliminar”, que insisto, no era ni siquiera una causa judicial. Suecia continuó negándose, sin otorgar garantías de no reextradición, sin querer articular una videoconferencia y sin que sus fiscales se desplazaran a la misión diplomática. A lo que se unía que Reino Unido no otorgaba el correspondiente salvoconducto, reclamado por Ecuador, para que pudiera abandonar la embajada hacia el país de protección, Ecuador. Y mientras tanto, Estados Unidos mantuvo la causa contra WikiLeaks en el Distrito Este de Virginia como secreta (“sealed”), agazapado a la espera de que el periodista abandone la protección de la misión diplomática.
Interviene la ONU, sin éxito
Tan aberrante fue la situación que finalmente el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 22 de enero de 2016, resolvió que estas jurisdicciones estaban actuando contra las normas más elementales de los derechos humanos, que estaban sometiendo a Assange a una “detención arbitraria”, y que debían permitir su libre desplazamiento, además de ser indemnizado por el daño causado. Como consecuencia de este pronunciamiento, Suecia se vio forzada a, finalmente, enviar a su fiscal a la embajada para, como era previsible, tomar declaración en esa mera “investigación preliminar”, y después archivar un caso que no tenía sentido alguno y que simplemente había sido un instrumento para canalizar su entrega a Estados Unidos.
Sin libertad de prensa y sin derecho de acceso a la información, las democracias fenecen y los ciudadanos libres pasamos a ser súbditos, sin posibilidad de controlar la acción de nuestros gobiernos.
Pero Julian Assange no pudo dejar la embajada. Aun cuando Estados Unidos mantenía la causa “sealed”, la detención y enjuiciamiento de quien las autoridades norteamericanas afirman fue la fuente de la información de Iraq y Afganistán, la soldado Chelsea Manning, las órdenes de allanamiento a Google para extraer la información de la agencia WikiLeaks, así como errores del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habían confirmado la existencia de la causa, determinaban que, efectivamente, en el Distrito Este de Virginia existía una causa secreta y que si el periodista abandonaba la embajada sería detenido.
La diplomacia estadounidense cambia cromos con Lenin Moreno
Un cambio en la administración ecuatoriana propició finalmente su detención. Rafael Correa se había mantenido firme en el asilo conferido a Julian Assange contra todas las presiones internacionales, principalmente, las de Estados Unidos y sus socios. Sin embargo, con la llegada de Lenin Moreno comenzaron los encuentros diplomáticos. El quid pro quo fue un crédito que Ecuador necesitaba del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Algunas visitas de alto nivel de Estados Unidos a Ecuador, y finalmente, el 11 de abril de 2019, Ecuador permitió el ingreso de la Policía Metropolitana británica en su misión diplomática para detener a una persona cuyo único crimen había sido ejercer de periodista.
En ese momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por fin, hizo público su indictment y los cargos que pesaban contra Assange. Se le acusa de 18 cargos, 17 de los cuales se encuentran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una norma creada en la Primera Guerra Mundial para perseguir espías en el marco del conflicto bélico. Estos cargos conllevan una pena potencial de 175 años de cárcel. Además, no se registran precedentes de aplicar la Ley de Espionaje contra periodistas por publicar información veraz.
Estos 17 cargos han alertado a la comunidad de medios del mundo, al sentirse los periodistas amenazados por esta disparatada acusación. Sin embargo, esos mismos medios, en gran medida, callan y miran para otro lado, aun cuando están firmando su propia defunción como comunicadores. Y ello porque, si esa extradición triunfa, jamás podrán publicar nada que potencialmente pueda enfurecer a la administración norteamericana, ya que pasarían, en ese momento, a ser considerados espías.
Prisionero en Londres y pendiente de extradicción
Desde su detención Julian Assange se encuentra en prisión provisional, desde hace más de 3 años, en la prisión de Belmarsh, conocida como la “Guantamo británica”. Se encuentra prácticamente aislado y con un régimen de visitas muy limitado. Los que le vemos asiduamente podemos acreditar su delicado estado de salud física y mental. Pero no hace falta creer a quien firma este artículo, ya que los médicos especialistas que le han visto han confirmado este dramático estado de salud. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, le visitó con médicos especializados y determinó, en forma concluyente, que estaba sometido a una situación de tortura por parte de varias jurisdicciones que se consideran democráticas. Según el Relator de la ONU, jamás había visto a países que se consideran civilizados, tratar así a un ser humano cuyo único delito habría sido publicar información sobre crímenes de guerra, sin que, paradójicamente, los que cometieron esos crímenes hayan sido investigados. Para sorpresa del Relator de la ONU contra la Tortura, su informe, elevado al Consejo de Derechos Humanos, no fue publicado por los medios occidentales, por lo que su reacción fue publicar la lista de medios que censuraron esta noticia.
EEUU espía en la embajada y planea secuestro o asesinato
A lo anterior se suma que, durante la tramitación de la extradición, se reveló que la empresa española que había provisto de seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres, habría presuntamente cooperado con la inteligencia de Estados Unidos, espiando al asilado, a todos nosotros, sus abogados, grabando las conversaciones con micrófonos ocultos y cámaras a las que se le colocaron micrófonos no perceptibles. Tras las filtraciones de ex trabajadores de esa empresa, la Policía española, cumpliendo una orden de la Audiencia Nacional, hizo una entrada y registro en la empresa. El volumen de información incautada acreditaría la gravedad de la estrategia de espionaje que está siendo investigada en España.
Si esa extradición triunfa, los periodistas jamás podrán publicar nada que potencialmente pueda enfurecer a la administración norteamericana
Es más, recientemente esta trama fue corroborada por una publicación periodística en Estados Unidos, donde el ex jefe de contrainteligencia, William Evanina, así como otros ex agentes de inteligencia, confesaron que tuvieron acceso íntegro a todo lo que pasaba dentro de la embajada, y que incluso, planearon el secuestro o asesinato de Julian Assange dentro de la misión diplomática.
Actualmente el fundador de WikiLeaks se encuentra sometido a proceso de extradición. En la primera instancia, en el Judge District, ante la jueza Vanessa Baraitser, se denegó la entrega por la situación de salud de Assange y las condiciones penitenciarias de Estados Unidos, lo que podría llevarle a perder la vida e incluso cometer suicidio, tal y como afirmó la sentencia. Sorpresivamente Estados Unidos apeló y presentó ante la High Court un conjunto de “garantías diplomáticas” vagas e imprecisas, de que estudiarían no ingresarle en una prisión de máxima seguridad o imponerle el sistema SAM (Special Administrative Meassures, un modelo penitenciario abusivo que no cumple con los estándares europeos de derechos humanos). En la apelación sus abogados entregamos una lista enorme de precedentes que acreditaban que, en otras extradiciones con países europeos, cuando se complican las entregas, Estados Unidos presenta siempre un conjunto de garantías diplomáticas que después, una vez la persona se encuentra al otro lado del Atlántico, son sistemáticamente violadas y desatendidas. Aun así, la High Court, en un escueto fallo, decidió que esas garantías eran suficientes. Posteriormente, la Supreme Court lo avaló sin entrar a valorar el fondo.
La extradición pasó entonces a la fase gubernativa, donde el Home Office de Priti Patel acordó la entrega. Es llamativo que precisamente fue en esta fase donde, el mismo Home Office, el 2 de marzo del 2000, acordó que Pinochet no fuera entregado a España, aun cuando los jueces británicos lo habían aprobado. En aquel momento Jack Straw consideró que Pinochet estaba gravemente enfermo, aunque posteriormente, al llegar a Santiago de Chile, se levantó de la silla de ruedas y escenificó ante el mundo que había engañado a todos. Pero en este caso la salud de Assange, alertada incluso por el Relator de la ONU contra la Tortura, no ha sido un impedimento para que el Ejecutivo británico acordara la entrega.
Y actualmente la extradición se encuentra sometida a apelación nuevamente ante la High Court, en relación a la decisión del Home Office y de los argumentos que fueron denegados en la primera instancia, ante el Judge District. Ahora la justicia británica debe entrar a valorar elementos nucleares como la doble incriminación, es decir, si la Ley de Espionaje tiene encaje en la jurisdicción británica; asuntos como la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información; el principio de proporcionalidad, con peticiones de pena de 175 años de cárcel simplemente por publicar información veraz; lo relativo al principio de extraterritorialidad abusivo por Estados Unidos, al perseguir a un periodista extranjero por publicar en el extranjero; junto a las revelaciones recientes que acreditan que las altas autoridades de la inteligencia de Estados Unidos planearon, y lo llegaron a someter a la Casa Blanca, el secuestro o asesinato del periodista.
Por lo tanto, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, así como estructuralmente las democracias, penden de un fino hilo, y que no se rompa ese hilo a favor del poder y en contra de preservar una ciudadanía libre depende de que no se materialice la extradición de Julian Assange.
Foto de portada: Julian Assange en rueda de prensa el 18 de agosto de 2014 desde la embajada de Ecuador en Londrés | Foto: David G Silvers. Cancillería Ecuador
(Tomado de Mundo Obrero)
