La Ley de Comunicación Social es una norma de gran trascendencia para Cuba, y es la primera propuesta jurídica sobre esta materia que se promueve en el país en su historia, afirmó este miércoles Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión.
El proceso, que se ha desarrollado para llegar a la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Comunicación Social, ha sido de construcción colectiva, señaló el directivo al intervenir en la Mesa Redonda sobre la agenda de la próxima sesión del Parlamento cubano.
Castillo explicó que ese proceso ha tenido varios puntos supremos de evaluación, de aportes de las organizaciones profesionales, de expertos, de académicos y de personas de muchos campos del saber.
Recordó que fueron más de 30 versiones, pues inicialmente se pensó como un Decreto Ley, y luego “por una decisión del país, muy atinada y pertinente”, se decidió subir su rango jurídico a Ley, lo cual sin dudas le dio una mayor consistencia y fortaleza.
Castillo Corderí reflexionó que el proyecto asume los procesos comunicacionales con una visión estratégica y a la vez integrada, no solo en su expresión mediática, lo que ha sido la principal tendencia en todas las leyes de esta materia en el mundo.
“Nuestro proyecto de Ley asume la comunicación en su versión más integral”, dijo y añadió que es una ley que para su elaboración se ha nutrido de los principales saberes académicos y se ha alimentado de la práctica comunicacional cubana, que no necesariamente requeriría de un instrumento jurídico para ser sólida, porque todos estos años había estado en la documentación política del país, en los lineamientos, los documentos de los congresos del Partido, entre otros, indicó.
Recordó que muchos congresos del Partido, las propias Tesis y Resoluciones del Primer Congreso y de los sucesivos congresos, los propios objetivos de la primera Conferencia Nacional del Partido, marcaron las pautas por donde debían ir los rumbos de la comunicación social en el país, no solamente desde el campo de los medios, sino integralmente.
“Tener un proyecto de Ley de Comunicación Social también constituye un sólido homenaje a nuestro Comandante en Jefe, el gran comunicador de la obra de la Revolución, ese Fidel que comenzó a hacer radio en los años 40 del pasado siglo y fue artífice de la fundación de Radio Rebelde, que estuvo en estos estudios haciendo la Mesa Redonda, que escribió las Reflexiones y se convirtió en un gran periodista, que fue un orador por excelencia y que tuvo una vocación de diálogo e intercambio comunitario excepcional”, reflexionó Castillo.
El vicepresidente del ICRT comentó que cuando se habla de esta ley se asumen a las personas como sujetos principales de los procesos comunicacionales en los espacios públicos físicos y digitales y dijo que existen muchas referencias teoricas que hablan que los procesos comunicacionales son los puntos de inserción de la comunicación con la vida, con la práctica social y comunitaria, esa comunicación que dejó de ser hace tiempo cuestión de canales y efectos y se ha convertido en cuestión de hombres y mujeres.
“Esta norma tiene como primer objetivo articular la existencia de un sistema de comunicación social en el país, que cuando se elaboró la política se diagnosticó que no existía de manera articulada y eso hace que la norma sea coherente con la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, aprobada en el año 2018, y que también sea coherente con el mandato constitucional que trazó todo lo que debía regular la ley en materia de comunicación social”.
“Hay artículos en la Constitución, como el 16, inciso M, que habla de una sociedad centrada en las personas, donde todos tenemos de compartir, de crear, de utilizar información y conocimiento; del artículo 10, que habla de la obligación de los servidores públicos y de los funcionarios del Estado de dar información y atender al pueblo, de rendirle cuenta”.
Mencionó Castillo Corderí, también, el artículo 53 de la propia Constitución que se refiere en uno de sus preceptos al derecho de las personas a acceder y utilizar la información que se genere en los órganos del Estado y sus entidades; y al artículo 55 que habla del derecho a la libertad de prensa de los medios fundamentales de comunicación social.
El funcionario detalló que para su elaboración se consultaron 312 documentos legales, políticos y éticos, se analizaron 90 tesis de pregrado y posgrado y otras investigaciones, se realizó el estudio de derecho comparado de más de 100 normativas internacionales y la conciliación con el Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de otras disposiciones jurídicas.
También desarrollaron un proceso permanente de diálogo con la academia, en la que participaron varias organizaciones e instituciones como la UPEC, la Asociación de Comunicadores Sociales, la Asociación Hermanos Saíz y la UNEAC.
Dijo que un elemento fundamental que marcó la pauta de mayor significación fue el proceso de consultas especializadas, que tuvo en el país más de 6 000 participantes y más de 60 reuniones de intercambio en toda la nación. Detalló que en La Habana tuvieron muchos espacios de encuentro, reuniones con más de 400 participantes, con autoridades del Partido, del Gobierno, con representantes de las universidades, estudiantes, de las estructuras económicas, de los nuevos actores económicos, de los medios, de los equipos de comunicación de los organismos, diputados, delegados de circunscripción y otras personas que aportaron a la elaboración de la normativa.
“De todo este proceso, más lo recibido por otras vías, se contabilizaron 1 426 opiniones, de ellas, 923 plantearon la necesidad de modificación, supresión o adición de contenidos a la norma. El equipo redactor aceptó el 88.19% de esas opiniones”, precisó.
El vicepresidente del ICRT mencionó ideas fundamentales que apuntan a las esencias de la norma. Una es la contribución que desde el sistema de comunicación social del Estado y el Gobierno del país se hace a la cultura, al diálogo y al consenso, diálogo que es acción pero también reflexión.
Es una norma que tiene una vocación extraordinaria de inclusión y justicia social, pues hay capítulos dedicados a niños, niñas y adolescentes, a la gestión de la comunicación de cara a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, a lo que significa el adulto mayor en la sociedad cubana, a la participación popular, entre otros temas.
Hay muchos atributos del proyecto, afirmó Castillo Corderí, que vienen a resolver asuntos que hoy tienen déficit en la legislación cubana, y agregó que se ha hablado mucho de lo que significa reconocer el derecho de las personas a la información, la comunicación y el conocimiento y lo que significa para los medios públicos del país tener un marco jurídico que le permita obrar en un ambiente de mayor autonomía y legitimidad.
Además, se reconoce a la publicidad y el patrocinio como parte de los procesos comunicacionales del país, actividades que hoy existen y demandan regulación.
“Lo que se trata es de garantizar elvmarco regulatorio que demanda esta práctica comunicativa que hoy se hace en la publicidad y el patrocinio, pero que se va a hacer con un marco regulatorio bien complejo, que no inhibe la realización de la publicidad y el patrocinio pero que si garantiza que los principales propósitos y principios refrendados en la Constitución de cara al Estado socialista de derecho y de justicia social en ningún momento puedan ser menoscabados”, precisó el vicepresidente del ICRT.
“Se puede tener publicidad y patrocinio en el Socialismo, se puede orientar el consumo responsable de manera sostenible”, subrayó y concluyó que Cuba necesitaba una ley como esta. Cuba termina con esta ley un ciclo de dotar jurídicamente sus tres pilares. Hoy tenemos un paquete jurídico muy importante en materia de informatización, otro muy sólido en el campo de la innovación y la investigación y con esta ley, la comunicación social, que ha sido asumida como un pilar del gobierno, va a tener un instrumento jurídico normativo, que va a contribuir a que el país tenga la comunicación social que necesita.
Foto de portada: Irene Pérez/ Cubadebate
