Comercio, distribución, necesidades y sentido común

¿Será un trauma nacional ineludible? No quieren las presentes líneas someterse a generalizaciones que, en el fondo, son deterministas. Aunque se diría que nos cuesta un esfuerzo desmedido ser no ya sistémicos, sino organizados, y que no sabemos sacar el máximo provecho de la organización cuando hemos sido capaces de lograrla.

Pese a todos los obstáculos, que no han sido ni pocos ni menudos —y aunque el logro arrastra con el regimiento burocrático de las OFICODA, que pasa como un mal necesario—, difícilmente haya en la vida civil cubana algo tan organizado como las por antonomasia llamadas bodegas. Estas no son todos los establecimientos designables con ese rótulo, sino los que hace ya décadas se encargan de la distribución, desde San Antonio hasta Maisí, de los víveres asumidos como canasta básica. Pero, por lo visto, esa organización nos resulta tan rara que no la valoramos ni la hacemos funcionar plenamente.

Tal realidad se ha percibido especialmente en lo tocante a mercancías tan vitales y básicas como las de la canasta que acapara ese último calificativo. De ella deberían formar parte, solo que las escasas disponibilidades impiden distribuirlas del modo relativamente igualitario con que se le vende a la población lo que el país puede asegurar por las vías más elementales —e importantes— del comercio interior masivo.

Y lo primero que se adujo para fundamentar la imposibilidad de distribuirlas por las vilipendiadas y hoy por hoy insustituibles bodegas, ha sido ese déficit cuantitativo y la consiguiente imposibilidad de una distribución simétrica en toda la red. Como si de hecho no existieran en ella diferencias entre territorios, y dichas mercancías no pudieran distribuirse escalonadamente, en dependencia de las cantidades que la nación pueda adquirir en el mercado externo, venciendo escollos como, entre otros, las aberraciones asfixiantes que el bloqueo impone, y el aumento de los precios.

A juicio de quien esto escribe —que no intenta esbozar veredictos absolutos, pero tampoco está solo en su convicción— contra el argumento aducido se yerguen dos verdades: una, la merma de contenido de trabajo, por el desabastecimiento que se padece, de las administraciones y los demás empleados de las bodegas; otra, los crecientes recursos informáticos que tanto bien nos hacen, y podrán beneficiarnos todavía más.

No obstante, la “solución” hallada fue sumar a la red de bodegas otra red de mercados que aumentó plantillas y gastos en salarios, y propició una corrupción galopante. Para enfrentar ese mal se creó un regimiento de Lucha contra Coleros (LCC), que —con las excepciones que corresponda considerar— devino amparo para traficantes de turnos en las colas. Ya ese regimiento se desmovilizó. Más vale tarde que nunca.

Numerosos han sido los llamamientos de voces del pueblo a que cesen tales duplicaciones. Lo han expresado por distintas vías. ¿Para qué sirve, si no, entre otros recursos, el Departamento de Opinión del Pueblo, que debe seguir siendo una verdadera polea funcional? Y quienes dirigen —que son y han de saberse parte del pueblo— ¿no deben tener el oído pegado a la tierra y la vista abierta a la realidad?

Cuando parecía que tales reclamos iban a ser objeto de la atención merecida, se anuncia un cambio esperanzador, pero que, en el fondo, no deja de duplicar el mecanismo de las bodegas. Si la arribazón —¡ojalá así fuera!— de productos que se añadirán de modo eventual a la canasta regular, la oficialmente considerada básica, pudiera desbordar la fuerza de trabajo que haya sobrevivido en las bodegas, ¿no cabría reforzarla sin necesidad de crear otros mecanismos, que incluyen otras hipertrofias burocráticas?

El reforzamiento no tendría que ser permanente y simultáneo en todas las bodegas. Según la necesidad de cada una de ellas, podría ser —básicamente con la misma plantilla que se ajuste— escalonado, como escalonado será el abastecimiento. Para eso se dispone de especialistas en informática, y de toda una prestigiosa universidad creada para formarlos. Ya los hay que trabajan en el sector privado, y —por lo que se lee y se oye— algunos sirven a negocios fuera del país, ajenos a él.

Ojalá el “nuevo sistema” que se anuncia para la distribución de productos deficitarios sea una etapa de afinamiento de la puntería para unificar esos servicios en las bodegas existentes. Aunque haya quienes lo crean —y hasta quienes teman que sea eso lo que se ensaya—, en el pensamiento revolucionario de equidad no se divisa que haya llegado el momento de decretar la muerte de la libreta de abastecimiento. Esta, aunque lo que asegura sea insuficiente, ha sido salvadora durante décadas, si bien no hay que resignarse a la idea de que sea eternamente necesaria.

Pero tampoco parece descartable que sigamos padeciendo el síndrome de la duplicación, que, entre otras, puede ser y ha sido monetaria y organizativa. De la primera basta apuntar que, tras el fin del período de circulación del dólar —abierta con la despenalización de su tenencia—, se mantuvieron de hecho dos monedas nacionales, realidad hoy diversificada con las cuentas en MLC, que, aunque se consideren necesarias, refuerzan dolorosos contrastes entre el tener y el no tener. De la duplicación organizativa, ¿cómo olvidar el convencimiento de que se necesitaba una nueva estructura para encarar problemas que correspondía resolver a los ministerios constituidos para ello?

De ese fenómeno —que no se puede juzgar a la ligera, pero tampoco sería irresponsable asociarlo a una tendencia revolucionaria como la guerra de guerrillas, valiosa sin duda, pero no válida en todas las circunstancias— surgió la Batalla de Ideas, que parece haber terminado escorando hacia lo administrativo. A nivel callejero se llegó a hablar de un superministerio, o ministerio de ministerios.

Y cuando, por razones que aquí ni se rozarán, se consideró necesario ponerle fin, parece haberse hecho con arreglo al dictamen con que se acepta que Máximo Gómez nos caracterizó: o no llegamos, o nos pasamos. La lucha en el terreno ideológico —tal es el significado de batalla de ideas— no debió haberse difuminado ni atenuado, ni siquiera en el plano verbal, que expresa pensamiento. En su esencia debió haberse mantenido lo más firme y palmariamente posible, buscando librarla de inopias y de excesos.

No se extiende más un comentario que solo aspira a insistir en la necesidad de prestar el máximo de atención a lo que el pueblo —fundamento, garante y destinatario de nuestra democracia— opina, basado por lo general en el raro sentido común, sobre cómo proporcionarle la comida que él paga, además de contribuir con su trabajo a que ella exista. Y no se entra aquí en el problema —que hasta demencial parece— de los precios, algo de lo que no cabe responsabilizar únicamente al sector privado.

Pero ningún abordaje serio del tema que estos apuntes apenas rozan podrá eludir un hecho: lo que se decide está lejos de limitarse a si se come un poco más y mejor, y de si habrá más productos para la limpieza y la higiene personal y del hogar. La realidad y las cifras, y la implacable y desvergonzada labor de zapa de los enemigos de la Revolución, señalan la necesidad de cultivar y mantener con esmero y sabiduría, y con honradez, el consenso revolucionario que ha unido a la gran mayoría del pueblo.

Y ninguna medida organizativa dará los frutos necesarios y deseados mientras subsista la cadena de robos y desvíos de recursos con que se ofende al pueblo y se perpetran verdaderos actos contrarrevolucionarios. A menudo incluyen la desfachatez del pregón y la venta, a precios escandalosos, de productos vitales que no salen del aire ni se fabrican en rincones caseros. Ejemplo al calce: los files o cartones de huevos que se venden hasta en las calles.