Algo se mueve a los dos lados del Atlántico en asuntos de medidas gubernamentales sobre la información.
El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reveló durante una audiencia en el Congreso, el 27 de abril, que el gobierno de Joe Biden pondrá en marcha la denominada Junta de Gobierno de la Desinformación. Ante la pregunta de un congresista afirmó: “Acabamos de establecer una junta de gobierno de desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional para combatir de manera más efectiva esta amenaza, no solo para la seguridad electoral sino también para nuestra seguridad nacional”, respondió Mayorkas, y señaló que la nueva junta también se centrará en detener la propagación de desinformación en las comunidades minoritarias.
“La difusión de desinformación puede afectar a la seguridad fronteriza, la seguridad de los estadounidenses durante los desastres y la confianza pública en nuestras instituciones democráticas”, dijo el departamento en un comunicado, sin aceptar la petición de entrevista de The Associated Press.
Según AP, la nueva junta -y aquí está la clave de su creación- “también monitoreará y se preparará para las amenazas de desinformación rusas a medida que se acercan las elecciones intermedias de este año y el Kremlin continúa con una agresiva campaña de desinformación en torno a la guerra en Ucrania. Rusia ha lanzado repetidamente campañas de desinformación dirigidas a las audiencias de EE.UU.”. “Más recientemente -añade AP-, los medios de comunicación estatales rusos, las cuentas de las redes sociales y los funcionarios han utilizado Internet para llamar falsos a fotografías, informes y vídeos de cadáveres y edificios bombardeados en Ucrania”.
Basta observar quién será la directora de la Junta de Gobernanza de Desinformación. Se llama Nina Jankowicz y, aunque es estadounidense, viene de ser asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania sobre comunicaciones estratégicas bajo los auspicios de una beca de política pública Fulbright-Clinton, creada por el Departamento de Estado. Anteriormente fue becaria en el Centro Wilson y supervisó los programas de Rusia y Bielorrusia en el Instituto Nacional Demócrata.
Para ser la nueva responsable de la lucha contra la desinformación, Jankowicz ya sembró un bulo apoyando la idea de que la controvertida historia de la computadora portátil del hijo de Joe Bien, -donde aparecía información y vídeos con drogas, negocios turbios y prostitutas-, formaba parte de una campaña de desinformación llevada a cabo por Rusia. Finalmente, los propios medios que acusaban a Rusia, algunos de ellos de tendencia demócrata, terminaron reconociendo la veracidad del contenido del ordenador.
ENTRE LA DESINFORMACIÓN Y LA CENSURA ATACAN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Mientras se cuece esto en Estados Unidos, en la Unión Europea se está preparando una Ley de Servicios Digitales destinada a “regular la desinformación y el comportamiento de las grandes plataformas tecnológicas”, que entrará en vigor en 2024.
Quizá lo más polémico es que la nueva legislación también quiere poder solicitar a las redes sociales eliminar directamente el contenido que consideren desinformante, y obligar a estas redes a permitir que sean también los usuarios los que marquen un contenido como ilegal, dañino o desinformante. Es decir, que ese señalamiento sea vinculante, de modo que las plataformas estén obligadas a eliminar este contenido. Pero, como señalaron algunos expertos a Efe, esto supondrá dar licencia a redes sociales y gobiernos para censurar contenidos si los consideran dañinos, aunque esos contenidos no sean ilegales, y han advertido de que es un ataque a la línea de flotación de la libertad de expresión en Europa.
Lo mismo sucede con la posibilidad que contempla la ley de adoptar “medidas especiales” en tiempos de crisis (como una amenaza para la salud o para la seguridad). Eso solo tiene un nombre: censura.
Como no conocemos todavía ningún borrador de esa iniciativa legal, podemos intentar vislumbrar su intención en base a la experiencia de la actividad institucional de la UE en cuanto al manejo de la información. Por ejemplo, hasta ahora el Parlamento Europeo busca contrarrestar las narrativas contrarias a sus instituciones lanzando información positiva sobre ellas y apoyando a periodistas y ‘fact-checkers’ para que verifiquen y desmientan los bulos lanzados por sus rivales. En un entorno en el que la realidad es cada vez más cuestionada, los esfuerzos de Bruselas se centran en promocionar sus valores y revertir el interés de potencias extranjeras en consolidarse como sistema predominante. Así lo reconoce Jesús Carmona, director de medios del Parlamento Europeo. Pero eso no es ninguna garantía de veracidad ni de pluralidad, es simplemente movilizarse para intentar que tu relato se imponga.
CONTROLAR EL RELATO DESDE LAS INSTITUCIONES
Otra herramienta de la UE es la denominada Media Intelligence Unite, una plataforma que monitoriza hasta 6.000 medios de comunicación para analizar cómo hablan de la UE. Los informes que realizan son de consumo interno y sirven para asesorar a la Comisión Europea (CE), detectar la proliferación de narrativas contrarias y actuar. “Ese rastreo de noticias nos permite hacer correcciones y hablar de la UE en positivo”, explica Paula Fernández Hervás, jefa de la unidad. “Si no estamos dejando vía libre a quienes solo mencionan lo negativo”. Bien claro lo está diciendo, no se trata de tener un ciudadano europeo mejor informado, con más pluralidad y más capacidad crítica, sino de destinar los recursos públicos de la UE a hablar en positivo de la UE.
En conclusión, todo parece indicar que estas dos últimas iniciativas de Estados Unidos y de la Unión Europea no están preocupadas por un ciudadano más y mejor informado, ni tampoco por crear mecanismos de vigilancia de la veracidad de la información. Su único objetivo es intentar enfrentar relatos críticos de ciudadanos europeos organizados, de países extranjeros o de gobiernos europeos díscolos. Pero la mentira y la desinformación puede estar en todas las posiciones políticas, en las que apoyan el relato oficial de la UE y en las que lo critican, en los países líderes de las políticas europeas, en las declaraciones de un portavoz de la Comisión Europea o del Departamento de Estado o en las de un representante de las potencias competidoras de la UE y EEUU por mercados o recursos. Y, por supuesto, pueden estar en las redes sociales y en un medio de comunicación extranjero, pero también en un medio mayoritario y “prestigioso” occidental, y hasta en el gabinete de prensa de un gobernante europeo o estadounidense.
Si las medidas legales que se están gestando y los departamentos que se crean solo piensan en la mentira foránea y del crítico es que solo traman censura y propaganda.
(*) Pascual Serrano acaba de publicar el libro “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”. Editorial Akal.
(Publicado en Mundo Obrero)
