Con esa frase concluyó su conferencia “Avances y retos para la democratización de la comunicación en América Latina: una perspectiva desde la experiencia ecuatoriana”, el Doctor Romel Jurado, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
Jurado es un reconocido experto en desarrollo normativo y políticas públicas para la aplicabilidad de los derechos de la comunicación. Fue asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional de Ecuador, para la elaboración de la Ley orgánica de Comunicación de ese país.
Ante un público ávido de conocer sobre una temática que ha sido compleja y controvertida en muchos países de la región, explicó cómo fue el proceso de creación y aprobación de una ley que ha despertado tanta admiración en sus seguidores y críticas de sus detractores.
El proceso de creación de una ley de este tipo es difícil, aseguró Romel. Llevó cuatro años y de los tres proyectos presentados por el Estado ninguno fue aprobado. El que más quedó reflejado en la nueva Ley fue el de una organización no estatal y no obstante fue enriquecido a través del debate.
La Ley de Comunicación surge como necesidad de una sociedad que está en proceso de transformación. Ecuador vive una Revolución ciudadana desde que Rafael Correa asumió el poder. “Se comprobó que los medios de comunicación estaban concentrados en manos de ocho grupos económicos, quienes respondían a sus intereses, ello atentaba contra la libertad de prensa”, comentó Jurado.
Con la nueva Ley se impulsó en la nación suramericana la creación de medios públicos y comunitarios, los cuales le disputaron espacio, dinero y la hegemonía de contar los hechos, según sus intereses, a los grandes conglomerados privados. Ello agudizó las contradicciones.
Para disfrutar la libertad de expresión hay que crear condiciones materiales, afirmó Romel Jurado, de ahí que cualquier persona tiene la oportunidad de fundar un medio de comunicación, pero tiene que presentar su modelo de gestión y puede recibir préstamos del Estado.
En su exposición hizo referencia a cómo existe un organismo que es quien controla y regula la aplicación de la Ley. El superintendente les puede exigir a los medios de prensa la rectificación de una noticia, cuando tiene errores o tergiversa la verdad, y ese medio puede llegar a ser multado si no acata la resolución emitida para subsanar los errores.
Al finalizar su intervención el Doctor Romel Jurado, contestó las preguntas del auditorio acerca de cómo funciona en esa nación la Ley de Comunicación y cuáles son las trabas que enfrenta para su total aplicación.