Como hecho histórico y potencial naufragio político, el brexit ha provocado, sigue induciendo, toneladas de información y debate directo entre legisladores, funcionarios y países. El caso se adentra en este momento hacia otro capítulo, posiblemente el final, pero quizás no el recomendable.
Desafiando lo pactado con la Unión Europea, el gobierno de Boris Johnson propone un cambio sobresaliente en uno de los acápites más frágiles de lo suscrito entre Londres y la Unión Europea desde que el Reino Unido decidió cortar vínculos con esa agrupación. El aspecto en porfía es capaz de impedir un divorcio de mutuo acuerdo y sin mayores sobresaltos que los ya vividos. Propone una separación en rebeldía.
El premier británico acaba de presentar en el Parlamento un proyecto de ley para regir el mercado interno y sustituir el estatuto existente. Con esa envoltura, Johnson ensaya modificar lo concebido para impedir el reingreso a una frontera física, con puestos de control militares y numerosas limitantes humanas, entre el Ulster y la República de Irlanda.
Se dijo y se insiste, razonablemente, en repetir que si se vulnera ese punto del tratado perjudicaría el proceso de paz establecido en territorio norirlandés luego de una larga y sangrienta etapa de enfrentamientos entre republicanos católicos y unionistas protestantes.
Por eso se concibió en el protocolo aprobado para la separación, que el enclave se rija por el mercado único europeo parejo con la República de Irlanda, que se mantiene como miembro efectivo de la UE, si las partes no lograran un acuerdo comercial, ahora corriendo mayor riesgo de perecer también si se aprueba la pieza legislativa propuesta por el gobernante conservador.
Esa mudanza, “(…) niega la predictibilidad, la estabilidad política y la claridad legal que son clave para mantener el delicado equilibrio entre el norte y el sur de Irlanda que ha supuesto la base fundamental del proceso de paz”, aseguraron de forma pública varios ex primeros ministros.
El pretexto del principal ocupante del número 10 en Downing Street es endeble. Se ampara en el propósito de reglamentar el comercio entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Si fuera ese el designio real ¿por qué presentarlo ahora cuando interfiere en el futuro de los vínculos con el Viejo Continente, endiabla un asunto interno y, al propio tiempo, compromete la seriedad de los tratos entre el Reino y terceros?
Medios difusivos están reflejando declaraciones a la agencia española EFE, hechos por Antonios Tzanakopoulos, experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford, quien segura: el “Reino Unido no puede unilateralmente modificar un acuerdo internacional”.
Si bien “Cada Estado puede legislar como desea en forma interna, cuando transgrede una obligación internacional (en este caso obligaciones procedentes del acuerdo de retirada), se produce una violación del derecho internacional”, explicó el experto.
En los alegatos esgrimidos por tories y laboristas en contra del anteproyecto se ubica por igual la necesidad de definir el futuro transcurso de las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y Bruselas pues las actuales vencen el 31 de diciembre.
El brexit tiró por la borda el mandato de David Cameron y otro tanto ocurrió con su heredera, la también conservadora Teresa May. Ella, por cierto, advierte a su sucesor sobre la pérdida de crédito y solvencia ante actores internacionales si no honra los compromisos contraídos. En similar línea se manifiesta Ursula Von der Layen, jefa de la Comisión Europea, al recordar la muy antigua obligatoriedad de consumar tratos hechos.
Otros dos ex primeros ministros, por la derecha John Major, por la ¿izquierda? Anthony Blair, publicaron una carta coaligada donde aseguran: “Para un país que durante centenares de años ha impulsado la causa de la legalidad en todo el mundo, respetar las obligaciones que impone un tratado es tan importante como respetar las leyes internas. El principio constitucional del imperio de la ley nos obliga a tratar dichas obligaciones emanadas de una ley internacional del mismo modo que las leyes domésticas. Ningún argumento sofisticado puede justificar este comportamiento, ni tampoco puede hacerlo una interpretación retorcida de cláusulas concretas”.
Califican de irresponsable, equivocado y peligroso, el intento de Johnson de saltar por encima del contrato usando maquinaciones aventuradas capaces de llevar hacia un retroceso indeseable en las comprometidas discrepancias en y con Irlanda del Norte.
Una cantidad nada pequeña de diputados del propio partido gobernante también se proponen usar el Parlamento como criba para un filtraje de la intención de cambio en el acuerdo con el Pacto Comunitario, asumiendo como “respeto al Estado de Derecho” la consumación del retroceso. No menos anuncian otros tantos lores desde la instancia legislativa superior.
La UE, como es de esperar, tampoco acepta esta movida y recurrirán a las acciones legales correspondientes contra Johnson si antes de concluir septiembre este no descarta su intentona. El incumplimiento acarrea numerosas desventajas. Quizás hasta resulte más caro que mantener lo convenido, aseveran economistas y agentes políticos.
Un material publicado en The Sun, advierte que si se implanta un brexit sin acuerdo, arribarán problemas difíciles como escasez de productos y subida de precios con los correspondientes desórdenes ciudadanos. La arriesgada perspectiva se prevé una resultante de pasar a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Johnson quiere huir de las regulaciones de la UE pero llevaría al Reino hacia la imposición de tarifas y controles de mercancías menos amables a las que deja detrás. Simplificando: habrá grandes pérdidas para la economía británica y no solo a corto plazo.
Variar el Acuerdo de Retirada, firmado por el mismo Boris Johnson cuando buscaba ventajas que le llevaron a su actual posición y después proponerse deformarlo, y en pasaje de complejidad mayor, es chocante para muchos en el Reino Unido. En Bruselas tampoco causa gracia que él les usara como escalón para sus objetivos personales.
Se homologa el curso de este acontecimiento con la insolencia petulante de Donald Trump entrando y saliendo de varios compromisos serios, arduamente trabajados. Este, sin llegar a un casus belli en regla, está llevando hacia problemáticos laberintos.
