En los últimos meses más de trescientos trabajadores de empresas de televisión, radio y prensa escrita han sido enviados al seguro de paro y hay decenas de despedidos. Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya, se considera que más allá de los efectos de la pandemia existen casos de reestructuras empresariales e incluso de persecución sindical.
El presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo advirtió que desde que se decretó la emergencia sanitaria son 350 las fuentes de trabajo afectadas, desde los 11 despidos en El Observador, cuando dejó de ser diario en papel y los 15 en radio Océano, cuando dejó de tener programación hablada. “Cuando perdemos un medio se pierde calidad democrática porque se escuchan menos voces”, sostuvo.
A las pocas semanas de la llegada de la pandemia al país, el sindicato de prensa mostró su preocupación por el envío al seguro de paro de más de 300 trabajadores de medios de comunicación, entre periodistas y técnicos.
En el caso de la televisión abierta, para Cardozo “es contradictorio que mientras los canales reducían la plantilla, aumentaban la cantidad de horas en vivo”. Explicó que, en los canales, debido a que los más 100 trabajadores de ese sector -la mayoría técnicos- fueron enviados en un régimen rotativo, mientras algunos empleados iban al seguro de paro, “los que quedaban tenían que trabajar más”.
El presidente de APU indicó que también “se terceriza mucho” en la televisión. “A veces se contrata personal zafral, por programa o por día, o se contrata a una empresa que brinde tal servicio y obviamente eso repercute en la cantidad de envíos al seguro de paro; porque a veces a los canales, entre comillas, les sale más barato tercerizar o pagar por jornada, que tener personal permanente”, sostuvo. Cardozo sospecha que en algunos canales de televisión abierta también hubo un “aprovechamiento de la pandemia para hacer una reestructura”, como en el cable.
Por otra parte, Cardozo advirtió que, el de los medios de prensa escritos es el sector “que ha tenido más dificultades, porque es notorio de que se han perdido ventas y hoy lo digital suplanta al papel, y también bajó la pauta publicitaria”.
Afirmó que desde la APU se vienen haciendo propuestas para “tratar de tener algún tipo de señal desde el Poder Ejecutivo para los medios de comunicación que están en dificultades mayores, sobre todo los diarios que están bastante complicados”. Por eso “pedimos una reunión al Gobierno, al secretario de la Presidencia y al presidente de la República para hablar de esto a la brevedad”.
¿Reestructuras empresariales o impacto económico de la pandemia?
En un comunicado publicado a fines de julio, el consejo directivo de APU expresó su “más absoluto repudio a la actitud asumida por la empresa Equital de televisión para abonados”, que el 29 de julio comunicó el cese definitivo de 20 trabajadores, a los que se sumaron otros 28 despidos en los últimos días.
El sindicato de comunicadores sociales advirtió que “estos compañeros/as habían sido enviados a seguro de paro, cuando comenzó la emergencia sanitaria, con el argumento del impacto económico de la pandemia”, pero, “según lo confirmaron ahora las propias autoridades de la empresa, los despidos responden a un plan de reestructura que nada tiene que ver con el supuesto impacto económico que se usó como excusa hace cuatro meses”.
Cardozo dijo a La Mañana que “en el cable es muy difícil poner la excusa de la pandemia porque la gente en realidad no dejó de tener cable, sino que, al contrario, necesitó tener cable para la cantidad de horas que pasaba en casa”.
El periodista explicó que en otros medios como la prensa escrita y en la televisión abierta “se puede entender que la pandemia produjo problemas sobre todo con el tema de la pauta publicitaria, pero en el caso de la tv cable no”, indicó.
Desde APU sostienen que el plan de reestructura que argumenta Equital (empresa que le brinda el servicio de red a los tres cables de Montevideo), “contradice las propias expresiones públicas de los empresarios del sector, que en el editorial de la edición de julio de la revista Broadcaster señalan que la pandemia tuvo un impacto positivo en el incremento de la cantidad de abonados en toda Latinoamérica, incluyendo Uruguay”.
También indican “que podría configurar un caso de persecución sindical”, debido a que la mayoría de los despedidos son afiliados a la APU a través del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Televisión para Abonados y Afines (SUTTAA), como el caso del vicepresidente de APU, Roque Delgado.
El gremio de la prensa presentó una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tuvo la primera instancia tripartita el 3 de agosto. Dos días después, la delegación de APU, fue recibida por la Comisión Legislación del Trabajo y Seguridad de la cámara de diputados del Parlamento.
Regulación del teletrabajo y el freelancer
Sobre el futuro del trabajo, Cardozo advierte “que hay que estar alerta para que la tecnología no nos pase por arriba, no nos complique, porque la tecnología es un aliado, pero también puede ser un problema, en el sentido de que nos sustituya”.
A APU le preocupa que no se regule el teletrabajo y el trabajo freelance, que es “un desafío bastante grande que tenemos, porque se utiliza cada vez más ese formato” en muchos medios de comunicación, remarcó el presidente del gremio.
“El teletrabajo se nos vino arriba en la pandemia y nosotros denunciamos que hay empresas, que decían que te mandaban a seguro de paro para hacer teletrabajo cuatro horas y en realidad trabajabas ocho o más”, denunció Cardozo. Por ese motivo entiende que es fundamental que se respete el cumplimiento de la jornada laboral para el teletrabajador, y para el freelancer, la utilización de un criterio económico para el pago de notas que sea coherente. Al no existir un laudo, “hoy lo que pasa es que cada medio paga lo que quiere”, manifestó.
Cardozo entiende que “estaría bueno tratar de incidir en los legisladores que están trabajando en la ley de teletrabajo -proyecto presentado por la senadora Carmen Sanguinetti, que actualmente trata la Comisión de Asuntos Laborales-, para “tratar de meter una cláusula vinculada al trabajo de los periodistas”.
APU en contra de la nueva ley de medios
Otro proyecto de ley en discusión actualmente en el Parlamento, es el de la nueva ley de medios que deroga la aprobada en 2014, con José Mujica como presidente. El texto modificativo fue enviado al Parlamento el pasado 24 de abril por el Poder Ejecutivo.
El presidente de la APU sostiene que en la nueva ley de medios “están bastante explícitos los intereses de las empresas”. “En cuanto a la concentración de medios, por ejemplo, es evidente; se le amplía la cantidad de licencias que puede tener un grupo empresarial”, explicó. “Incluso se permite que grupos extranjeros puedan tener medios en Uruguay, una cosa que a nosotros nos preocupa, porque puede venir cualquier grupo extranjero a comprar medios”, y, como suelen poner testaferros, afirma, “después es muy complicado tener responsables”.
“No estamos de acuerdo con extranjerizar los medios de comunicación en Uruguay”, sentenció Cardozo. Además, para el presidente del sindicato, “la ley que se propone tiene bastante pérdida de derechos para los usuarios e incluso para los periodistas”, debido a que “se quita un artículo (42) de la ley vigente (19.307), que habla de lo que se llama la objeción de conciencia de los periodistas; de que un periodista no está obligado a acompañar con su firma o con su nombre, un artículo que haya sido modificado por sus jefes sin su autorización. Un editor puede modificarte tu nota y la ley -vigente- te da la protección de que vos podés decir que esa no es tu nota. La nueva ley quita eso y nadie entiende por qué; la única razón para que eso pase es porque los empresarios hayan cuestionado eso”, aseguró Cardozo.
