Un tsunami de especulaciones y mentiras aspira incesantemente a cubrir de agua y lodo en las redes sociales y otros medios a la Revolución. No existen suceso, escasez y problema de la realidad nacional que pasen inadvertidos para quienes la Revolución es una espina clavada en sus ojos. A la velocidad de la luz, articulan una campaña mediática, sin visos de improvisación, porque si de algo no carece el programa subversivo contra Cuba es de tanques pensantes, tecnología y de millones de dólares vivitos y coleando listos para respaldarlo.
La última confabulación anticubana surgió a raíz de la lamentable muerte de Hansel Ernesto Hernández Galiano, residente en el municipio de Guanabacoa, La Habana, el 24 de junio, debido a un disparo de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien usó su arma de reglamento al ver su vida en peligro por la magnitud de la agresión del ciudadano.
Una nota emitida por el Ministerio del Interior da cuenta de que los tripulantes de un auto de la PNR sorprendieron in fraganti a Hernández Galiano, quien había robado piezas y accesorios de un paradero de ómnibus.
Cuando los agentes policiales trataron de identificar al ciudadano, este se dio a la fuga; durante la persecución, el individuo agredió con varias piedras a uno de los policías, una de las cuales lo golpeó en la entrepierna, otra en el lateral del torso y una tercera le dislocó el hombro y lo lanzó al piso. El ciudadano desestimó los dos disparos de advertencia realizados por el agente del orden. Una vez en el suelo, el militar ripostó y efectuó un disparo, causa de la muerte del individuo, de 27 años, en ese momento en libertad condicional por delitos cometidos.
Asociar este hecho con el asesinato de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, el 25 de mayo, durante un arresto policial, constituye otro intento desesperado para desacreditar la Revolución.
No debe olvidarse que los videos circulados en las redes sociales revelaban cómo por más de ocho minutos el policía Derek Chauvin afincaba su rodilla en el cuello de Floyd; acontecimiento que desató una ola de protestas en Estados Unidos y otras naciones contra un sistema sustentado en el odio y la discriminación.
De modo forzado, la actual embestida anticubana procura conectar el suceso de Guanabacoa y el de Minneapolis a través del tema racial para incentivar el desencanto, dividir y subvertir el orden en el país, donde, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, y muy particularmente en los Estados Unidos, casos como el del 24 de junio constituyen excepción.
Anualmente —escribía Derrick Jhonson en The Guardian— más de 1 000 civiles en el país norteño son asesinados por la policía, y los negros tienen tres veces más posibilidades de ser asesinados que los blancos. Y si algo no faltan son los datos confirmatorios de esta tendencia, entre estos los aportados por The Washington Post y estudios de la Universidad Rutgers, de Nueva Jersey.
Las estadísticas llevan nombres y apellidos, como el de Atatiana Jefferson, de 28 años, muerta a manos de un policía en su habitación en Fort Worth, Texas, por una “falsa alarma” del vecino el pasado año. En el presente, antes de Floyd, la fuerza policial ultimó a dos afroamericanos: Breonna Taylor, de Louisville, Kentucky, blanco de ocho disparos en su vivienda, en una redada antidrogas, y Ahmaud Arbery, baleado mientras hacía ejercicios en Brunswick, Georgia, cuando un expolicía y su hijo lo persiguieron en una camioneta y le tiraron, pues se parecía a un sospechoso de robos en el área. Ambos jóvenes eran inocentes.
Tamaña violencia contra los afrodescendientes ha encontrado combustible en la política supremacista del presidente Donald Trump. “Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”. Con esa fórmula, publicada en Twitter, el mandatario pretendía sofocar las protestas organizadas luego del asesinato de Floyd.
Quien calificó a esos manifestantes de “malvivientes y perdedores” es el Donald Trump negado a disculparse por haber pedido en varios periódicos hace tres décadas la pena capital para “los cinco de Central Park” (cuatro negros y un hispano de entre 14 y 16 años), condenados erróneamente por la violación de una joven blanca en Nueva York en 1989 y por la cual cumplieron prisión; en el 2002 sus condenas fueron revocadas, cuando el asesino y violador en serie Matías Reyes confesó ser autor del crimen. El racismo, la brutalidad policial y un sistema xenófobo y clasista habían sancionado a aquellos adolescentes.
Precisamente, la administración de Donald Trump —“un racista atrapado en el pasado”, como lo definiera el profesor y columnista de The New York Times, Paul Krugman— gastó 22 093 043 dólares en proyectos para la subversión contra Cuba desde que el magnate inmobiliario asumió la presidencia en enero de 2017 hasta mediados del año precedente, refirió Cuba Money Project. Con iguales propósitos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de 32 millones de dólares para el año fiscal 2020 (octubre del 2019-septiembre del 2020).
Sin embargo, y como es bien sabido, la maquinaria subversiva contra la Revolución posee una historia de larga data, y solo en los últimos 22 años el llamado Programa Cuba, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, contó con más de 300 millones de dólares.
Uno de los tanques pensantes de esa escalada, el académico Thomas Carothers, ha reconocido que la estrategia subversiva con la mira en nuestro país busca “sembrar en Cuba los fundamentos de una transición y no pueden medirse en fase de ‘implementación’ (…) muchos de los resultados importantes de los programas de Democracia son psicológicos, morales, subjetivos, indirectos y retardados en el tiempo”.
En el artículo titulado “Los programas subversivos de la USAID y la NED contra Cuba”, el doctor en Ciencias Históricas Manuel Hevia Frasquieri advierte que dichos proyectos emplean un léxico engañoso al ser presentados con etiquetas comoDerechos humanos, Libertad de información y Sociedad civil. “Todas las propuestas de estos programas, sin excepción —añadía—, están dirigidas a instigar, a subvertir ideas y valores negativos e instigar la actividad contrarrevolucionaria interna (…)”.
De ahí que, al valorar el ascenso de la agresividad de la subversión en las redes sociales y otros medios en los últimos tiempos, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertara en la más reciente sesión del Consejo de Ministros: “El enemigo sí tiene un plan contra nosotros, bien organizado y mientras más salimos adelante es mayor la ofensiva”.
En la propia reunión, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, presentó un resumen del quehacer de la Comisión Gubernamental del Programa Nacional Contra el Racismo y la Discriminación Racial, conducida por Díaz-Canel y compuesta por más de 30 entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, para combatir y eliminar definitivamente los vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación que persisten en el país.
Este programa, dado a conocer en noviembre último en el seno del Consejo de Ministros, parte de que varias de las medidas adoptadas en los años iniciales de la Revolución propinaron un golpe demoledor a los componentes estructurales del racismo, bajo el liderazgo de Fidel, quien el 29 de marzo de 1959, sostuvo: “Nosotros, que somos un pueblo en el que figuran hombres de todos los colores y de ningún color; nosotros que somos un pueblo constituido por distintos componentes raciales, ¿cómo vamos a cometer la estupidez y el absurdo de dar albergue al virus de la discriminación?”.
A la luz de esa línea de pensamiento, vertebrada al antirracismo de Martí, desde 1959 empezó el desmontaje de las condicionantes generadoras de la discriminación racial en los períodos colonial y neocolonial y, a pesar de que los avances son constatables, se torna difícil revertir centurias de desigualdad en solo 60 años.
Desde la institucionalidad, Cuba ha desterrado la más mínima señal de discriminación. El artículo 42 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, y el objetivo 57, aprobado por la Primera Conferencia del Partido Comunista, celebrada en el 2012, expone la necesidad de enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias de cualquier naturaleza.
No obstante, como reconocía el Comandante en Jefe en Cien horas con Fidel, entrevista con Ignacio Ramonet, establecer la igualdad total y absoluta ante la ley no ponía fin a la discriminación; posible si se cercenan las bases de la construcción cultural del racismo.
Desde esa imprescindible perspectiva ha actuado con “vocación propositiva”, al decir del escritor y etnólogo Miguel Barnet, la Comisión José Antonio Aponte —con más de una década de creada—, que en el seno de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba lidera la batalla contra el racismo y la discriminación racial.
Esos vestigios, que nadie se atrevería a negar, han sido magnificados por la campaña tramada a partir de la muerte lamentable del ciudadano que residía en Guanabacoa. Si nos ceñimos a los precedentes, la cruzada mediática era predecible, como también la ola gigantesca de mentiras y especulaciones en torno al fallecimiento de Hernández Galiano, causado, según algunas versiones en plataformas digitales, porque no llevaba nasobuco, una de las medidas sanitarias aplicadas para contener el avance de la COVID-19. Ni el más crédulo acuñaría tal calumnia.
De lo que sí nadie duda es del tsunami de protestas que reavivó la conciencia antirracial en el mundo por las circunstancias en que murió George Floyd, incluso en medio de la pandemia, y, menos aún, de las imágenes que muestran la rodilla de Derek Chauvin hincada sobre el cuello del joven negro y la súplica de este: “No puedo respirar”.
(Tomado de Escambray)
