Las crisis no solo imponen medidas de emergencia para encararlas, sino además sus temas. Por ello es tan relevante no perder de vista, con lo urgente, el resto de lo importante, muy especialmente en la Cuba sometida a presiones que intentan condenarla a una condición permanente de terapia intensiva.
El reciente anuncio de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para el próximo jueves 10 de octubre, con vistas a la elección del Presidente, del Vicepresidente y del Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los demás miembros del Consejo de Estado y del Presidente y Vicepresidente de la República, dan la señal de un país que logra sobreponerse a la virulencia de las medidas del cerco imperial norteamericano y de sus aliados regionales y mundiales y seguir el curso corriente, y muy especialmente legal, de su vida institucional.
Recordemos que la renovada Carta Magna instituye que, en el plazo de tres meses, luego de aprobada la Ley Electoral, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) elige de entre sus diputados a los más altos dignatarios de nuestro Estado.
La sola elección de esas autoridades es un acontecimiento de relevancia extraordinaria para cualquier nación, cuánto más no lo será en este archipiélago, donde estaremos asistiendo nada menos que al inicio de la construcción de la nueva estructura del poder revolucionario.
A partir de este simbólico 10 de octubre comenzará a tomar forma el radical replanteo de la organización del Estado y del Gobierno de la República establecido en la segunda Constitución del período socialista, aprobada en referendo por amplio consenso popular.
La que está por conformarse al más alto nivel y hacia la base de la nación será una estructura con una mejor definición de poderes que desde el primer vistazo apunta a acentuar los contrapesos políticos, en un período en que se profundiza la paulatina sustitución de las figuras históricas en el liderazgo y toman las riendas personalidades más jóvenes, que no acumularon la autoridad que ofreció la participación en la lucha antibatistiana.
Ese equilibrio y diversidad de poderes, bien administrados, pueden favorecer una mejor proporcionalidad, ecuanimidad, armonía y balanza en la toma de decisiones, y a la larga cimentar la fortaleza e irreversibilidad del sistema institucional refrendado en la Constitución recientemente aprobada.
Entre otros estrenos después de iniciado el período de institucionalización socialista tendremos el de la elección de un Presidente y un Vicepresidente de la República y el de un Consejo de Estado que, presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, funcionará en representación y ejecutará los acuerdos de esta, y otras misiones constitucionales, en los intermedios de las sesiones parlamentarias.
Agréguese que más adelante el Presidente electo deberá hacer la propuesta a la Asamblea Nacional de un Primer Ministro, así como presentarle el Consejo que este presidirá, una responsabilidad que antes se combinaba con la de la presidencia del Consejo de Estado.
No es posible hacer en esta columna la descripción completa de la estructura y funciones del Estado y del Gobierno que se inauguran, que entre otros cargos incluirá los de gobernadores e intendentes, sino solo llamar la atención sobre lo novedoso y cambiante de esta y la esperanza de que contribuya de forma decisiva a garantizar el éxito y la prosperidad del modelo de sociedad que nos trazamos en la nueva Constitución.
Dado que el Estado que aprobamos no es de naturaleza presidencialista, sino colegiada, parlamentarista, la antesala de la elección ha estado antecedida por la consulta a cada diputado por parte de la Comisión de Candidaturas Nacional, para conocer sus propuestas para esos altos cargos.
En un sistema de elección como el escogido lo primero y muy sensible es la tremenda responsabilidad que tiene la mencionada comisión que, presidida por un representante de la Central de Trabajadores de Cuba, designado al efecto por esa organización, está integrada además por representantes de la mencionada Central obrera, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y las federaciones Estudiantil Universitaria y de Estudiantes de la Enseñanza Media, lo cual le ofrece una amplia base de legitimidad popular.
No es poco el peso moral y legal que llevan sobre sus hombros dicha comisión y los diputados, pues en buena medida la autoridad y el prestigio de la cabeza estatal y gubernamental de la nación —y el de la comisión misma y el del Parlamento como órgano superior de dirección de nuestro Estado— depende de la certeza de las propuestas y las decisiones que adopten en un asunto de máxima sensibilidad social y política.
Tanto en las propuestas como en el voto van no solo la voluntad de esas estructuras del orden institucional cubano, sino que debe recoger y dejar ampliamente satisfechas la voluntad y las expectativas de millones de ciudadanos, en una sociedad con una composición social cada vez más amplia y compleja.
En decisión tan culminante, para nada circunstancial o coyuntural, lo más sabio, lo aconsejable y prudente, es tomarse muy, pero muy a pecho, el pensar como país.
(Publicada en la edición del 8 de octubre de 2019 en el diario Juventud Rebelde)
