Siempre he distinguido dos términos: el conocido de “corrupción” y lo que he denominado “corrosión”, dos maneras de comportamiento ilícito, que infringen normas éticas y jurídicas, que son formas irregulares de apropiación del producto social, que coexisten en la sociedad, pero con características y cierto alejamiento unas de otras, que las hace diferenciables.
La corrosión
El experimento socialista cubano, si bien durante el período especial y en los lentos y largos años de recuperación mantuvo prestaciones sociales igualitarias que además de significar una realidad de plena justicia social lograron en medio de ingentes dificultades y carencias mantener ajustados parámetros básicos de alimentación, salud y educación que alcanzaron a toda la población, demoró mucho en comenzar cambios -recién hoy en marcha- dirigidos a una eficaz articulación de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política.
En la década de 1990, las crecientes y urgentes necesidades sociales, en un medio económicamente desarticulado, con diferentes mercados segmentados regidos por criterios políticos, presentaban una contradicción que muchas veces se resolvió a través de la trasgresión, la contravención o la ilegalidad en menor escala, por ejemplo, sustraer pequeñas cantidades de recursos y venderlos en el mercado negro, aceptar dinero por adelantar un trámite legal o hacerse el de la vista gorda con alguna multa, cobrar por un servicio institucionalmente gratuito, sustraer para necesidades personales una resma de papel, falsear el peso de una mercancía, “autorizar” trabajos particulares a trabajadores del Estado en horario laboral, y mil y una vías de paliar necesidades sin que ello llegara a convertirse en una forma de enriquecimiento, aunque en algunos casos lo que comenzó siendo una forma de corrosión terminó siéndolo de corrupción, tal es el caso de la sustracción de grandes cantidades de combustible organizada por una asociación delictiva.
Pero lo cierto es que la sociedad resolvía particular y coyunturalmente no pocas de sus necesidades, a partir de las mismas potencialidades de recursos que tenía el país cuya distribución no se producía con fórmulas socioeconómicas eficaces y universalmente aceptadas, esas que demoraban en llegar y que aún hoy no están a punto.
La grieta en el funcionamiento económico duró demasiado tiempo y esa fractura en el metabolismo socioeconómico se reflejó también como fractura en la conciencia social. En una palabra: el individuo “resolvía”, mientras se creaba un microclima ético en el que abierta o íntimamente los componentes de diferentes grupos sociales, familiares, barriales, laborales, de amigos, etc. aceptaban tales comportamientos en especial cuando se trataba de necesidades de niños, ancianos, medicinas, etc. Hacer eso no se apreciaba que fuera contra el proceso revolucionario, ni contra la patria, ni contra la justicia social universal del Estado cubano. Se produjo una fractura ética, como si de dos asuntos se tratara.
La conciencia política mantuvo no pocos valores: independencia, soberanía, unidad nacional, patriotismo, internacionalismo, antiimperialismo, ideal socialista, sentimiento fidelista, pero en esa misma conciencia social estaba la corrosión como hecho tácitamente aceptado en tanto producto de la necesidad, más allá de su reconocimiento como algo en el fondo incorrecto. Contradictorio, quizá no excusable, pero sí explicable.
De hecho, es preciso reconocer que esas formas irregulares de distribución del producto social, al solucionar necesidades perentorias, evitó la acumulación de insatisfacciones y sus eventuales consecuencias políticas. No obstante, el hecho de dilatarse tanto la implantación de fórmulas universales de funcionamiento saludable del metabolismo socioeconómico junto con una debilidad manifiesta en la capacidad de controlar los recursos, tanto en los centros de trabajo como en la sociedad en su conjunto, provocó la permanencia de tales “soluciones” deviniendo habituales y difíciles hoy de superar: es eso que suelo denominar corrosión para diferenciarlo de la corrupción.
La corrupción
Si bien ambas, corrosión y corrupción son dañinas para el sano funcionamiento del metabolismo socioeconómico, asocio la corrupción particularmente a formas de aprovechamiento ilícito de bienes materiales y financieros aprovechando el status individual, el mal funcionamiento de las estructuras económicas y políticas y el descontrol para satisfacer intereses espurios y enriquecerse a costa de la sociedad.
La corrupción implica no solo apropiación de bienes materiales en diferente escala aprovechando una determinada posición de poder económico o político, por ejemplo, negociar con intermediarios materiales de la construcción que se distribuyen en venta libre afectando a la población, sino también, por ejemplo, favoreciendo la promoción de personas leales no a la sociedad sino a quien las promueve, esto último una forma de distribución de capital simbólico que implica comercio de favores. Se trata también de negociados que involucren redes ilegales en las estructuras económicas y de servicios de la nación, negociados con entidades extranjeras para provecho personal traicionando los intereses y principios del país, etc.
La corrosión se combate sobre todo con medidas económicas, organizativas y de control, la corrupción ante todo con medidas punitivas.
¿Cómo encarar el dilema?
Claro que lo anterior no pasa de ser una suerte de diagnóstico somero de la situación, mientras el asunto principal está en cómo encararla y si bien es un problema complejo de solución multifactorial, no veo otra forma de abordarlo básicamente que con una combinación de medidas económicas, de control estatal y popular y de rigurosa e irrestricta aplicación de la ley.
El país está convocado a una reconstrucción del tejido socioeconómico para un funcionamiento saludable de su metabolismo y todo lo que se oponga a esos propósitos universales de la sociedad cubana debe ser combatido y erradicado sin rodeos.
En lo tocante a la corrosión, cualesquiera medidas que se tomen en el plano económico, organizativo y de control serán insuficientes mientras persista la doble circulación monetaria. Esta, también denominada dualidad monetaria, conspira contra el normal funcionamiento del metabolismo socioeconómico y deviene pieza clave en el propósito de alcanzar un tejido económico interactivo robusto y eficiente que enlace los diferentes nodos y encadenamientos productivos y de servicios del paìs, que permita un adecuado control contable y una medida del valor que sea funcional. Ello tiene que ver especialmente con el valor del trabajo, con la distribución justa del producto social a través de los ingresos, con el interés de proteger por quienes actúen en cada eslabón de ese entramado los recursos que nos pertenecen a todos.
Eliminar la corrosión como propósito serio del país exige adoptar el mejor camino posible -que siempre será en determinada medida traumático y requerirá de un adecuado control de sus esperables efectos secundarios negativos– para unificar la moneda en el país. Dilatar más este paso puede ser hoy una suerte de alivio, pero a la larga profundiza la deformación ciudadana con peligrosas consecuencias sociales y económicas que terminarìan comprometiendo el futuro del país.
A partir de ese sinceramiento de nuestra economía real, cobrarán pleno sentido las medidas dirigidas al control estatal y popular, la participación de los colectivos laborales en la dirección de la economía, el reconocimiento del valor del trabajo decisivo para la eficiencia y para sentar las bases para la recuperación del trabajo como un valor ético de nuestra ciudadanía.
Claro que para eliminar la corrosión no bastará con eso. Como complemento ideológico de esas medidas es imprescindible desarrollar una labor sistemática y eficaz de educación cívica, propósito en los que el papel de la escuela cubana, de una eficaz narrativa polìtica, de los medios de comunicación social tradicionales y digitales y de la actividad artística cultural es decisivo.
Los procedimientos para combatir la corrupción transitan por medidas administrativas y jurídicas. La corrupción enlaza con el burocratismo, al ser este último una de sus formas: el burocratismo entraña un funcionamiento corrompido de la superestructura de dirección económica y política del país y su enfrentamiento requiere en especial de medidas administrativas y polìticas.
Cuando las formas de corrupción ligadas o no al burocratismo implican la apropiación espuria de recursos materiales y financieros que nos pertenecen a todos, la solución no es simplemente administrativa, sino punitiva, penal. Su existencia suma sus efectos nocivos a los de la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba.
Combatir y superar la corrosiòn y la corrupción es algo estrechamente vinculado con la decencia, la consideración y el respeto que nos debemos mutuamente como ciudadanos.
La sociedad cubana respaldó inequívocamente la orientación socialista de la construcción social con un rotundo sí a la nueva Constitución, la ciudadanía ha discutido y respaldado los lineamientos para el desarrollo del país, no pocas inversiones estratégicas están en marcha en materia de infraestructura, diversificación de las exportaciones, desarrollo agropecuario, que si bien son aún insuficientes están correctamente orientadas, y se proyectan otras, y está enfrentando el recrudecimiento de la guerra económica del gobierno estadounidense. Combatir la corrupción y la corrosión resulta urgente para que los esfuerzos del país salgan adelante y podamos preservar la justicia social conquistada por la revolución socialista.
En medio de todo ese esfuerzo intelectual y físico de la sociedad cubana están aún presentes la corrupción y la corrosión, ambas incompatibles con el ideal de un socialismo próspero y sostenible. Su contención, enfrentamiento y superación es tarea de todos y no puede demorarse ni hay espacio para la gradualidad. Mañana es hoy.
