Tanto como el inmenso sesgo que contiene el informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, llama también la atención que haya quienes desde el campo progresista esperaban otra cosa. Quienes albergaban esperanzas por cierta ecuanimidad olvidaban dos cosas: a) quién es Michelle Bachelet; b) la política es la continuidad de la guerra por otros medios.
Bachelet: una socialista formada en Washington
En Chile conocemos muy bien a Bachelet: se trata de la máxima defraudación que la izquierda chilena ha experimentado desde que recuperamos la democracia.
Formada en Washington en estrategia militar, a fines de los ’90 al ser beneficiada por una beca que le permitió una estadía de un año en el Colegio Interamericano de Defensa en Fort Lesley, optó, según sus propias palabras por “la convergencia con el poder hegemónico del planeta”. En esa línea, siendo Presidenta, siempre se alineó entonces con la Alianza del Pacífico, formando el eje antibolivariano y antilatinoamericanista México-Colombia-Chile, afín a los intereses imperiales y empleado por éstos como su instrumento de contención regional; no titubeó a la hora de mandar 400 militares chilenos para que formaran parte de las tropas de ocupación en Haití; en su segundo gobierno, además, promovió la creación del infausto Grupo de Lima.
Esta “socialista” fue la primera presidenta en aplicar en democracia la Ley Antiterrorista de Pinochet, y lo hizo contra comuneros mapuche, que como presos políticos pueblan por decenas las cárceles del sur de Chile. También como Presidenta prometió un 11 de septiembre de 2014, al conmemorarse los 41 años del golpe contra Salvador Allende, derogar la Ley de Amnistía de Pinochet, y también como Presidenta le quitó en reiteradas oportunidades la “urgencia legislativa” a esta iniciativa, gracias a lo cual la ley creada en 1978 para beneficiar a criminales de lesa humanidad sigue vigente en Chile.
Pero no se trata acá solamente de Bachelet. Se trata de entender que todo el orden institucional mundial construido luego de la IIª Guerra Mundial, junto con el derecho internacional que lo sustenta, está siendo destruido en los últimos años por los Estados Unidos. En esa línea, mientras presidentes de Occidente le exigen a países soberanos como Venezuela y Cuba el cumplimiento milimétrico de todas las disposiciones internacionales, ellos las violan a diario. Guantánamo y Julian Assange son sólo una pequeña, pero clarificadora muestra de ello.
Como nos enseñó Fidel, lo único que podemos esperar de los consejos de aquellos que están de ese lado es “puro veneno”. Dosis continuadas de veneno en el marco de una guerra sin tregua contra todas las naciones que no se someten a los dictados del capital. Pero aún así, a ratos se cae en la trampa cándida de creer que la institucionalidad internacional — la misma que acepta la destrucción de Libia, de Afganistán, de Haití, a la que no le importa Guantánamo, ni el fraude electoral de Honduras, los asesinatos sociales en Colombia, o la reciente muerte en prisión del único presidente electo de Egipto- pudiera ser ecuánime con Venezuela.
El Informe: un texto sin contexto
El gobierno venezolano nunca se negó a esta visita, por el contrario, dio todas las facilidades a la Alta Comisionada Bachelet, tal como el propio Informe lo reconoce, mostrando una vez más su apuesta por la vía negociadora, y no por la violencia. Sin embargo, el veneno exuda en altas dosis de este Informe, el que debe ser entendido como un recurso más en la guerra por derribar un proyecto que se atrevió a decir “váyanse al carajo cien veces, yankees de mierda” (Hugo Chávez, 2008).
No podemos desligar este Informe de la continuidad bélica contra Venezuela. Ese es su con-texto (aquello que va con el texto). Y leerlo es testimoniar de cómo el lenguaje puede servir para distorsionar la realidad. Partiendo por el increíble modo en que Bachelet se refiere al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela (punto 25): “Hasta la fecha un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir del 29 de agosto de 2017” ¡No se menciona a Estados Unidos! Se habla de “un país”, en genérico. Lingüísticamente diríamos que hay una elusión del referente mediante el uso de un sustantivo abstracto y generalizador. Es casi increíble, pero es cierto. “Un país ha impuesto sanciones”… ¿cuál será?
Y el bloqueo que asfixia a toda Venezuela es llamado “sanciones sectoriales”. Es el mismo lenguaje que ya hemos visto cuando de mitigar y de atenuar crímenes se trata: uso abundante de sustantivos abstractos, sin referentes materiales, como cuando se habla de “daño colateral” para referir asesinatos de civiles.
Igual de increíble es la justificación metodológica (punto 6, nota 3). Dícese ahí que de las 558 entrevistas que sirvieron de base para la redacción, ”460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”. Sume, reste, elabore porcentajes y saque sus propias conclusiones.
Ya sabemos que el Informe no menciona a Estados Unidos y esa (benevolente) invisibilidad del imperio y de su criminal política injerencista no es lo más increíble. Lo más grave es que se trata de un Informe sin contexto. En esa línea, cuando juzga la situación socio-económica de Venezuela nunca se mencionan los graves efectos del bloqueo gringo. “Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas”, señala en su punto 16 (nótese el uso del impersonal, “se ha informado”…). Y en el punto 19 denuncia que “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales”.
No negamos la veracidad de esas cifras, pero decimos que el silencio total acerca de sus causas forma parte del criminal bloqueo. Es un bloqueo semiótico, discursivo, representacional, cognitivo que opera en paralelo al bloqueo material, económico.
No decir, por ejemplo, que 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. En consecuencia, la insulina quedó paralizada en un puerto internacional. O que el laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria. Y que un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas el año pasado (entre ellas, 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos).
Es un Informe que sólo tiene sentido para las corporaciones mediáticas de Occidente porque carece de contexto. Porque si le ponemos contexto, un chileno le podría recordar a la chilena que firma el Informe que en su país, entre enero y junio de 2018, fallecieron un total de 9.724 personas mientras permanecían en lista de espera en el sistema público, según datos entregados por el propio Ministerio de Salud de Chile.
Peor aún es el modo en que se trata el tema “libertad de expresión”. Según el Informe “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos”. Vaya denuncia…¿habrá algún gobierno que no intente hacer lo mismo? ¡Qué me nombre uno!
Lo que pasa es que Venezuela es el país donde lo normal es escándalo. Pero, además, nuevamente se omite el contexto. No se dice, por ejemplo, que mientras la derecha liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López intentaba nuevamente dar un golpe de Estado entre el 30 de abril y el 1 de mayo de este año, se registró un cierre masivo de cuentas de Twitter vinculadas al Estado y medios afines al gobierno (Correo del Orinoco, VEA, Vive y Fundarte).
No es todo. El rol golpista de los medios y las redes sociales, activos en eso desde el 2002 al menos, es cosa diaria en Venezuela. Otro ejemplo: en enero de 2019 se creó la cuenta @Presidencia_VE como “Cuenta Oficial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, adscrita a Juan Guaidó, y sólo 2 meses después recibió el “check azul” como “cuenta verificada”. En cambio, la cuenta @PresidencialVen perteneciente al departamento de Prensa Presidencial, con mas de un millón de seguidores, y que informa las actividades oficiales del Presidente Maduro, creada en abril de 2010, nunca ha recibido el “check azul” de cuenta oficial. Suma y sigue.
En febrero de 2019, Twitter anunció que fueron eliminadas «1.196 cuentas ubicadas en Venezuela que parecen estar involucradas en una campaña apoyada por un Estado». Nada de esto menciona Bachelet.
Lingüísticamente el Informe es una oda a las atenuaciones, las mitigaciones, las alusiones indirectas, las invisibilizaciones, al uso del impersonal cuando de las causas y los causantes se trata; y una vorágine de reforzamientos, énfasis, exageraciones, y descontextualizaciones cuando se pasa a describir las consecuencias; estas últimas, por supuesto, desconectadas de las primeras.
No se trata aquí de rehuir las necesarias críticas al proceso bolivariano. Como enseñó el Che, éstas son absolutamente necesarias en todo proceso de transformación social, si éste no quiere anquilosarse y volverse reaccionario. Tampoco se trata de creer que todo anda perfecto en Venezuela, ni siquiera negar todo lo que dice el Informe. Por ejemplo, el punto 43 que denuncia torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra prisioneros/as, que incluye el uso de corriente, palizas y violencia sexual es absolutamente inaceptable, no importa el contexto, ni las circunstancias. Lo mismo, de ser ciertas, la denuncia de ejecuciones extrajudiciales de parte de las Fuerzas de Acciones Especiales. La justicia no puede ser a la carta, pero téngase en cuenta también que al gobierno bolivariano jamás se le da el beneficio de la duda.
De lo que se trata es de no aceptar que Estados Unidos, junto a sus lacayos latinos estrangulen a Venezuela, para que luego un Informe quiera castigar a la patria de Bolívar porque respira mal.
Veneno, puro veneno.
(Publicado originalmente en Dominio Cuba)
