La reforma constitucional

El próximo 13 de Agosto, coincidiendo con un nuevo aniversario del natalicio de Fidel, comenzará una fase decisiva del proceso de reforma constitucional: el examen por todo el pueblo del proyecto de nueva Constitución aprobado el pasado domingo por el voto unánime de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ciertamente, hay que trabajar por desterrar de nuestra práctica política la unanimidad a ultranza, pero la alcanzada en este caso, aparece cargada de importantes contenidos y  mensajes: la de ser resultado de la labor consciente de nuestros diputados profundizando en el estudio del anteproyecto presentado por una comisión de sus iguales presidida por Raúl, que recogió la labor desarrollada durante largo tiempo por numerosos compatriotas conocedores del tema, del debate libre sobre sus contenidos, debate sustantivo salpicado solo por algunas declaraciones de ratificación que se alejaron del propósito fundamental, del interés colectivo de alcanzar el consenso. Nadie se creyó dueño de la verdad. Fue una construcción colectiva en la diversidad de puntos de vista que devino muestra de cómo los diferentes colectivos laborales, estudiantiles, comunitarios, barriales debemos afrontar ahora el conocimiento, discusión y enriquecimiento de ahora proyecto de nueva constitución.

La transmisión en vivo de todo el debate, que deberá ser algo cotidiano y ojala siempre en tiempo real, demostró la confianza devuelta al soberano por nuestra ANPP que los eligió con su voto.

Sobre la coyuntura de la consulta nacional

El debate de la reforma constitucional y el referendo que la legitimará por el voto soberano del pueblo cubano se produce en una situación nacional e internacional en extremo complicada.

En el orden externo, la presión que ejercen hacia nuestra región los intereses de los poderes nortecéntricos anclados en el mundo político del Estado norteamericano y —con sus particularidades y especificidades— hacia Cuba, fluye por diferentes caminos: el político, el diplomático, el económico, y entre ellos con especial fuerza e intencionalidad en el terreno de los valores, los patrones de conducta, la deformación de las necesidades humanas y su correlato consumista, la desvalorización de nuestra cultura y modo de vida, cumpliendo una función retardataria y anuladora de los procesos emancipatorios y políticos de nuestros pueblos.

No se trata de la simpleza de creer que hay un gigantesco cerebro macabro detrás de cada acción o expresión proveniente del Estado norteamericano, como tampoco de la ingenuidad de suponer que este no ha desarrollado estructuras concertadas de inteligencia, intromisión y manipulación —que incluyen a la ciudadanía de su propio país sobre la cual ejerce una influencia hegemónica—, encargadas de coordinar sus acciones para consolidar y potenciar su poder.

Como una constante permanece la histórica agresividad de la política del Estado norteamericano, claramente probada en el dilatado bloqueo económico contra Cuba, la creciente amenaza del empleo de la fuerza contra Venezuela, la intromisión deliberada en Nicaragua, el incremento de las bases y avanzadas militares.

Si la sociedad cubana no defiende la cohesión de la nación frente a tan colosales presiones perderemos todos, salvo los pocos que indolentes ante tan catastrófico retroceso, puedan beneficiarse de esa derrota.

En el orden interno, es elemental reconocer que la actual es la primera Constitución cubana vigente por más de cuarenta años, que fue discutida en su origen, enriquecida y refrendada por la inmensa mayoría de la ciudadanía, modificada en dos ocasiones con decisivo respaldo popular, válida en sus principios ideológicos y políticos fundacionales del Estado socialista cubano, pero necesitada hoy de una reforma integral que de no realizarse estaría incapacitada de cumplir con su principal función como Ley de leyes, cual es establecer en las nuevas condiciones los fundamentos de la organización política, de la reproducción de los órganos de poder, los deberes y derechos de la ciudadanía, la participación social, el papel del Estado y del Gobierno, las garantías para los ciudadanos.

Los años vividos a partir del Período Especial, las transformaciones globales que se han producido en las relaciones internacionales, la desaparición del equilibrio bipolar, el surgimiento de la multipolaridad, los profundos cambios en la cotidianidad de la sociedad cubana, la cual —aun con discretos avances— no logra despegar en el terreno económico, la enfrentan a la urgente necesidad de incrementar las inversiones productivas, mientras persisten trabas tanto en el orden de las leyes y normativas vigentes, la obsolescencia de ciertas estructuras, como por la incapacidad de personas de comprender y asimilar el cambio de situación y de asumir los desafíos y sus responsabilidades. La futura constitución establecerá un nuevo marco para superar esos obstáculos.

Hay mucha incertidumbre en el mundo y a los países menos desarrollados se les hace más difícil concretar sus metas, pero lejos de ser esto un factor de desaliento que sólo conduciría a poner al país en las manos de las transnacionales, constituye un estímulo al pensamiento colectivo sobre los modos de preservar, construir y cuidar la vida, la naturaleza, el medio ambiente, los valores ideopolíticos y culturales, las conquistas de la revolución socialista, en primer lugar el poder político del pueblo trabajador.

La revolución socialista cubana disolvió las bases económicas del sistema capitalista dependiente, disolvió sus instituciones superestructurales, disolvió el grueso de las influencias ideo-educativas contrarias al socialismo y comenzó a construir una sociedad nueva que ha pasado por diferentes modelos siempre en la perspectiva de la igualdad, la equidad y la justicia social. Sin embargo, aun con todos esos esfuerzos por décadas no pudo disolver la psicología del intercambio de equivalentes y hoy estamos compelidos a reconocer el papel de las relaciones mercantiles dentro de una economía mixta sin lo cual será imposible en las presentes condiciones y por largo tiempo organizar eficientemente el metabolismo socioeconómico de la sociedad cubana.

Se suma a lo anterior la realidad del descreimiento en fórmulas que no ofrezcan resultados prácticos concretos, el lento despegue de la empresa socialista, todo lo cual pone en un punto decisivo el significado de la aprobación del proyecto de reforma constitucional, que debe dar cuenta del espacio adecuado para poder impulsar con el vigor necesario la recuperación de la actividad socioeconómica, a la par que defender las principales conquistas sociales de la Revolución.

Las ventajas estriban en la experiencia acumulada tanto de los éxitos como de los errores, la cultura política de la ciudadanía, la conciencia acerca de la importancia estratégica que para la independencia nacional, nuestra identidad cultural y la soberanía de la nación tiene confirmar la vocación socialista mayoritaria del pueblo cubano, a la vez que dar una muestra al mundo de la cohesión política, de la unidad nacional dentro de la diversidad, del ejercicio democrático que significará la participación social en el debate para enriquecer el proyecto. Su aprobación por el esperado voto mayoritario de la ciudadanía equivaldrá a dar por positivo el balance de toda la experiencia de 60 años de transformación cultural revolucionaria de la sociedad cubana y el respaldo a continuar el proceso de construcción social de orientación socialista.

Con la aprobación de la reforma constitucional estaremos impulsando un proceso de re-institucionalización de la sociedad, imprescindible para establecer las bases legales de la articulación eficiente de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política, que permita aprovechar el lado positivo de las relaciones mercantiles, a la par que situar los límites necesarios para que el mercado no imponga su jerarquía a la sociedad.

Una gran escuela nacional de constitucionalismo

Cada ciudadano cubano tiene el derecho y el deber cívico de conocer a fondo el anteproyecto que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular, exponer libremente sus puntos de vista sean o no coincidentes con el texto propuesto, intercambiar opiniones, escuchar y hacerse una visión panorámica propia, proponer los cambios que considere necesarios, explicar sus discrepancias, aclarar sus dudas, todo con la finalidad de forjar y fortalecer en el propio proceso de análisis la cohesión política dentro de la diversidad de puntos de vista.

El momento es ahora, quien deje para después su participación pierde la oportunidad de contribuir a su enriquecimiento y de aprender en este proceso. El propio debate, independientemente de los cambios que como resultado de este se incluyan en el proyecto que irá a referendo, deberá constituir una gran escuela nacional de constitucionalismo.

Los medios de comunicación social del país deberán reflejar la riqueza del debate de la ciudadanía, la diversidad real de criterios que existe en la sociedad cubana, contribuyendo así a enriquecer la subjetividad ciudadana en torno al texto constitucional.

Riqueza, propiedad y símbolos: tres temas controvertidos

En el debate del anteproyecto protagonizado por nuestro parlamento el tema de la riqueza y de la propiedad fue ampliamente discutido y obviamente será asunto importante en el próximo análisis por toda la ciudadanía. De éste saldrán con toda seguridad enfoques que permitan ver esos complejos temas con mayor claridad y especialmente pulsar en el transcurso de ese examen ciudadano cómo lo que quede finalmente en el texto constitucional que se someterá a referendo puede ser más funcional para la realidad cubana actual y en los próximos años dentro de la perspectiva socialista.

Por ejemplo, si alguien tiene suficientes recursos para ponerlos a disposición de un emprendimiento de capital mixto con el Estado, estará obviamente incrementando su propiedad y su riqueza, por más que lo haría vinculado con la propiedad de todo el pueblo.

Es elemental que en la nueva Constitución debe prevalecer el enfoque más amplio en sus postulados, pero en todos los casos en línea de modo inequívoco con los principios fundamentales de la revolución socialista para evitar que futuras interpretaciones de formulaciones constitucionales laxas terminen alejándose de estos y cabe esperar como resultado del debate nacional más claridad en estos temas.

Tanto en los Lineamientos como en la Conceptualización, documentos igualmente discutidos por el pueblo y aprobados, se establece la prohibición de la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales. Estos límites no pasan de ser enunciados por ahora generales, pero imprescindibles, pues tal como dijo una de las diputadas en el debate recordando la relación entre propiedad privada y poder político, no puede hablarse de construcción social de orientación socialista si no hay límites a la propiedad privada y al enriquecimiento y su conversión en propiedad personal, suponiendo que ello no significará un incremento de la influencia individual de quien posee tales posibilidades. Construir una sociedad de orientación socialista significa mantener a raya los principales resortes del resurgimiento del poder del capitalismo: la propiedad privada y las ganancias. Para ello estarán las leyes, la política fiscal, los instrumentos a disposición del Estado.

Es deber del Estado propiciar el desarrollo armónico de nuestra economía mixta reconociendo la diversidad de formas de propiedad y de organización del trabajo de modo que haya el necesario estímulo a la eficiencia productiva, al ahorro y a la inversión, pero en la relación contradictoria capital-trabajo el Estado socialista soportado por el pueblo trabajador, tiene el deber de estar siempre a favor del trabajo, de modo directo o indirecto, ya que determinadas prioridades en el desarrollo económico pueden demandar temporalmente concesiones al polo capital dentro del marco constitucional, con plena transparencia y dentro del consenso político.

En lo tocante a los símbolos no puede dejarse de tener en cuenta que el propio proceso revolucionario, la transformación cultural política de la sociedad cubana, desterró del mundo simbólico un conjunto de denominaciones propias de la república neocolonial capitalista dependiente tales como: alcalde, concejal, senador, representante, etc., ninguna de las cuales per se, en tanto significantes tienen mayor importancia, pero innecesarias cuando en nuestra práctica política, la más consciente y dilatada de la historia de la nación cubana hemos empleado denominaciones como por ejemplo “delegado”, haciendo homenaje a la herencia martiana, y que de emplear aquéllas constituiría una innecesaria ruptura simbólica con la continuidad de la tradición política revolucionaria que no tendría nada de novedoso.

La responsabilidad del partido

A partir del surgimiento del partido y de ponerse al frente de la sociedad cubana, y ser después legitimado ese papel en el referendo constitucional de 1976, ha sido —como sigue siendo hoy— el principal responsable de los aciertos y los errores en el proceso de construcción social de orientación socialista en nuestro país y garante principal de la cohesión política de la nación.

Por tal razón, cuando el pueblo acuda a las urnas a refrendar los cambios constitucionales, se pondrá a prueba el apoyo de la sociedad cubana al papel dirigente del Partido Comunista de Cuba.

La determinación del carácter democrático de un sistema político sobre la base de si hay o no pluripartidismo es una falacia, un falso problema que esquiva lo esencial: la participación social, el pluralismo político y la distribución justa de las riquezas. Es decir, democracia política, diversidad de puntos de vista político, formas racionales y justas de distribución de la riqueza, acceso universal a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura, derechos políticos en pie de igualdad, donde el acceso a las posiciones de representación del pueblo no esté determinado por campañas amañadas, por las presiones de intereses corporativos, por el dinero, sino por los probados méritos individuales de los nominados y elegidos por el pueblo.

El PCC —que es la forma histórica en que ha cristalizado en nuestra sociedad el eje cultural-político de la unidad nacional— sigue siendo esencial para un camino propio de construcción social y lo será mientras la propia sociedad cubana lo necesite, mientras deba enfrentar desafíos de la magnitud de los que enfrenta hoy o aún mayores.

Su condición de fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado no significa en modo alguno que el partido queda por encima de la constitución. El propio mandato constitucional significa que el partido tiene que subordinarse a la Ley fundamental en todo su accionar ideológico y político. Es la Ley fundamental la que habilita al partido en sus responsabilidades políticas como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, la primera de las cuales es la observancia estricta de los preceptos constitucionales.

Ese imperativo le impone en el presente y el futuro la necesidad de mantener una capacidad de renovación que mantenga la eficacia en el desempeño de su cometido sociohistórico, a tono con el propósito de modernización que persigue la reforma constitucional, y de trabajar por el creciente empoderamiento de la sociedad, por la ampliación de su propia democracia y de la democracia en toda la sociedad cubana.

Es poco razonable proyectar a mediano plazo la actividad partidista, sin tener en cuenta los posibles escenarios en los que se encontrará la sociedad cubana como resultado de los cambios en el orden interno y de la situación en nuestro entorno latinoamericano y caribeño e internacional en general. Los años por venir necesitarán un partido más vinculado con la sociedad, en especial con los hombres y mujeres trabajadores manuales e intelectuales y con la juventud estudiantil, que son los sectores más activos y enérgicos, nutrirse de la inteligencia y vitalidad del pueblo, a la par que establecer vínculos de diálogo e interacción sólidos, fluidos y permanentes, basados en el principio explicado por Fidel acerca de que es en el pueblo donde se concentra la mayor sabiduría y es el pueblo el gran maestro de los revolucionarios.

El partido es parte de la sociedad, su papel es velar por estimular el pensamiento, la creatividad, los análisis, ocuparse de mediar positivamente en el constante diálogo nacional, es responsable por  la correcta interpretación del consenso y por elaborar su síntesis, por la orientación de las energías sociales, es el principal garante de la democracia socialista, de la plena participación ciudadana, del poder político del pueblo trabajador, le corresponde promover el ideal socialista y velar por su necesaria renovación a tono con los cambios pautados por el desarrollo de la sociedad.

Lo que legitima y a la vez fortalece el papel dirigente superior del partido es su capacidad para cultivar, articular e interpretar cabalmente el consenso ciudadano, su aplomo y luz larga para escuchar cualquier criterio por contrario, peregrino e impropio que pueda parecer. El partido debe ser siempre la encarnación viva de la democracia socialista.

El PCC es sin duda la entidad política del país que cuenta con la mayor experiencia, organización, disciplina y capacidad para conducir, como establece la Constitución, los destinos de la sociedad y del Estado. Pero hay síntomas que revelan la necesidad de una reflexión acerca del papel del partido en las actuales y futuras condiciones económicas y políticas de la sociedad cubana.

El partido ha sido el principal impulsor y coordinador de los Lineamientos que han comenzado a cambiar la visión de la construcción económica, ha promovido —a través de la conceptualización— una visión más idónea del ideal socialista, ha establecido normas para asegurar un proceso ordenado de sucesión generacional apoyando la promoción a posiciones importantes en la actividad política y gubernamental a nuevos líderes, pero no ha sometido a una rigurosa revisión la práctica del centralismo democrático, no ha balanceado cuánto de democracia y cuánto de centralismo hay en su funcionamiento y los resultados positivos o negativos de su realización en la práctica. Hacerlo redundará sin dudas en su desarrollo y fortalecimiento y con ello el de toda la sociedad.

El día después

Hay todavía un largo camino. La tarea no termina con el referendo, sino que realmente comienza cuando sea aprobada por el voto libre de la ciudadanía la nueva constitución. En lo inmediato se imponen transformaciones necesarias de actuales leyes y decretos y   la eventual aprobación de otros, lo que requerirá también de una activa participación ciudadana. Pero también, y es de elemental honestidad reconocerlo, los cubanos no somos precisamente un ejemplo de educación jurídica. La tarea que tenemos por delante requiere de todos un esfuerzo especial para conocer con el mayor detalle la nueva constitución y después para pensar nuestra actuación no solo desde una perspectiva ideológica y política, sino también jurídica.

Una vez aprobada deberemos ser sus celosos depositarios y cumplidores, en primer lugar, la ciudadanía en general, los medios de comunicación social, el Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales y profesionales, todo el que detenta una responsabilidad social o política, en particular los encargados de velar por la correcta aplicación de las leyes.