Por Francisco Arias Fernández
Medios de prensa internacionales han documentado la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Nacional Democrático (NDI), así como sus subcontratistas o filiales, que venían trabajando meticulosamente en reinventar el “nuevo liderazgo”, colándose o infiltrándose, selectivamente en sectores clave de la economía, la juventud, los estudiantes, medianos y pequeños empresarios, grupos ambientalistas, feministas, entre otros, para socavar las bases de apoyo al gobierno de Nicaragua.
Resulta muy revelador que el 16 de abril del presente año, montado en el mismo guión de los congresistas anticubanos que promovieron la guerra económica con la “Nica Act” en 2016, el administrador de la USAID, Mark Green, anunciara que su gobierno continuará apoyando la participación “libre, segura y genuina” de la sociedad civil nicaragüense, tras manifestar que “Estados Unidos sigue con preocupación el cierre de espacios democráticos en Nicaragua, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la propagación de la corrupción del gobierno del designado presidente Daniel Ortega”.
“Nuestra máxima prioridad es empoderar la participación libre, segura y genuina de las organizaciones independientes de la sociedad civil, cuyos miembros arriesgan sus vidas en la búsqueda de la transparencia y otros derechos y libertades fundamentales”, añadió el funcionario.
Esas declaraciones expresadas en el contexto de la última cumbre de las Américas en Perú, tenían lugar tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender la ayuda a Nicaragua a través de la USAID, propuesta para el próximo período fiscal 2018-2019.
Además un mes antes los congresistas, Ileana Ros-Lehtinen, Eliot Engels y Albio Sires, enviaron una carta al administrador Green, en la que instan al gobierno estadounidense a revertir la decisión de cero ayuda a Nicaragua. Sin embargo, le exhortaron a “evitar apoyo a miembros del sector privado vinculados en corrupción, lavado de dinero y con el régimen de Daniel Ortega”.
A finales de 2008, medios de prensa señalaban que la USAID había desembolsado ese año en Nicaragua por lo menos un millón de dólares a ONG, emisoras de radio y organismos políticos como el Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO), para “incidir” en las elecciones municipales.
Se denunció en aquel momento que este financiamiento, encubierto como “pequeñas donaciones”, que supuestamente no debían exceder cantidades mayores a los 25 000 dólares, formaban parte del plan de gran escala que financiaba Estados Unidos y que ejecutaban desde esa fecha los agentes internos de la derecha nicaragüense para derrocar al gobierno del Presidente Daniel Ortega.
Añadía la información que la estrategia mediática de entonces, montada para confrontar al gobierno sandinista desde los medios de comunicación, se ejecutaba a través de dos vías de financiamiento: una dirigida por USAID y el organismo CASAL & Asociados (C&A) y otra, complementada por el llamado Fondo Común, de los europeos, los cuales se emplearon para desplegar campañas y movilizaciones para desestabilizar al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
En aquel paquete de financiamiento encubierto destinado a los medios de comunicación destacaban además las emisoras Radio 15 de Septiembre y Radio Corporación, así como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entidades que se habían caracterizado por sus críticas destructivas a la administración del Presidente Daniel Ortega y su abierto respaldo a manifestaciones, protestas callejeras y campañas internacionales en contra del gobierno constitucional elegido por el pueblo en 2006.
Ya en 2008, medios de prensa nicaragüenses habían identificado al menos 14 proyectos subversivos de la USAID que estaban en marcha en todo el país, con las más disímiles coberturas y títulos que se habían beneficiado del citado financiamiento: “Participación ciudadana en el proceso electoral”, “Incubando una cultura de transparencia en la juventud nicaragüense”, “Capacitación a jóvenes estudiantes de comunicación para producir historias que promuevan la auto-eficacia”, “Multimedia para la gobernabilidad democrática”, “Fortalecimiento de derecho ciudadano de mujeres y jóvenes de Masaya”, “Marco Jurídico de la Acción Ciudadana para periodistas” y “Participación activa de los ciudadanos nicaragüenses en su derecho al voto”, entre otros.
Una parte significativa del andamiaje estadounidense actual es el Instituto Nacional Democrático (NDI), un instrumento para el “cambio”, otro hilo de la CIA que se encarga del tan mencionado “empoderamiento” de los denominados “agentes para el cambio” (político y de sistema) de los países donde los gobiernos no son del agrado de Washington. Su presidenta es la experimentada en esos menesteres Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos.
Sobre la “asistencia” del NDI en Nicaragua se expresa en su página web: “Para asegurar que la próxima generación de líderes estará equipada para gobernar de manera democrática y transparente”, desde el 2010 el NDI se ha asociado con universidades nicaragüenses y organizaciones cívicas para conducir un programa de liderazgo juvenil que ha ayudado a preparar más de 2,000 líderes juveniles actuales y futuros en todo el país. El NDI también ha contribuido a los esfuerzos de Nicaragua de aumentar la participación política de las mujeres e iniciativas para disminuir la discriminación contra las personas LGTB, así como compartido las mejores prácticas para el monitoreo de procesos electorales.”
Del año 2015 en adelante las agencias de Estados Unidos ampliaron su “apoyo” a Nicaragua, sobre todo por medio de cursos de liderazgo y dinero para los jóvenes en las universidades, escuelas, ONGs y partidos políticos. Se han priorizado las organizaciones que trabajan con movimientos feministas y mujeres, derechos humanos y el medio ambiente, para organizarlos como estructuras alternativas y utilizarlos en tratar de derrumbar el gobierno.
Por ejemplo, el Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ) es una organización financiada, creada y parte del Instituto Nacional Democrático. El Secretario General del MCJ, Davis José Nicaragua López, que aparece como fundador de la organización, también es coordinador del NDI en Nicaragua y activo en una serie de organizaciones similares en ese país y El Salvador.
La página web del NDI reconoce explícitamente: “El Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ) ha sido parte de un proyecto del NDI que comenzó en 2015 con el fin de expandir el liderazgo de los jóvenes y su compromiso político aportando capacitación práctica en técnicas de organización de las comunidades. Varios de los miembros del grupo son graduados del programa de Certificación en Liderazgo y Conducción Política (CLPM, por sus siglas en inglés) que el NDI ha apoyado en conjunto con las universidades nicaragüenses y organizaciones de la Sociedad Civil”.
Un periodista sueco hacía referencia el pasado 4 de junio a la gira europea que realizaban por esos días tres estudiantes de Nicaragua para recabar apoyo al complot contra el gobierno sandinista y afirmaba que al menos una de las jóvenes representa a una organización financiada y creada por los Estados Unidos. Afirmaba que Jessica Cisneros, activa en temas de integración y participación juvenil en los procesos políticos, es miembro del Movimiento Cívico de Juventudes.
Otra de las “agentes” que andaban recopilando odio para el gobierno y respaldo para el golpe, es Yerling Aguilera, de la Universidad Politécnica (UPOLI) de Managua y especialista en investigaciones sobre la revolución y el movimiento feminista, quien -según afirma el periodista sueco- también ha sido empleada y consultora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en Nicaragua, una instancia que trabaja para “el fortalecimiento de la capacidad de los actores políticos, estatales y sociales para un público mejor informado a través de servicios creativos e innovativos”. IEEPP ha recibido apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) por 224,162 dólares entre 2014 y 2017.
La NED trabaja con una serie de otras organizaciones, medios, páginas web y ONGs en la nación centroamericana. Oficialmente, su apoyo a Nicaragua anduvo por los 4,2 millones de dólares entre 2014 y 2017.
La USAID, el NDI y la NED tienen una extensa actividad en Nicaragua, con miles de activistas capacitados para “cambiar la sociedad”, cientos de ONGs, universidades y partidos políticos que reciben dinero y material para el complot, que lo han concebido no a través de las organizaciones políticas tradicionales, sino de las solapadas o fantasmas, para dar la impresión de “estallidos espontáneos” de malestar o condena, y disfrazar los verdaderos intereses hegemónicos del norte.
Tomado de Razones de Cuba
