La trágica desaparición del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo el pasado 15 de noviembre en aguas del Atlántico sur plantea dos aspectos claves: uno, la búsqueda contrarreloj cuando existe la mínima posibilidad de una “supervivencia extrema” de la tripulación y saber qué es lo que verdaderamente sucedió con la nave. La otra preocupación es saber qué estaba haciendo el ARA San Juan en el sur, ya que salió desde Ushuaia para regresar a su base en Mar del Plata.
Lo que nadie sabía, salvo algunos expertos que se dedican al tema militarización y siguen el derrotero de las maniobras de la potencia hegemónica y sus aliados en la región, entre los que se encuentra Israel (siempre el convidado de piedra que nadie menciona), es que desde el 25 de octubre llegaron a Ushuaia científicos y militares de Estados Unidos, y desde el 31 de octubre estaban en el lugar una nave y aviones de la NASA.
Esto surgió a la luz pública cuando nos enteramos de que fue un avión de la Nasa el que partió desde Ushuaia en los primeros vuelos de observación de la zona donde habría desaparecido el submarino, supuestamente a 30 millas desde donde partió. También se incorporó un avión estadounidense, nada menos que de la USS Navy, en este caso la IV flota revivida para regresar a vigilar el enorme patrio trasero que para Estados Unidos es América Latina. La presencia de este buque en Ushuaia sin autorización del Congreso es ilegal.
El gobierno de Mauricio Macri logró obtener media sanción en el Senado para que pudieran entrar tropas extranjeras y buques y realizar las maniobras Cormorán a fines de octubre pasado y los primeros días de noviembre, utilizando las bases navales argentinas, como la de triste recordación Almirante Zar en Trelew y otras en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y Ushuaia.
Sin embargo, esto quedó truncado por el no debate en diputados, ya que era un tema indudablemente muy sensible, destacando que un diputado de Mendoza, Guillermo Carmona, preparó un informe sobre esta temática tan cara para la soberanía nacional.
Lo que nadie dice es que el 31 de octubre pasado, coincidiendo con esta parafernalia de buques y aviones en la zona, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó en un acto importante en Ushuaia, un acuerdo ya pactado durante 2016 con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, para la instalación del Centro de Inteligencia Criminal Regional (CICRE) en esa capital. En realidad en el primer acuerdo, el año pasado, se llamaba Centro de Inteligencia Regional, como fue publicado en su momento por la agencia oficial Télam, noticia que no apareció en ningún periódico.
El agregado “criminal” trata de evitar suspicacias. Por supuesto, Ushuaia aparece como la sede central, pero habrá “oficinas” del CICRE en todas las provincias, algunas ya inauguradas en silencio por Bullrich. Ese acuerdo forma parte del plan de regionalización de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, supuestamente para desarticular organizaciones criminales, y en esto va el combate al terrorismo y otras con las consecuencias graves que viviremos.
¿Será por eso que se cerraron tantas industrias y se despobló Tierra del Fuego? ¿Quiénes serán los asesores, seguramente extranjeros? Lo cierto es que el 31 de octubre de 2017 hubo muchos funcionarios gubernamentales en la isla. ¿No vieron la llegada de los buques de la NASA? ¿No vieron el movimiento inusual en la región?
¿Será que el CICRE es el primer paso hacia la base militar que proyecta Estados Unidos, por lo cual varios medios del poder hegemónico piden –como las ranas la lluvia–, la ayuda norteamericana, tan “importante” y humanitaria, como dijo el presidente Donald Trump, en relación a la búsqueda del submarino, no sin cierto desdén?
¿Y si pensaron los ingleses que la tripulación de este submarino había visto demasiado? De ahí que las redes estén invadidas de suposiciones y denuncias sobre que se trató de un torpedo o un “accidente” en medio de unas maniobras. Imposible para muchos no asociar esto con el tema Malvinas.
Se dijo que el submarino salió al aire para informar sobre un problema de baterías el mismo día de su desaparición. Si se informó de la dificultad, ¿por qué no se lo hizo regresar al lugar desde donde salió? Ya pasando los días, y con la imagen desoladora de los familiares de los tripulantes, se informó que se había detectado una explosión por parte de la Comisión para el Control Integral y de Pruebas Nucleares, de Viena, Austria, mediante dos sensores, ubicados en los océanos Indico y Atlántico Sur, lo que fue comunicado al gobierno por el embajador argentino en ese país, conociéndose recién ocho días después de la búsqueda. Estados Unidos aseguró que ellos sabían lo mismo. ¿Cuándo lo supieron y cuándo lo comunicaron?
Pero, además, deberán responder si se estaban realizando las maniobras Cormorán y por qué vinieron tantos Galaxy, que transportan enormes equipos de guerra, además de los aviones de otro tipo que trajeron material para la búsqueda. La pregunta es si lo que transportaron algunos aviones serviría para la instalación de la base militar que negoció desde el año pasado el Ministerio de Defensa.
La desconfianza está en todos los sectores sociales. Si a esto se le agrega la militarización de ese riquísimo territorio despoblado de la Patagonia, cuyo mapa nos revela que sus mayores extensiones corresponden a extranjeros, poderosos capitales británicos, estadounidenses, e israelíes, y luego en segundo lugar los testaferros y grandes terratenientes de la vieja oligarquía beneficiada por el reparto corrupto de la tierra robada a los pueblos originarios: mapuches, tehuelches, patagones y otros en la genocida campaña del Desierto.
Ahora estamos viendo el segundo genocidio de los sobrevivientes y lo que se está aplicando a los mapuches es una guerra contrainsurgente, donde las fuerzas de seguridad se están preparando para la represión contra todo nuestro pueblo, que está siendo acorralado por un gobierno cuyos funcionarios, desde el presidente y todos los ministros, pertenecen a fundaciones y ONGs, que dependen de las fundaciones madres creadas por la CIA. Estas, como la NED, USAID y otras, invadieron silenciosamente nuestros países, lo que está documentado, como lo está el avance día por día de la militarización regional en el proyecto de recolonización de Nuestra América, para ejercer el control definitivo de los enormes recursos naturales y reservas. Los asesinatos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, son nada más y nada menos, que la eliminación de la primera y pequeña muralla de la resistencia indígena, apenas con palos y piedras.
Los que están entregando la patria hablan de Constitución y ley y mienten sin ningún reparo, amparados por los sembradores de odio de sus propios medios de comunicación, periodistas que han dejado de serlo, para ser operadores siniestros como un mercenario cualquiera, de los llamados ejércitos privados.
Lo cierto es que hoy distintos analistas denuncian la instalación de bases en Comodoro Rivadavia, camuflados como Comandos de Rescate, pero que en realidad son unidades de ataque y ocupación que están ingresando con aviones de gran porte como se ha comprobado en días recientes. El Congreso nunca autorizó esta ocupación, de la que deberán dar cuenta porque del destino soberano e independiente del país se trata. Palabras que los gerentes no entienden.
