Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca restablecer el pleno acceso de la agencia The Associated Press (AP) a la cobertura de actos presidenciales, basándose en la Primera Enmienda de la Constitución para asegurar que el Gobierno no pueda castigarla por el contenido de su discurso.
Trevor N. McFadden, juez federal de distrito designado por el presidente Donald Trump, dictaminó que el Gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. La decisión de McFadden, aunque es una medida cautelar preliminar, representa gran victoria de la AP en un momento en que la Casa Blanca ha estado desafiando a la prensa en varios niveles.
“En virtud de la Primera Enmienda, si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar— no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista”, escribió McFadden, según recoge una nota publicada en el sitio www.spectrumnoticias.com
De momento se desconoce si la Casa Blanca tomaría medidas de inmediato para poner en vigor el fallo de McFadden. El juez aplazó la implementación de su orden por una semana, dando tiempo al Gobierno para responder o presentar una apelación. Poco después del fallo, a un reportero y un fotógrafo de la AP se les negó unirse a una caravana con el grupo de prensa de la Casa Blanca para cubrir la aparición de Trump ante el Comité Nacional Republicano del Congreso.
Desde el 11 de febrero, a la AP se le ha impedido formar parte del pequeño grupo de periodistas que cubren a Trump en el Despacho Oval o a bordo del avión presidencial y solo esporádicamente ha tenido acceso a coberturas en actos en la Sala Este.
La nota de www.spectrumnoticias.com incluye la declaración de Lauren Easton, portavoz de AP, quien manifestó satisfacción con la decisión del tribunal: “El fallo de hoy ratifica el derecho fundamental de la prensa y del público a hablar libremente sin represalias del Gobierno. Esta es una libertad que la Constitución de Estados Unidos garantiza para todos los estadounidenses”.
En tanto, la agencia publicó en X: “Associated Press logra su reincorporación a los eventos de la Casa Blanca luego de que un juez dictaminara que el Gobierno no puede prohibir la entrada a sus periodistas, citando la Primera Enmienda”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue nombrada en la demanda, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios. En la querella presentada el 21 de febrero, AP demandó a Leavitt; a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, y al subjefe de despacho Taylor Budowich.
Trump ha sido muy agresivo con los medios. La Comisión Federal de Comunicaciones tiene demandas abiertas contra ABC, CBS y NBC News, su Gobierno ha intentado cortar fondos para servicios de noticias gubernamentales como Voice of America y amenaza con retirar financiación para emisoras públicas como PBS y NPR por ser supuestamente demasiado liberales en sus coberturas.
La AP le había pedido a McFadden que decretara que Trump había violado el derecho constitucional de la agencia a la libertad de expresión al castigarla porque no estaba de acuerdo con las palabras que utilizan sus periodistas. Anteriormente, el juez había rechazado la solicitud de la AP de revocar los cambios mediante una orden judicial.
Dado su amplio alcance, la AP ha sido incluida por tradición en la cobertura presidencial en lugares como el Despacho Oval o el avión presidencial. McFadden advirtió que su fallo no necesariamente significa que los retomará, pero aclara que “… tampoco puede recibir un peor trato que las agencias competidoras”.
La decisión del juez no prohíbe que funcionarios del Gobierno elijan a qué medios dar entrevistas o elegir qué preguntas deciden responder en una conferencia de prensa, sin embargo Katie Fallow, directora adjunta de litigios en el Instituto Knight, afirmó que se trata de “una decisión importante”. Fallow celebró que “La Primera Enmienda significa que la Casa Blanca no puede prohibir a los medios de comunicación cubrir al presidente simplemente porque no repiten su lenguaje preferido”.
Desde el inicio de la disputa con la AP, la Casa Blanca ha tomado medidas para controlar quién cubre al presidente en eventos más íntimos e incluso dónde se sientan los periodistas durante las conferencias de Leavitt.
La raíz del conflicto está en el poder de la palabra: las decisiones de la AP sobre los términos que utiliza en sus reportes son seguidas por periodistas y otros escritores en todo el mundo a través de su manual de estilo. La agencia subrayó que seguiría usando Golfo de México, como se le ha conocido al cuerpo de agua durante cientos de años, aunque también destaca la decisión de Trump de cambiarle el nombre a Golfo de Estados Unidos (América, como suele identificarse allá a ese país). Ante el capricho de Trump, los medios han usado diferentes enfoques y no faltan los que evitan el problema por completo y optan por llamarlo únicamente el “Golfo”.
Julie Pace, directora ejecutiva de la AP, escribió en un editorial para The Wall Street Journal: “Para cualquiera que piense que la demanda de The Associated Press contra la Casa Blanca del presidente Trump es sobre el nombre de un cuerpo de agua, piensen en un panorama más amplio. Realmente se trata de si el Gobierno puede controlar lo que dices”.
Donald Trump ha menospreciado a la agencia, fundada en 1846, al definirla como un grupo de “lunáticos radicales de izquierda” y avisó que “los mantendremos al margen hasta que acepten que es el Golfo de Estados Unidos”.
Imagen de portada: Mapa Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
