En lo que ya se considera una de las iniciativas regulatorias más audaces del mundo digital, el gobierno australiano prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, medida impulsada por el primer ministro Anthony Albanese para frenar el impacto creciente de plataformas como TikTok, Instagram y X sobre la salud mental de niños y adolescentes.
La legislación fue aprobada en noviembre de 2024 y pretende “proteger a los jóvenes, no castigarlos o aislarlos”, según dijo en esa fecha la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, quien denunció que esas plataformas exponen a los usuarios a contenidos extremos que van desde la violencia a los trastornos alimentarios. Entrará en vigor el próximo 10 de diciembre y coloca la responsabilidad de control sobre las empresas tecnológicas, no sobre los usuarios.
“Quiero verlos jugando, conversando entre ustedes, en lugar de estar todo el tiempo en los dispositivos”, expresó Albanese frente a un grupo de estudiantes en un programa infantil de noticias. A pesar de su radicalidad, la disposición ha conseguido un inusual consenso político en el país.
Una nota del sitio www.infobae.com firmada por Mirko Racovsky refiere que la ley impondrá sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 31 millones de dólares estadounidenses) a compañías como TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook o X si no verifican efectivamente la edad de sus usuarios.
¿El argumento? Que desde la expansión masiva del internet móvil, en 2010, las cifras sobre salud mental infantil reflejan un deterioro profundo. En Australia, las hospitalizaciones por salud mental aumentaron un 81 por ciento en adolescentes mujeres y un 51 por ciento en adolescentes hombres en la última década, mientras estudios internacionales muestran tendencias similares, con alzas alarmantes en depresión, ansiedad y autolesiones.
Un informe reciente de la comisionada australiana de seguridad digital reveló que el 80 por ciento de los preadolescentes utiliza redes sociales. En Estados Unidos, el 46 por ciento de los adolescentes afirma estar “casi constantemente” en línea y en el Reino Unido -donde se plantean algún instrumento legal similar al australiano- uno de cada cuatro niños entre 5 y 7 años tiene su propio smartphone.
Otro ejemplo: solo en 2023, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos reportó 36,2 millones de denuncias por explotación sexual infantil en línea.
El caso de Charlotte O’Brien, niña de 12 años que se quitó la vida tras recibir un mensaje hostil en Snapchat, se convirtió en el rostro más trágico del debate. Su familia, convencida de que la legislación podría haber salvado su vida, fundó el movimiento 36 Months, que exige fijar la edad mínima para acceder a redes sociales en 16 años.
Según sus padres, Charlotte, brillante y extrovertida, alternaba momentos de euforia con episodios de aislamiento tras el uso del móvil. La confiscación del dispositivo derivaba en cambios de ánimo abruptos, compatibles con síntomas de adicción, y su última noche, tras una cena alegre, recibió un mensaje anónimo que precipitó su suicidio.
La propuesta de ley australiana ha sido recibida con entusiasmo tanto por el oficialismo como por la oposición en un país profundamente dividido en temas energéticos o fiscales que muestra sin embargo consenso sobre la protección infantil ante las redes.
No obstante, también aparecieron críticas de empresas como Meta y TikTok, que cuestionan la falta de consultas abiertas y señalan inconsistencias en la normativa, como la aparente exención de YouTube. Por su parte, expertos en salud mental advierten que una prohibición rígida podría empujar a los menores a plataformas aún menos seguras y más difíciles de monitorear.
De ese mismo lado de las objeciones, un grupo de 140 profesionales firmó una carta abierta calificando la medida como “demasiado burda” para abordar los riesgos reales de forma eficaz.
La legislación australiana no persigue prohibir las plataformas ni de confiscar dispositivos, sino forzar a las compañías a desarrollar mecanismos efectivos de verificación de edad. Entre las soluciones posibles se estudia el empleo de herramientas basadas en inteligencia artificial como el análisis facial o de señales manuales.
La nota de www.infobae.com afirma que el enfrentamiento con las tecnológicas ha sido directo. Nada menos que Elon Musk -todo una ironía tratándose del hombre del saludo polémico- calificó la política de “fascista”, en tanto Albanese le respondió llamándolo “millonario arrogante”. La tensión se suma a otros roces entre Canberra y Washington, como las tarifas impuestas por EE.UU. a exportaciones australianas o las críticas al intento de obligar a Google y Meta a pagar por noticias.
Si la restricción por edad se implementa con éxito, otros países podrían seguir el ejemplo rápidamente. Francia pidió a la Unión Europea que actúe al respecto con urgencia, mientras en Estados Unidos el proyecto bipartidista “Kids Off Social Media Act” busca limitar el acceso a menores de 13 años y restringir la publicidad dirigida a menores de 17.
Los padres de Charlotte O’Brien consideran que la medida podría evitar que otras familias vivan el mismo dolor. “Estoy convencida de que, si esta ley hubiera existido el año pasado, Charlotte seguiría viva”, afirmó su madre, quien agregó: “Y aunque no la salvamos a ella, quizás ayudemos a salvar a otros”.
Imagen de portada: Tomada de gaceta.unam.mx.
Bien