¡Y se hizo la luz, con la Ley, de Comunicación!

Su publicación este miércoles 5 de junio en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, con las normas reglamentarias correspondientes, da inicio al período de 120 días para que entre en vigor la histórica Ley de Comunicación Social aprobada el 25 de mayo de 2023 en la décima legislatura del Parlamento Cubano.

En una conferencia de prensa dedicada al acontecimiento, en la sala Che Guevara, del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, afirmó que los periodistas nos sentimos, más que constructores de ella, beneficiarios de esta Ley.

«Desde los años ’80 del siglo pasado la UPEC discutía la importancia de disponer de un instrumento legal de esa naturaleza y algunos colegas trabajaron en propuestas de Ley (solo de prensa, entonces, no de comunicación), así que ahora disponemos de una que recoge las luchas del gremio en muchos años», señaló.

Acompañado en el panel por Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del IICS y miembro de la comisión redactora de la Ley; Humberto Fabián Suárez, miembro de esa comisión y presidente del Consejo de la Marca País; y Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), Ronquillo apuntó que el inédito instrumento se establece justamente en medio del más agudo ámbito comunicacional, con una agresividad imperial crecida.

También el presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, asistió a la conferencia de prensa.

«Esta Ley —agregó Ronquillo— es la sombrilla para la transformación del sistema de comunicación y de prensa públicas en Cuba. Sin ella no hubiéramos avanzado en los proyectos de cambio como el experimento de modelos de gestión editorial, económico y tecnológico que ya ejecutan 17 medios de todo el país».

A juicio de Ronquillo, la Ley aporta a la concepción democrática del modelo socialista cubano y se distingue en el mundo porque ubica a la prensa como parte del sistema de control popular y social de toda gestión, con el centro en el ser humano.

El primer ponente del panel había sido Onelio Castillo Corderí, quien ofreció un brillante resumen de la Ley y su andadura previa por toda la sociedad cubana. «Es una jornada trascendental para la comunicación social en Cuba», sostuvo en el inicio de su intervención.

El vicepresidente del IICS, una de las caras más visibles en la elaboración y construcción del consenso en torno a la Ley, resaltó la voluntad política del Partido Comunista para transformar la comunicación social y el hecho de que, con la norma (que no es solo que sea nueva: es inédita), se corona en la nación un ciclo de más de 40 años de debate profesional y académico para transformar ese escenario.

«Esto no se hubiera concluido sin el aporte de la UPEC y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y sin la contribución extraordinaria de la academia», dijo Castillo Corderí, quien insistió en la confluencia entre la academia, los sectores profesionales y la sociedad en su conjunto.

A su juicio, la Ley cumple en primer lugar el mandato político de la Constitución de la República aprobada en Cuba en 2019, con amplia participación popular, de ahí que sea un instrumento con espíritu de diálogo social. Ello se corresponde con el hecho de que más de 7000 cubanos de disímiles sectores y perfiles participaron en los debates presenciales para la construcción de la Ley.

«No es, por tanto, una Ley gremial, sino una de toda la sociedad que regula la gestión integrada de comunicación en lo mediático, lo organizacional y lo comunitario», concluyó.

Humberto Fabián Suárez, miembro de esa comisión y presidente del Consejo de la Marca País, se centró en detalles de las normas complementarias. El Decreto 102 para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, por ejemplo, es un instrumento inédito en los últimos 70 años, en tanto el más reciente de ese perfil databa de 1955, en tiempos del dictador Fulgencio Batista.

Por ello, dijo, se analizó en profundidad normas anteriores a la Revolución y se hizo un estudio de Derecho Comparado con el análisis de unos 600 instrumentos de ese perfil.

Como explicó Suárez, esta norma incorpora el campo de la publicidad y el patrocinio en el sistema de comunicación del país, todo un acontecimiento porque en 1962 había sido eliminada la publicidad en Cuba. En los años ’90 del siglo pasado esta actividad retomó cierta vitalidad, pero funcionaba sin regulaciones legales.

«Teníamos que ordenar esos códigos, conscientes de las limitaciones de nuestro mercado» y los condicionamientos que ello implica, señaló el presidente del Consejo de la Marca País. Además, refirió la decisión cubana de elaborar una Ley de Comunicación Social sin los anglicismos que prevalecen en otras del mundo y con la ponderación del impacto de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial.

La presidenta de la Asociación Cubana de Comunicación Social (ACCS), Rosa María Pérez Gutiérrez, señaló que su gremio recibe la Ley con regocijo y responsabilidad y recordó que, próxima a cumplir 33 años, esa organización dio los primeros pasos, en la etapa revolucionaria, en materia de publicidad.

«Nos tocó mantener la defensa de la Revolución y crear un campo profesional novedoso», dijo. En su opinión, ahora corresponde el compromiso profesional de legitimar este campo en los procesos de comunicación.

«Esta Ley es un tributo —agregó— a un Gobierno revolucionario con enfoque inclusivo. Nos exige más acciones de superación e implica los campos profesional y educativo. Tenemos que atender a los preceptos de saber hacerlo bien y saber hacerlo saber».

En un último debate entre diputados, directivos de los medios y especialistas de múltiples campos, la Ley de Comunicación Social había sido previamente aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 25 de mayo de 2023, en sesión extraordinaria.

Entonces, también Esteban Lazo Hernández, líder parlamentario cubano, elogió que la creación de la norma fuera resultado de un riguroso proceso de construcción colectiva que llevó a profesionales y expertos, escuchado el parecer de la población, a formular 34 versiones del documento.