El último artículo publicado en 2024 por el autor en Cubaperiodistas se situó “a las puertas de otro Primero de Enero”, y el de hoy aparece cuando esas puertas ya han quedado atrás. Pero los une mucho más el contenido que los hitos cronológicos.
No hay aquí espacio ni para un somerísimo resumen del primero, que puede consultarse en la red; pero es pertinente insistir en los sesenta y seis años que el proyecto cubano lleva contrariando a fuerzas que, más que vaticinar su derrocamiento, han puesto en tensión poderosos recursos para provocarlo. Entre ellos sobresale, por su persistencia y alcance, el criminal bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Que frente a esa realidad Cuba haya sido capaz de resistir, lo explican la historia en que se fundamenta como nación, y el apoyo del pueblo. Seguir mereciendo ese respaldo es el mayor reto para su proyecto revolucionario, por razones obvias, que recuerdan la vigencia de algo que José Martí afirmó en “Crece”, artículo publicado en Patria el 5 de abril de 1894 y vale repetirlo. Sin poner calificativos a lo que puede ser ambicionado o querido, escribió: “Lo que un grupo ambiciona, cae. Perdura, lo que un pueblo quiere”.
Más como realidad que como el hecho simbólico que también es, apúntese que la terminación de 2024 fue inmediatamente precedida por dos hechos fundamentales para el tema: el IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En ambos encuentros se analizó la marcha del país, el estado en que este llegaba y planes concebidos para salvar y reforzar lo ya logrado y alcanzar nuevas metas.
Ahora no es menester recapitular lo derivado de esas reuniones, que fueron seguidas por la prensa y por la atención popular. No era para menos: en ellas se trataron problemas fundamentales de la nación, empezando por una economía lacerada por los efectos brutales del bloqueo y de otros factores desfavorables, internacionales e internos.
Ante todos ellos resulta indispensable actuar con creatividad y presteza, pero sin improvisaciones, que difícilmente podrían superar las desventajas de un país asediado por un enemigo poderoso, y vencer los afanes de edificar un sistema económico y social que aún no se ha consumado plenamente en ningún lugar del mundo. Carece, por tanto, de la experiencia acumulada por el capitalismo, y que no sería sano proponerse imitar.
Los déficits de la economía cubana tienen consecuencias severas. No cabe menospreciar los obstáculos que ellas acarrean contra las que, junto a la soberanía del país y la dignificación del pueblo, se han reconocido como conquistas fundamentales de la Revolución: las alcanzadas en la educación y en la salud, y en los deportes, que han constituido la mejor ofensiva contra la falaz y sañuda propaganda enemiga.
Pero hay en particular un rubro de significado vital en términos prácticos y decisivos: la producción de alimentos, que no tributa solo a la soberanía alimentaria, sino a la supervivencia de la población. Una de las causas que han propiciado las carencias en ese frente radica en la descampesinización del país, y tiene en su origen uno de los mayores logros de la Revolución: el fomento sin precedentes de la educación pública, lo que no es precisamente para avergonzarse.
Gracias a la educación masiva, buena parte de la ciudadanía que se habría perpetuado en la condición de campesinos, de trabajadores agrícolas, se preparó y nutrió las fuerzas profesionales de la nación, y algo similar sucedió en otros sectores. Se habla de las mismas fuerzas gracias a las cuales se alcanzó, entre otras cosas, el nivel de desarrollo científico que se ha hecho notar, por citar un solo ejemplo entre los más rotundos, en el enfrentamiento, con vacunas incluidas, a la covid-19.
Habrá otras causas de la aludida descampesinización, y de la baja productividad en general del país. La nación cubana viene de una sociedad donde la abolición formal de la esclavitud —un crimen que lastra a víctimas y a victimarios— cumplirá apenas ciento cuarenta años en 2026. Sería buen motivo para visitar o revisitar las memorias de José Antonio Saco sobre la vagancia en Cuba, y para recordar que la abolición de la esclavitud no debe confundirse con la abolición del trabajo.
Pero nada autoriza a desconocer que urge aumentar la cantidad, la calidad y la diversidad de alimentos que la población reclama y necesita, y bregar para que sus precios no sean abusivos. Eso explicará la incipiente medida de entregar tierras —con la norma de no comprometer la integridad ni la soberanía del país— a productores extranjeros. Se empezará, de momento por tres años, con vietnamitas, que representan a un pueblo del cual va siendo un lugar común decir que aprendió a cultivar café con Cuba, y ya lo exporta.
Esas relaciones exigirán mantener y reforzar, o crearlas, medidas de control contra la corrupción, una batalla en la que hasta ahora no parece haberse logrado la efectividad necesaria. Y esa efectividad es imprescindible aunque no hubiera elementos foráneos actuando en el país, donde es necesario lograr, junto con alimentos y otros bienes materiales, mejores hábitos de trabajo, y su correspondiente remuneración.
Conforta que en uno de los discursos fundamentales de las reuniones con que terminó 2024 se haya dicho claramente algo que expresa una demanda popular y de buen sentido común: no se debe poner en práctica ninguna iniciativa sin que la precedan y acompañen las normas que calcen su legalidad, su funcionamiento y sus buenos resultados. No todo podrá preverse a tiempo, y urge actuar con celeridad y tino, por lo que se debe tener el propósito de poner los parches antes de que salgan las heridas.
Se trata de una política básica, en la cual, por distintos motivos, hace pensar el rápido florecimiento de las MIPYMES. ¿Cómo olvidar el risueño entusiasmo del funcionario que decía y repetía que ellas no eran parte del problema, sino de la solución? A estas alturas no parece estar muy clara la proporción entre solución y problema, ni entre entusiasmo y sensatez, para no ir más lejos.
Algún tiempo después de puestas en marcha esas formas de privatización, se vio que empezaron a trazarse controles que debían haberse establecido antes. Eso dio pie a deformaciones e ilegalidades, y argumentos propagandísticos para quienes en todo buscan dañar al país.
Pero todavía hay indicios de que esa liebre sigue saltando. En el mismo discurso citado donde se aseguró que las decisiones que se tomen deben incluir las correspondientes medidas de control, también se anunció que el país aplicaría —más bien retomaría, vale decir— una “dolarización parcial” como recurso ineludible para captar divisas que ahora se escapan por caminos tortuosos.
Aún estaba fresco el anuncio cuando empezó a funcionar en la capital una tienda que es adelanto de esa línea, y los hechos muestran algo que no es como para dormir tranquilo: para la calderilla de los vueltos que allí se debe dar a clientes que pagan en dólares, lo que se había planeado usar eran (son) caramelos, chucherías.
Aunque haya suscitado burlas variopintas en intenciones y contenido, ese detalle está lejos de ser lo más importante. Lo fundamental sigue siendo el uso de una moneda —y no cualquiera— que no es en la que el pueblo trabajador recibe sus salarios. Y también es parte de lo fundamental el crecimiento de las desigualdades: no nacieron con la dolarización, pero con ella se intensifican, y son contrarias a ideales de justicia que si no deben caer en el afán de igualitarismo, mucho menos deben permitirse renunciar a la búsqueda de equidad. Además, el peor agravamiento de las desigualdades puede vincularse con la corrupción y con una inflación que maltrata dolorosamente al pueblo.
Por muy necesaria que sea o se estime que es, la dolarización resulta compleja y hasta dolorosa. Se explican los diversos modos de reaccionar ante ella, por parte del pueblo en primer lugar, y también de voces que se expresan en medios públicos de comunicación. No es casual que —con una prensa nacional que no acaba de despegar como se espera, pese incluso a leyes aprobadas con ese fin— esas expresiones aparezcan en órganos provinciales, que suelen ser particularmente creativos y audaces.
No se citará aquí el muy atendible artículo de Elsa Ramos en Escambray, de Sancti Spíritus, que ha tenido amplia circulación. Está asimismo la entrevista, que este articulista no ha localizado en las redes, hecha por Yuzdanis Vicet Gómez al economista Víctor Luis López Lescay y publicada en Sierra Maestra, de Santiago de Cuba, el 11 del mes en curso.
Ambos expresan la diversidad que se da por existente en la unidad, aunque a menudo parezca que se preferiría que no hubiera diversidad alguna y, cuando asoma, irrita. No para la Revolución, sino para sus enemigos —ya algunos de ellos lo vaticinan o sugieren que ocurra— sería motivo de fiesta que en particular al artículo de Escambray, que ponen a pelear con la entrevista de Sierra Maestra, se le aplicara algún castigo. Pero ningún castigo serviría para que en el pueblo se deje de pensar lo que se piensa. El efecto podría ser hasta contraproducente, como habrá ocurrido en casos anteriores.
Sobre las tiendas en dólares —que están lejos de ser enteramente nuevas en el país— el economista entrevistado para Sierra Maestra augura que “esta medida, desde una mirada económica, viene a resolver un gran problema estructural financiero: estrangular el mercado informal, debilitar de manera significativa a los vendedores informales de dinero, neutralizar la especulación financiera y la tasa de cambio informal, y lo más importante, satisfacer a esa parte de la población que tiene acceso a las divisas, garantizándole un mercado legal, seguro y precios competitivos”.
¡Amén!, se sienten sanos deseos de decir ante un pronóstico estimulante y que merecería consumarse, aunque recuerda las esperanzas creadas en torno al mercado en MLC. Es preocupante que sigan tomándose decisiones de las que el pueblo, que tanto respeto merece, se entera cuando ya están en curso o a punto de estarlo. Se evidencia la necesidad de fortalecer la participación del pueblo en todo lo que lo afecta, y de impedir que paren en letra muerta o comatosa las leyes aprobadas para garantizar la eficacia, con calidad y agilidad, de la comunicación social y la transparencia informativa.
Que esas leyes sean relativamente recientes habla de lo que ha costado llegar a tenerlas, y el hecho de que su aplicación no parezca tener aún la plenitud necesaria remite a la inercia acumulada en esas esferas, y a lo difícil que puede ser revertirla, como apremia hacer. Todo eso ocurre además en la estela de un proceso que, hecho con voluntad de Reordenamiento, ha dejado preocupaciones como las asociadas a las penosas pensiones jubilares de personas que, luego de haber dedicado la mejor parte de su vida a trabajar para el país, tienen que arreglárselas, en medio de una inflación galopante, con pensiones muy inferiores a los salarios devengados por quienes inician su vida laboral.
Sería insensato desear que, para no cometer errores, no se actúe, pues la parálisis sería el peor de los males. Será ineludible correr riesgos, pero “gobernar no es más que prever”, dijo alguien que no hablaba sin fundamento, y tampoco es edificante convertir en hábito la práctica de dar más pasos atrás que adelante.
