El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, medida que, para adaptarse a la era digital, actualiza una normativa de 1984 y amplía el alcance del derecho de esta reparación editorial, incluyendo por primera vez contenido falso publicado por influencers y por otros creadores con elevado número de seguidores.
Una nota del sitio eldiariodemadrid.es explica que, en adelante, el derecho de rectificación se extenderá, de los medios de comunicación tradicionales, a los usuarios de relevancia pública en redes sociales; es decir, aquellos con más de 100.000 seguidores en una plataforma o que alcancen o rebasen los 200.000 en varias de ellas.
La norma forma parte del Plan de Acción por la Democracia, dirigido a combatir la desinformación, garantizar el derecho a la información veraz y promover una mayor calidad en el debate público.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, argumentó que el objetivo es “hacer más difícil la vida de quienes se dedican a propagar bulos y mentiras, y garantizar que los ciudadanos puedan defenderse de informaciones falsas”.
La novedad principal de la disposición radica en que involucra a influencers y creadores de contenido, quienes, según Bolaños, tienen un alcance comparable al de muchos medios tradicionales. Por otro lado, establece que las plataformas deberán facilitar herramientas accesibles para que los afectados puedan solicitar rectificaciones y quedarán obligadas a avisar cuando una publicación sea rectificada y a enlazar tanto el contenido original como la corrección.
Además, se amplía el plazo para solicitar rectificaciones, de siete a diez días, y se asegura un procedimiento judicial ágil que permita la resolución en menos de diez días para el afectado que recurra a un procedimiento judicial porque se le haya negado la rectificación que solicitó.
En correspondencia con los cambios en el paisaje comunicacional, ya no será obligatorio dirigir la solicitud de rectificación al director de un medio, lo que facilita los trámites en el caso de medios digitales o cuentas en redes sociales. La nueva norma permite a familiares de personas fallecidas ejercer el derecho a rectificación si estas son afectadas por noticias falsas.
El ministro Bolaños destacó que la inclusión de los influencers en la ley responde a su impacto como “conformadores de la opinión pública” y acotó que “hay profesionales del bulo que difunden informaciones falsas con un alcance superior al de muchos medios tradicionales”.
La nueva regulación pretende poner freno a ese fenómeno, alineándose con los principios del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información y la lucha contra las fake news.
La asociación FACUA-Consumidores en Acción, una ONG sin ánimo de lucro dedicada a los derechos de los consumidores, elogió la medida, considerándola un avance para proteger el honor y el acceso a la verdad en el entorno digital; sin embargo, algunos sectores han señalado la dificultad de implementar estas medidas en un ecosistema digital globalizado, donde muchas plataformas operan fuera de la jurisdicción española.
En su nota, eldiariodemadrid.es sostiene que la ley entraña no solo un avance español, sino que también marca un precedente en Europa, al regular la actividad de los influencers.
Dada la complejidad del panorama comunicacional y las pretensiones de la herramienta legal, su implementación requerirá colaboración entre plataformas, usuarios y el Gobierno para garantizar el equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad en la difusión de información.
Imagen de portada: Rueda de prensa que dio a conocer la ley. Foto: EFE.
