El Tribunal Penal Internacional recibió el pasado 5 de agosto un informe amicus curiae —esto es, de un tercero no involucrado en el proceso— firmado por un grupo llamado High Level Military Group. El documento se dirigía a Karim Khan, el fiscal que en mayo de este año emitió un escrito en el que se pedían órdenes de persecución internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, primer ministro y ministro de Defensa de Israel. Después de exponer los detalles de una visita al campo de batalla de la mano de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI), este grupo de militares de alta graduación concluía que “la presentación de órdenes de arresto contra dirigentes nacionales israelíes no solo es, como mínimo, prematura, sino también injustificada desde el punto de vista fáctico”. Pedían de este modo carta blanca para el Tzahal, el ejército israelí, del que decían que había mitigado los riesgos sobre la población civil gazatí. En ese momento, las víctimas mortales después de diez meses de invasión en Gaza eran 39.623 personas.
Según su página web, High Level Military Group lo componen militares de países OTAN. Son cuatro generales, de los ejércitos de Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia; tres tenientes generales —entre ellos uno de los responsables de la operación Tormenta del Desierto en 1991—, generales de brigada, coroneles y un almirante español, José María Terán, que en su día sonó para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia. No obstante, la persona que firma la carta, que pretende disuadir al TPI de cualquier acción de control sobre las actuaciones del ejército israelí en Gaza, es un civil.
Rafael Bardají, director ejecutivo del High Level Military Group, es uno de los principales defensores de Israel en España. Pese a que en 2023 cesó como ejecutivo de Expal, durante la reordenación que ha tenido lugar para la integración en el gigante armamentístico Rheinmetall, el nombre de Bardají sigue siendo importante para medir la vinculación de un sector de la Defensa —entendido no solo como el ejército sino también como parte del complejo industrial armamentístico— con la escalada que tiene lugar en Oriente Próximo. Fundador del Grupo de Estudios Estratégicos, Bardají es un halcón de la guerra, según la definición canónica de los individuos que abogan por promover o sostener conflictos en lugar de buscar salidas diplomáticas.
Días después de la carta formal a Khan, Bardají firmaba con el coronel británico Richard Kemp un artículo de batalla frontal contra el Tribunal Penal Internacional: “Estados Unidos debería sancionar a la Corte Penal Internacional”, se titula, y establece una línea emergente de pensamiento a la contra del derecho internacional vigente: “La única manera de enfrentarse a estas bandas terroristas sedientas de sangre [en referencia a Hamás] es mediante la fuerza militar, no mediante demandas judiciales dictadas por la CPI”.
La narrativa de Bardají y Kemp remite a las señales enviadas por el expresidente José María Aznar, que esta misma semana ha criticado a la administración de Joe Biden por intentar “disuadir” a Israel de tomar algunos de los pasos en su escalada bélica contra Irán y Líbano. Son pasos como los ataques a infraestructuras nucleares o el ataque a campos petrolíferos. Para Aznar, “si Israel fracasase, habría zonas del mundo muy comprometidas”.
“Si Israel no gana —añadía—, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa”.
Aznar y Bardají comparten algo más que un ideario. El segundo fue, entre 1996 y 2004, asesor ejecutivo de la presidencia de Aznar. Su ascenso tuvo lugar durante el inicio de la “guerra contra el terror” derivada de los atentados contra Estados Unidos en 2001. Desde entonces, se ha integrado en el Special Operation Forces HQ de la OTAN, ha asesorado a las fuerzas armadas y los servicios secretos españoles —pero también a empresas como Repsol—, y es miembro del poderoso lobby militarista Atlantic Council así como del Jerusalem Centre for Public Affairs, think tank israelí especializado en política exterior.
Juntos, Aznar y Bardají promovieron la iniciativa Friends of Israel, en cuya imagen de portada aparece el propio expresidente español y que aglutina a representantes de la gorilada latinoamericana, a los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) o Luis Alberto Lacalle (Uruguay), a un ramillete de exmandatarios de la derecha atlántica y a John Bolton, exasesor de Donald Trump, nacionalista estadounidense acérrimo y partidario de políticas de mano dura con respecto a Irán, Libia, Cuba o Venezuela. El 2 de octubre de 2024, Bolton lanzaba una especie de programa de máximos: “Israel debería destruir el programa de armas nucleares de Irán. Hay muchas otras cosas que también podrían destruir, como las instalaciones de carga de petróleo, las bases y cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria y los activos de misiles balísticos”, explicaba.
Como es sabido, en sus ratos libres, Bardají —a quien se comenzó a reconocer en España debido a sus contactos con Vox y a la famosa fotografía de un encuentro con Steve Bannon, ideólogo de la alt right y cheerleader del Trumpismo 1.0— se dedica a retuitear contenidos en X (Twitter). Tuits con noticias de dudosa credibilidad y factura, redifusión de contenidos de comentaristas ultra como Capitán Bitcoin, y montajes fotográficos cutres forman parte de la dieta.
Entre estos últimos se encuentra una imagen de la cuenta Ministerio de la Verdad (30.000 seguidores en X) con más de 15.000 “me gusta”. En ella se ve una presa (Israel), que comienza a resquebrajarse ante la presión del agua (Islam Radical), lo que amenaza un aparente espacio de bonanza (Europa). El meme resume los argumentos fundamentales que se difunden principalmente por parte del lobby sionista en la Unión Europea. Otra narrativa habitual de los trolls es que quien refute esa idea se convierte en cómplice; el siguiente retuit de Bardají es aún más burdo. En él aparece António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante una conferencia de prensa. En su frente, el símbolo de Hezbollah.
El rico, David Hatchwell
Si Bardají representa el interés del poder militar atlántico dentro de la guerra provocada por Israel en Oriente Próximo, el empresario David Hatchwell es la encarnación del poder político aplicado al contexto de la milla de oro madrileña, esa que transcurre por el barrio de Salamanca hasta la zona business class del Paseo de la Castellana. Como Bardají, el apellido Hatchwell ya había resonado en la prensa antes del 7 de octubre de 2023.
El informe de actividad de David Hatchwell en las bases de datos de empresas da muestra de su hiperactividad: más de cien cargos históricos, decenas de ellos vigentes. La familia, además, ha entrado con fuerza en el negocio inmobiliario, a través de las Socimi, en el alojamiento especializado de estudiantes, y en el sector hotelero. Pero la joya de la corona sigue siendo Excem, el grupo cementero fundado por Mauricio Hatchwell, que se ha diversificado hoy para dedicarse principalmente a la alta tecnología en el ámbito de ciberseguridad, seguridad y vigilancia.
Excem ha sido contratado por, entre otros, los ministerios españoles de Defensa e Interior. El Periódico lo colocó como uno de los intermediarios en la compra del software espía Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Según El Confidencial Digital, la Generalitat de Catalunya, cliente de Excem desde hace años, ha licitado a la empresa un nuevo contrato para la interceptación de comunicaciones. Como ha publicado Ahoztar Zelaieta en Hordago, el Gobierno vasco es otro de los clientes habituales del holding Excem Grupo 1971, que también ha pujado por los contratos de interceptación del Ministerio que hoy dirige Fernando Grande Marlaska, adjudicados a Telefónica en 2019.
La compañía Excem es el mascarón de proa de una serie de empresas orientadas al sector armamentístico y de la cibervigilancia con CIF español y vínculos con la potente industria armamentística israelí. Entre ellas están Pap Tecnos, filial de la israelí Rafael Advanced Defense Systems, fabricante original de los misiles Spike; Guardian Homeland Security, fundada en 2006 por miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel; Aeronautics Enterprise España, Magal Solutions o Silón Aviación, dependiente de Israel Aerospace Industries. En el sector financiero destaca el fondo Cardumen Capital, respaldado por Repsol, Red Eléctrica y Banco Sabadell, y especializado en la inversión en start-up de inteligencia artificial, ciberseguridad y big data. Este fondo está dirigido por Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio España Israel, organismo cofundado por Hatchwell.
Pero Hatchwell no se detiene en sus negocios y en la puesta en marcha del museo. Desde el 7 de octubre de 2023, su presencia en programas de radio y televisión está asociada a la defensa de las acciones de Israel. Desde Horizonte, el programa de Iker Jiménez, hasta programas escorados a la extrema derecha como los de El Toro TV o el podcast de Jano García, Hatchwell repite los mantras —similares a los del dibujo-meme retuiteado por Bardají— sobre el papel de Israel como dique de contención contra la barbarie y no escatima críticas al Gobierno español y a sus socios.
La más sustantiva de esas intervenciones tuvo lugar en una videoconferencia en noviembre de 2023 con una comisión dentro de la Kneset (el Parlamento israelí), en la que Hatchwell, que en el pasado fue donante de la campaña electoral de Netanyahu, criticó las “políticas antisemitas y anti Israel” del Gobierno” y denunció una supuesta “infiltración de Irán” en Podemos, parte del Gobierno de coalición en ese momento. Asimismo, también acusó a Josep Borrell, hasta la fecha alto representante de Exteriores de la Comisión Europea, de ser “muy cercano a las posiciones de Irán”.
Los vínculos de Hatchwell con la élite política del PP de Madrid vienen de lejos. El empresario aparece como cicerone del millonario estadounidense Sheldon Adelson en la fotografía del abortado proyecto Eurovegas, promovido por la Comunidad de Madrid durante el corto mandato de Ignacio González (2012). Cinco años después, el empresario registró la Fundación Hispano Judía, presidida entonces por el expresidente y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Su relación sigue siendo fértil con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ambos forman un triángulo especializado en la batalla cultural con el divo de la política madrileña, Nacho Cano, de quien ha sido socio en la aventura del musical Malinche.
Los vínculos se han extendido a través de la Fundación Zakut. Los Gobiernos de Ayuso, Fernando López Miras (Murcia) y Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) han aportado subvenciones por, al menos, dos millones de euros a esta fundación, creada por Hatchwell en 2021. En febrero de 2024, la Fiscalía de la Región de Murcia abrió diligencias contra el Gobierno de López Miras por un posible delito de malversación de fondo público en torno a una presunta subvención irregular a Zakut.
Una fundación de alto copete
Entendida como un vehículo institucional de relaciones públicas y difusión de una agenda de soft power, la Fundación Hispano Judía (FHJ) agrupa a figuras relevantes del Ibex35 y su entorno, como la familia Koplowitz, Juan Ignacio Entrecanales Franco (Acciona), Juan Luis Cebrián (exGrupo Prisa) o, benefactores como la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés) e Inditex. Tras la salida de Ruiz Gallardón, Hatchwell es el presidente. La presidencia de honor corresponde a Mauricio Botton, el puesto 158 en la lista anual de los más ricos de El Mundo, que comparte negocios inmobiliarios con la familia Hatchwell.
En cualquier caso, el posicionamiento público de la Fundación Hispano Judía con respecto al exterminio llevado a cabo por Israel desde el 7 de octubre de 2023 ha sido discreto. En su página web solo puede apreciarse en una campaña de donación permanente al Ejército israelí. La clave de la agitación y propaganda es la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio (Acom), que no está vinculada orgánicamente a la FHJ pero con la que comparte vínculos.
El primero, Hatchwell, a quien se le suele atribuir la creación de Acom; el segundo, el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. El fundador del mismo, Javier Cremades, es secretario de la Fundación Hispano Judía y otro socio del despacho, Santiago Fierro de Orueta, ejerce de secretario general. Este despacho ha sido en el pasado clave en algunos de los pleitos puestos en marcha por la asociación. La propia página web de Acom tiene como datos de contacto de la asociación el mismo número y planta de la calle Jorge Juan de Madrid en la que se sitúa el despacho Cremades & Calvo Sotelo.
Con una andadura de más de veinte años, Acom ha sido la principal herramienta de batalla cultural del sionismo en España Los datos públicos sobre esta asociación son escasos, si bien Hatchwell es nombrado como su cofundador y Ángel Mas, CEO de la aseguradora Amtrust, ejerce como presidente escribiendo en artículos en medios como Libertad Digital y Voz Pópuli. Mas ha publicado recientemente artículos contra el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de Pedro Sánchez —comparando Palestina con el reino imaginario de Wakanda— y también contra el Partido Popular, después de una moción en la que los conservadores se remiten a los acuerdos de Oslo para establecer “la solución de dos estados encaminada a acabar con el conflicto de Oriente Próximo”.
La asociación, no obstante, es más conocida por sus acciones legales antes que por la prosa de sus comunicados. El 7 de junio, Acom anunciaba la ampliación de una querella por enaltecimiento del terrorismo (art.578 Código Penal) y provocación al terror en la población (art.573 Código Penal) contra la diputada Ione Belarra. En abril, demandó al Ayuntamiento de Barcelona por interrumpir sus relaciones con Israel como consecuencia de los ataques producidos a partir del 7 de octubre. Otras instituciones como la Universidad de Barcelona y la Delegación de Gobierno de Madrid también han sido objeto de acciones o advertencias legales por parte de esta organización.
El triángulo Acom, Disenso, Vox
Uno de los principales objetivos de Acom ha sido la persecución del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y la transposición de los principios de este movimiento a las políticas públicas de distintos Ayuntamientos que, en el pasado, se han convertido o han tratado de convertirse en Espacios Libres de Apartheid (ELAI). La asociación ha ganado más de 80 juicios de estas características, enfocados a neutralizar la acción política —que normalmente se traducía en declaraciones no vinculantes— de los ayuntamientos. Cremades & Calvo Sotelo ha sido el despacho clave en procesos relevantes contra el BDS.
Acom lleva a cabo una intensa actividad tanto en redes sociales como en su página web, con el objetivo de intervenir en la política exterior e interior. La política española respecto al conflicto, según los editoriales publicados por la oposición, forman parte de una “cortina de humo” establecida por Sánchez, que es un “aventurero pirómano de la política” (22/5/2024), un cómplice de Hamás (6/6/2024) y el Gobierno “una anomalía antisemita”. La fusión de los conceptos de antisionismo —una forma de lucha contra una forma de supremacismo, que nació entre la propia comunidad judía— y antisemitismo es constante en sus críticas hacia la izquierda y en la de sus portavoces o exportavoces contra el llamado ‘pensamiento woke’.
A diferencia de la Fundación Hispano Judía, Acom ha mostrado desde el inicio sus preferencias políticas, alineándose con Vox en mayor medida que con el Partido Popular y asumiendo parte de la retórica de la extrema derecha internacional. Otra de sus portavoces y miembros conocidos, Rosa Reigia, participó como coordinadora del Foro de Madrid, iniciativa de la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, organización de la que fue directora de Relaciones Internacionales.
Otro vínculo más conocido entre Acom y Vox es Juan Carlos Girauta, eurodiputado del partido de extrema derecha después de sus coqueteos con el PP y su salida de Ciudadanos. Este verano, los periodistas de Público Emilia G. Morales y Sergio Sangiao publicaron que la declaración de intereses privados del eurodiputado reflejaba que durante dos años cobró un sueldo de mil euros mensuales procedente de Acom y otro de dos mil euros procedente de la Fundación Hispano Judía, en cuyo organigrama aparece como parte del consejo asesor.
El círculo se cierra en la Fundación Disenso con Carlos Bustelo, exministro de Industria con la Unión de Centro Democrático, que ejerce como asesor internacional de esta fundación, a la que Vox ha transferido nueve millones de euros en cinco años, tal y como ha publicado Raquel Ejerique en El Diario. Carlos Bustelo aparece también como miembro de la iniciativa Friends of Israel y compartió con Bardají la creación, en 2010, de la Fundación Friends of Israel Initiative, registrada en el Ministerio de Cultura español.
La influencia de este ecosistema, ideológicamente forjado en el periodo neocon que se rearma en todo el mundo a partir de la guerra de Iraq, es palpable en las líneas editoriales seguidas desde el 7 de octubre de 2023 de medios de comunicación como Voz Pópuli, Libertad Digital, El Debate y Ok Diario. Argumentarios que van desde el derecho de Israel a defenderse, que hablan de la “podredumbre” de la sociedad palestina, sitúan a la ONU como un enemigo fundamental de los valores de occidente —o como espacio privilegiado de lo woke— y, en definitiva, señalan que la única solución es la escalada militar continua (Tomado de El Salto).
Imagen de portada: David Hatchwell, José María Aznar y Juan Carlos Girauta. Tomada de El Salto.
