En plena campaña electoral para su reelección, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa pidió a la Asamblea Nacional que realice una reforma parcial a la Constitución para modificar el artículo 5 que, desde 2008, impide la instalación de bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos en Manta, Manabí, por una década.
En 2008, con la llegada al poder de Rafael Correa, el país decidió en referendo no renovar el acuerdo con Estados Unidos, basándose en la política de no permitir bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, lo que quedó plasmado en la Constitución de 2008. La base fue devuelta al control total de Ecuador en 2009. Dieciséis años después, el derechista Daniel Noboa propuso levantar esta restricción con la excusa de una escalada del narcotráfico y el crimen transnacional.
El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana establece: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Una reforma parcial, según la misma Constitución se debe hacer vía referéndum. Sólo las enmiendas constitucionales se hacen vía Asamblea Nacional. El proyecto de Noboa debe todavía recorrer un largo camino. La Corte Constitucional tiene que valorar la propuesta y, de considerarla apta, pasará a la Asamblea, que decidirá si se aprueba o no. De darle luz verde, la reforma se presentará en referendo.
Andrés Aráuz, excandidato presidencial del progresismo, afirmó que la base que quiere EEUU no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ya están ahí, pero ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra: aviones, buques y submarinos nucleares. (…). Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico. EEUU ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones”.
Añadió que no se trata de combatir el narcotráfico ni para a luchar contra el crimen organizado. “Todos sabemos que si EEUU quisiera combatir al narco lo hiciera por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros, regulando a los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción de los puertos y aduanas estadounidenses ¿o por dónde creen que entra la droga”, aseveró.
Lo que no se entiende de este pedido –que no sea como parte de la campaña electoral– es que desde septiembre de 2019, por un acuerdo entre Quito y Washington, un avión Orión P3 de Estados Unidos realiza vuelos para el control del narcotráfico y pesca ilegal, usando como punto de partida a Guayaquil, el principal puerto desde donde sale la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la presencia de una base militar extranjera en suelo ecuatoriano generó polémica y oposición generalizada, ya que la presencia militar estadounidense socavaba la soberanía nacional y que Ecuador está cediendo control de una porción de su territorio a una potencia extranjera.
En 1999, bajo el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), EEUU. instaló en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, un Puesto Operativo de Avanzada (FOL, por su siglas en inglés) con el propósito de luchar contra el narcotráfico.
El convenio, firmado para un periodo de 10 años, provocó un fuerte rechazo por parte de organizaciones políticas y sociales, que denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de militares estadounidenses –que no fueron juzgados en territorio ecuatoriano- y hundimiento de barcos con migrantes. Por ejemplo, el veterinario Víctor Hugo Mieles, fue atropellado y abandonado en la calzada por un marine, quien se refugió en la base e inmediatamente salió vía aérea con destino a Estados Unidos.
«Desde la instalación de la FOL en la base de Manta, se develaron algunos conflictos: aumento de trabajadoras sexuales, desalojo a familias campesinas, hundimiento de barcos pesqueros y la desaparición de pescadores, la interdicción de buques con migrantes, las limitaciones a las faenas de pesca por razones de ‘seguridad’ y el riesgo para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro», señaló la Coalición No Bases.
Según la presidencia, la propuesta busca eliminar estas restricciones con la finalidad de fortalecer “la batalla contra el crimen transnacional, ya que la inseguridad y el crecimiento de redes delictivas internacionales han superado las capacidades nacionales, lo que exige una respuesta contundente y coordinada tanto a nivel nacional como internacional.
Noboa dijo que “El tiempo ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron al país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras. Desde el Gobierno tenemos muy claro cuál es el país que queremos”.
En un video colgado en su cuenta de X, Noboa señaló que: “A Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política”. El mandatario aparece en lo que fue la Base de Manta, parte de un plan regional que incluyó varias otras en América Latina para la supuesta lucha contra el narcotráfico.
La mayoría de analistas y constitucionalistas coinciden que se trata de una estrategia de proselitismo, cuando Noboa ha bajado en la popularidad, aprobación de su gestión y en las perspectivas para febrero de 2025. Nexo Digital afirma que Noboa utiliza «este tema como una distracción ante la falta de avances en otras áreas cruciales, como la reactivación económica y la creación de empleo» y su enfoque se centra más «en culpar al pasado y en implementar medidas de carácter más militar que social o económico».
Por su parte, el expresidente Rafael Correa escribió en X: «¡Qué mediocre y mentiroso es este pobre hombre! Demuestra su total incapacidad y falta de moral. ¿También es esto parte del Plan Fénix? ¿Por qué no lo preguntó en la consulta popular?». El denominado ‘Plan Fénix’ es una de las banderas del gobierno de Noboa, con el que prometió acabar con la violencia en Ecuador; pero hay dudas acerca de su existencia, puesto que nunca se ha mostrado el programa.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó que «Admitir bases militares extranjeras en territorios de países de nuestra América representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región, socavando los acuerdos de convivencia pacífica entre los Estados», y denunció un «uso simulado de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional como pretexto para abrir los caminos para la interferencia en los asuntos internos de los Estados».
Añadió que las bases militares de Estados Unidos «en el mundo y, especialmente, en nuestra América, fungen como poderosas y perversas herramientas para promover la injerencia extranjera, facilitando la expoliación de los recursos naturales, el control de los Gobiernos y el manejo de los mercados ilegales en los países que las acogen» (Eloy Osvaldo Proaño/Tomado de Estrategia).
