Una de las muchas revelaciones inquietantes que han surgido desde que comenzó la actual fase de genocidio en Palestina hace casi un año es hasta qué punto los políticos estadounidenses y occidentales están dispuestos a atenerse diligentemente a un guion proporcionado por Israel y sus lobbies occidentales, sea éste cierto o no. Un ejemplo de ello es la patraña de la “autodefensa”, tan repetida.
Después de cada crimen de guerra y crimen contra la humanidad perpetrado sucesivamente por Israel en su actual ofensiva genocida, el estribillo más común de los funcionarios gubernamentales occidentales (y de los medios corporativos occidentales) es que “Israel tiene derecho a defenderse”.
No, no lo tiene.
De hecho, como cuestión de derecho internacional, esto es una doble mentira.
En primer lugar, Israel no tiene ese derecho en Gaza (ni en Cisjordania ni en Jerusalén Oriental).
Y, en segundo lugar, los actos que los alegatos de “legítima defensa” pretenden justificar serían ilegales incluso cuando se aplica la legítima defensa.
La Carta de las Naciones Unidas, un tratado vinculante para todos los Estados miembros, codifica los derechos y responsabilidades fundamentales de los Estados, entre ellos el deber de respetar la libre determinación de los pueblos (incluidos los palestinos), el deber de respetar los derechos humanos y el deber de abstenerse de recurrir a la fuerza contra otros Estados (cuando no esté autorizado por el Consejo de Seguridad). Israel, durante sus 76 años de existencia, ha violado repetidamente estos principios.
En el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas se establece una excepción temporal a la prohibición del uso de la fuerza para la legítima defensa frente a ataques externos, pero es importante señalar que no existe tal derecho cuando la amenaza proviene del interior del territorio controlado por el Estado. Este principio fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 2004 sobre el muro del apartheid de Israel, y determinó entonces, y de nuevo en su dictamen de 2024 sobre la ocupación, que Israel es la potencia ocupante en todo el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, Israel, como potencia ocupante, no puede alegar la legítima defensa como justificación para lanzar ataques militares en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental o los Altos del Golán.
Por supuesto, Israel, desde su propio territorio, puede repeler legalmente cualquier ataque para proteger a sus civiles, pero no puede alegar legítima defensa para librar una guerra contra los territorios que ocupa. De hecho, su obligación principal es proteger a la población ocupada. Al hacerlo, una potencia ocupante puede llevar a cabo funciones esenciales de mantenimiento del orden (diferentes de las operaciones militares). Pero, dado que la Corte Internacional de Justicia ha determinado posteriormente que la ocupación de los territorios por Israel es en sí misma totalmente ilegal, incluso esas funciones probablemente serían ilegítimas, salvo que fueran estrictamente necesarias para proteger a la población ocupada y en un plazo breve tras la retirada.
En su opinión más reciente, la Corte ha declarado que la presencia de Israel en los territorios viola el principio de libre determinación, la regla de no adquisición de territorio por la fuerza y los derechos humanos del pueblo palestino, y que debe poner fin rápidamente a su presencia e indemnizar al pueblo palestino por las pérdidas sufridas. Como cuestión de derecho, cada soldado israelí en el terreno, cada misil, avión o avión no tripulado israelí en el espacio aéreo palestino, e incluso una sola bicicleta israelí no autorizada en una carretera palestina, constituye una violación del derecho internacional.
En resumen, el remedio legal de Israel frente a las amenazas que supuestamente emanan de los territorios ocupados es poner fin a su ocupación ilegal, desmantelar los asentamientos, abandonar los territorios, levantar el asedio y entregar completamente el control al pueblo palestino ocupado.
En este caso, el derecho internacional es un simple reflejo del sentido común y la moral universal. Un criminal no puede apoderarse de la casa de alguien, instalarse en ella, saquear sus pertenencias, encarcelar y maltratar a los habitantes y luego alegar legítima defensa para asesinar a los propietarios cuando estos se defienden.
Además, más allá de la Palestina ocupada, si bien Israel tiene derecho a la legítima defensa frente a los ataques de otros Estados, no puede invocar ese derecho si el ataque es una respuesta a una agresión israelí. Israel no puede atacar a un Estado vecino (por ejemplo, Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen) y luego alegar legítima defensa si ese Estado contraataca. Aceptar semejante afirmación sería poner patas arriba el derecho internacional.
Por lo tanto, la mayoría de las afirmaciones de los políticos y los medios de comunicación occidentales de que “Israel tiene derecho a la legítima defensa” son demostrablemente falsas, como cuestión de derecho internacional.
La segunda mentira contenida en estas reiteradas afirmaciones es la sugerencia de que la alegación de legítima defensa justifica los innumerables crímenes de Israel. El derecho internacional no permite que la alegación de legítima defensa justifique crímenes contra la humanidad y genocidio. Tampoco supera mágicamente los imperativos del derecho internacional humanitario de precaución, distinción y proporcionalidad, o el carácter protegido de los hospitales y otras instalaciones civiles vitales.
Además, la presencia de personas asociadas con grupos de resistencia armada (incluso si se demuestra) no convierte automáticamente un lugar civil o una estructura protegida en un objetivo militar legítimo. Si así fuera, la presencia habitual de soldados israelíes en hospitales israelíes también convertiría a esos hospitales en objetivos legítimos. Atacar hospitales no es un acto de legítima defensa. Es un acto de asesinato y, en casos sistemáticos y a gran escala, un crimen de exterminio.
El alegato de legítima defensa no justifica el castigo colectivo, el asedio de poblaciones civiles, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el bloqueo de la ayuda humanitaria, los ataques a niños, el asesinato de trabajadores humanitarios, personal médico, periodistas y funcionarios de la ONU, todos ellos crímenes perpetrados por Israel durante la fase actual de su genocidio en Palestina, y todos ellos seguidos descaradamente por alegatos de legítima defensa por parte de los defensores de Israel en Occidente.
Así, cada respuesta de un político o de una voz cómplice de los medios corporativos a un crimen israelí que comience con “Israel tiene derecho a defenderse” es a la vez una justificación de lo injustificable y una mentira descarada, y debería ser denunciada como tal.
Además, lo que nunca oirán decir esas voces es que Palestina tiene derecho a defenderse, aunque, según el derecho internacional, lo tiene sin dudarlo. Enraizado en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y confirmado por una serie de resoluciones de la ONU, los grupos de resistencia palestinos tienen derecho legal a la resistencia armada para liberar al pueblo palestino de la ocupación extranjera, la dominación colonial y el apartheid.
Y el mundo está de acuerdo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado:
“el derecho inalienable… del pueblo palestino y de todos los pueblos bajo ocupación extranjera y dominación colonial a la libre determinación, la independencia nacional, la integridad territorial, la unidad nacional y la soberanía sin injerencia extranjera” y ha reafirmado “la legitimidad de la lucha de los pueblos por la independencia, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de la dominación colonial, el apartheid y la ocupación extranjera por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada”.
Por supuesto, toda resistencia debe respetar las normas del derecho humanitario, incluido el principio de distinción para respetar a los civiles, pero el derecho de Palestina, en virtud del derecho internacional, a la resistencia armada contra Israel es ya un axioma.
En pocas palabras, el pueblo palestino tiene el derecho reconocido a resistir la ocupación, el apartheid y el genocidio de Israel, incluso mediante la lucha armada. Y, puesto que la resistencia subyacente es lícita, las alianzas, la ayuda y el apoyo a los palestinos con ese fin también son lícitos.
Por el contrario, como la ocupación, el apartheid y el genocidio de Israel son ilegales, el apoyo a Israel en esas actividades por parte de los Estados occidentales es ilegal. De hecho, el Tribunal Internacional ha determinado que todos los Estados tienen la obligación de poner fin a ese apoyo a Israel y de trabajar para poner fin a la ocupación israelí.
Y un punto más sobre la noción de autodefensa. La historia no empezó el 7 de octubre de 2023. En las décadas de 1930 y 1940, los colonos sionistas viajaron desde Europa para atacar a los palestinos en sus hogares en Palestina. Ninguna milicia palestina viajó a Europa para atacar a los colonos en sus hogares en Inglaterra, Francia y Rusia. (Por supuesto, los judíos que huían de la persecución europea tenían todo el derecho a buscar asilo en Palestina y otros lugares. Pero los sionistas no tenían derecho a colonizar la tierra y desposeer a los pueblos indígenas).
Durante más de 76 años, Israel ha atacado, brutalizado, desplazado, desposeído y asesinado al pueblo palestino indígena y ha tratado de borrarlo del mapa. Ha llevado a cabo una limpieza étnica en cientos de ciudades y pueblos palestinos, ha robado hogares, empresas, granjas y huertos palestinos y ha destruido la infraestructura civil palestina. Todas las comunidades palestinas han sufrido diariamente ataques a su dignidad, detenciones, palizas, torturas, saqueos y asesinatos a manos de Israel. Los supervivientes se han visto obligados a vivir bajo un régimen de apartheid y segregación racial y con la negación sistemática de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en su propia tierra.
Todo esfuerzo pacífico palestino para poner fin a la opresión y recuperar el derecho palestino a la autodeterminación, mediante iniciativas diplomáticas, acciones judiciales, protestas pacíficas o boicots y desinversiones organizados, ha sido respondido con represión o rechazo, no sólo por parte de Israel sino también de sus patrocinadores occidentales.
En este contexto, la moral básica y la lógica simple dictan que el derecho a la legítima defensa pertenece al pueblo palestino, no a su opresor. Y el derecho internacional está de acuerdo (Tomado de El Salto).
Imagen de portada: Mahmud Hams. AFP.
