La desproporción es descomunal y, encima, el gobierno de Javier Milei la resuelve a palos. Los jubilados de la mínima que estuvieron en la marcha del jueves cobran 234.000 pesos en este mes de septiembre, a lo que hay que agregar el bono de 70.000 pesos. Total: 304.000 pesos. De haberse rechazado el veto, hubieran cobrado 317.000 pesos. Pierden por goleada contra la inflación y lo cierto es que la votación en el Congreso sólo consistía en restituirles el 8,1 por ciento que les quitaron en abril. Pero pierden por una goleada aún mayor comparados con los ingresos de los efectivos de las fuerzas de seguridad que fueron a pegarles.
Los policías federales y los gendarmes que estaban detrás de los escudos, tirando gas pimienta y reprimiendo, tienen la jerarquía de inspector (policías federales) y alférez (gendarmes) o grados todavía más altos, principal y hasta segundo comandante. El sueldo básico de un inspector o un alférez es, en septiembre, 977.000 pesos. Pero, con los adicionales, duplican esa cifra.
Por ejemplo, el gendarme cobra por “prevención barrial” 419.287 pesos y recibe una “compensación por recargo de servicio” de 9.933 pesos por día, lo que supera otros 200.000 pesos en un mes. Pero hay otros adicionales. Los efectivos agregan ingresos por la antigüedad y por el riesgo. Buena parte de los que estaban sentados en las motos, los que golpeaban y accionaban los sprays, superarán este mes los dos millones (2.000.000) de pesos de sueldo más adicionales. Los mandos, los que dirigían en la calle al malón uniformado, están muy por encima de los 3.000.000 de pesos.
La proporción es esa. La gran mayoría de los jubilados, 304.000 pesos. Los que pegaban y tiraban gas, más de 2.000.000 y los jefes más de 3.000.000 de pesos.
La fama de los bárbaros
Entre los propios policías y gendarmes se ríen de esos cuerpos especiales: los que aspiran a estar en ellos son, en general, los que tienen cierta pasión por pelear, pegar, por el enfrentamiento físico, la tonfa, los gases, las balas de goma. Muy diferentes a los que se postulan para los cuerpos de investigaciones o pericias. Y son, por escándalo, los más indisciplinados. Dentro de las fuerzas los catalogan como “los más brutos”. Obviamente, los de cuerpos especiales dicen que los demás son “maricones”, “no tienen huevos” y lindezas por el estilo.
Los cuerpos integrados por efectivos que se creen superhéroes explican el operativo caótico del jueves, con policías tirando gases de manera indiscriminada, disparándole con escopeta de postas de goma a una jubilada desde muy cerca (riesgo de vida), golpeando en la cabeza y con las motos descontroladas. Es un secreto a voces dentro de las fuerzas de seguridad que en esos cuerpos especiales hay niveles sorprendentes de adicción, incluyendo en la previa de los operativos. Las cosas derivan en las indisciplinas que se vieron. Porque tirar gases de la forma que se tiraron no encaja en los protocolos o el entrenamiento previo: son un accionar indisciplinado. Quienes tienen experiencia dentro de las fuerzas de seguridad sostienen que el operativo tenía un objetivo: que la gente no se acerque al Congreso. Pero cuando el jueves se lanzaron a reprimir la desconcentración, todo se desmadró por completo. Cada efectivo hizo lo que quiso, por lo que prevaleció el carácter patoteril de los policías y gendarmes.
El mensaje de la ministra
Por supuesto que de arriba hacia abajo se transmitió, y se sigue transmitiendo, el “hagan lo que quieran, peguen, tiren gases libremente”, sin límite alguno. Todo fue justificado por el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich, al punto de poner en marcha la jugarreta del falso video de los gases a Fabrizia, la niña de 10 años. La reacción no fue la de poner en disponibilidad al efectivo que claramente aparece tirando el gas hacia abajo, direccionado a la madre y la hija. Ni siquiera amagaron con decir que iban a investigar el caso. Se lanzaron a la defensa de lo realizado, a avalar esta represión y la que viene y la que viene.
Toda la impronta viene desde el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, antes se conversaba con los referentes de cualquier marcha, se negociaba que dejaran libres uno o dos carriles, que ocuparan tal lugar pero no tal otro. Y, por lo general, había un funcionario del propio ministerio buscando que las cosas se resolvieran sin lastimados. El gobierno de Javier Milei optó por la represión, sin medias tintas.
El mejor ejemplo de lo que ocurre es la “transformación” de Luis Rollé, el actual jefe de la Policía Federal. Rollé llegó al cargo de casualidad. Fue designado en 2023 para organizar la custodia de los debates presidenciales. Ahí le cayó bien a Javier Milei pero sobre todo a Nicolás Posse, que era el encargado por parte de La Libertad Avanza. Cuando el nuevo gobierno tuvo que resolver la designación del jefe de la Federal, mandaron a llamar a Rollé.
Lo insólito es que el comisario Rollé fue Director General de Operaciones durante algunos años del gobierno de Alberto Fernández, es decir que tiene experiencia en manejar la calle sin que haya ningún choque, ningún herido. Se negociaba, se hablaba con los manifestantes, se buscaba evitar la confrontación.
Ahora Rollé responde a lo que pide la ministra: los policías empujan, provocan a los manifestantes, los hostigan, buscan el choque. Se acosa a los que marchan aun cuando se están desconcentrando, como ocurrió el jueves. Un ejemplo claro de la estrategia cuasi bélica de Bullrich es la cantidad insólita de tubos de gas pimienta que tienen los efectivos y el visto bueno para el uso de esos sprays.
Dado que la orden explícita o tácita fue pegar y tirar gases a discreción, la ministra no quiere —ni tampoco puede— dar marcha atrás. Mantiene, al menos por ahora, a Rollé en el cargo, pese a que el jefe no fue designado por ella sino por Posse, algo que en el gobierno de LLA es mala palabra. Bullrich sabe que sacar de la cancha a Rollé le quita autoridad a sus órdenes de represión. Y en la Casa Rosada todos prevén que la conflictividad va a seguir creciendo: no quieren grietas en la respuesta represiva. De hecho, pasaron menos de 48 horas y el propio Milei respaldó a Bullrich llevándola a la Sociedad Rural, en un acto que no tenía la menor relación con la cuestión de seguridad.
Cuestiones de zurdos y judíos
Como ya señaló Página/12 en febrero, la mayoría de los integrantes de los cuerpos especiales son votantes de Javier Milei. Provienen de familias de tradición policial o de suboficiales militares, odian a “los zurdos y a los movimientos sociales”. En el caso de los gendarmes y los prefectos, hay menos politización, son efectivos que llegan desde ciudades del interior del país, en muchos casos fronterizas, más tentados por los sueldos y venir a las grandes ciudades que por la tentación represiva.
El punto oscuro es el antisemitismo: a la mayoría les cae mal, muy mal, el coqueteo de Milei con el judaísmo. Buena parte de esos efectivos son sostenedores de que “los judíos dominan el mundo” o que “fueron los creadores de la pandemia” o que “se quieren apropiar de la Patagonia”. Incluso algunos se agarran de la vieja cláusula constitucional, derogada en 1994: “Milei no puede ser presidente porque es judío”. En el marco de esa desconfianza, los que pegan palos tienen interiorizado el discurso contra “la subversión” y el insólito revival del peligro comunista alentado por el mandatario. Pero quienes conviven con los integrantes de los cuerpos especiales afirman que tienen lealtad, por sobre todo, hacia los dos o tres millones de pesos que ganan todos los meses. Una cifra que la gran mayoría, sólo con secundario completo o incompleto, seguramente no conseguiría en otro trabajo (Tomado de Página 12).
