SMH (Salvamento Marítimo Humanitario), con su barco Aita Mari, ha iniciado acciones para la retirada de la exigencia del actual gobierno de la Generalitat Valenciana en relación a las tasas portuarias y sus pagos retroactivos, lo cual implica una traba más para seguir rescatando personas en el mar Mediterráneo.
Borriana, Vinaròs, Sagunt, entre otros, han sido puertos del Mediterráneo receptores de barcos de rescate de náufragos en los últimos años. Las ONGs de estos barcos proceden de países europeos como Alemania —Sea Eye, Sea Watch, Louis Michel—, el Reino Unido —Sea Punk— o del estado español como el vasco Aita Mari y el catalán Open Arms, por nombrar algunos más conocidos de los que han pasado por el puerto de Burriana, han anclado en estos puertos por ser cercanos para la salida hacia el mar Mediterráneo central en sus misiones, y por encontrar en los últimos años una exención de tasas portuarias que el Gobierno del Botánico de la Generalitat Valenciana instauró en 2016.
El fondeo de estas naves en el puerto de Burriana ha sido un objetivo a abatir por la ultraderecha. Desde la llegada de los primeros barcos, Alan Kurdi de la organización Sea Eye, o de la ONG Proactiva Open Arms, le siguieron otros muchos: Sea Watch, Louise Michel y Aita Mari entre los más frecuentes.
Borriana es un puerto pequeño donde los barcos de rescate en el Mediterráneo encontraron un lugar donde poder hacer tareas de reparación y mantenimiento, resolver burocracia como el cambio de bandera y suministrarse de productos de diferente tipo alimentario, así como cubrir las necesidades diarias para las tripulaciones.
Su actividad empezó en el 2015 y en 2016, el gobierno del Botànic, tomó la decisión de eximir de las tasas a las naves que no tenían más objetivo que intentar el rescate de náufragos de diferente procedencia: África, Oriente Medio, etc. Capitanas, ingenieras y voluntarias, entre trabajos de preparación para una nueva misión, establecían relaciones de amistad y cooperación con la gente local, transitaban por el puerto y visitaban las playas costeras.
De repente el puerto de Borriana, durante estos años, se convirtió en núcleo de intercambio de viajeros, lugar de repositorio de materiales de mantenimiento de estos barcos y sobre todo un espacio interesante de contacto y convivencia intercultural entre las tripulaciones y el pueblo, a la vez que se nutría de una red de proveedores de logística de todo tipo y donde se acercaban colectivos de ciudades próximas para ofrecer la ayuda que podían necesitar.
Todas estas prácticas, que han ido calando en parte de la población local y comarcas, han estado siempre bajo la mirada sospechosa de algunas fuerzas de la ultraderecha, que acudía al puerto para hacer fotos de los barcos y de las personas que colaboraban con ellas y de manera espuria, mediante la desinformación, esgrimía causas nocivas de estas actividades portuarias totalmente pacíficas y ajustadas a las normativas vigentes.
Las tasas exigidas por la Generalitat
El actual gobierno de la Generalitat Valenciana hizo inviable la normativa anterior de exención de tasas portuarias publicada por el gobierno del Botánico, y reclama a los barcos los pagos de tasas con carácter retroactivo de los periodos anteriores a su entrada en vigor.
Hace pocas semanas SMH-Aita Mari emitió un comunicado explicando que se le exigían 63.300 € por las tasas con carácter retroactivo. Hay que tener en cuenta que obviamente, otras cantidades muy importantes serán reclamadas también a otros barcos de salvamento.
Frente esta nueva iniciativa del Gobierno del País Valencià que tiene como objetivo dificultar enormemente la acción de los barcos de rescate en el Mediterráneo, habría que pensar si es propio de una sociedad solidaria y democrática que se desarrollen medidas de protección de la vida de las personas en situación de máxima vulnerabilidad, como es el caso de náufragos y migrantes; como también haría falta no olvidar que la protección de estas personas es un deber que emana de resoluciones de las Naciones Unidas.
La importancia de los barcos de rescate en el Mediterráneo
Somos conocedoras de miles de muertes en continuo goteo de personas de diferentes procedencias que intentan llegar a Europa, en condiciones precarias, para conseguir una mejor vida para ellas y sus familias. Según ACCEM, una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas, al menos 3.997 personas murieron en 2023 en la frontera sur de Europa.
Fundamentalmente estas personas provienen del llamado Sur global, del África subsahariana: Marruecos, Senegal, Nigeria, Guinea Conakry, Mauritania, y otros países del Sahel. En estos, la explotación de los recursos naturales está en manos de empresas foráneas, en gran parte europeas. Estas empresas están fuertemente aliadas con las élites políticas, militares y económicas locales y con numerosas organizaciones paramilitares que también están presentes en estos países.
Todos estos actores, países, empresas multinacionales extractivistas, paramilitares y mercenarios a sueldo y élites locales, son colaboradores necesarios de los expolios que agotan esos recursos para extraer beneficio propio, generando múltiples violencias y deja a las poblaciones autóctonas en desamparo, en un estado de pobreza indigna y sin esperanza de futuro.
Al mismo tiempo las causas medioambientales fruto del cambio climático —sequías, inundaciones y otros desastres naturales— completan un panorama desolador que dejan las tierras estériles por el cultivo y la ganadería y obligan a millones de personas a migrar.
Sin el rescate de estos barcos en el Mediterráneo central, las vidas perdidas serían muchas más, porque los distintos gobiernos de la Unión Europea, de “la Europa Fortaleza”, no dejan de establecer leyes comunitarias y normativas específicas de cada país, las cuales tienen como objetivo prioritario obstaculizar el tráfico legal de las personas migrantes y refugiadas.
Abordar esta problemática nos ocuparía muchas más páginas: las normas europeas con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado pasado mes de abril; las normas internas de cada país en el recibimiento de migrantes a puerto seguro; la externalización de las fronteras de la Unión Europea, y los pactos de retorno con algunos países sudafricanos, como por ejemplo entre España y Marruecos, entre otros. Todo en conjunto colabora en esta necropolítica que no pone los medios suficientes para salvar vidas humanas.
Quién lee este artículo puede preguntarse por las tareas de salvamento marítimo que llevan a cabo los organismos estatales de los países europeos a orillas del Mediterráneo, así como por las tareas de Frontex.
En realidad, a veces impiden que se lleve a cabo el salvamento, retrasando la llegada en el punto donde se encuentran las naves precarias, mediante protocolos, y haciendo devolver las naves al país de origen. Esto último es lo que ocurre con los guardacostas libios que impiden los rescates y obligan a las personas migrantes a ser devueltas al infierno de malos tratos en el país norteafricano.
Por otro lado, son pocas las naves de mercancías o pesca que transitan por las rutas del Mediterráneo central que respetan las leyes internacionales de socorrer las naves con náufragos en peligro. En consecuencia, la existencia de los barcos de las ONGs de rescate que operan en el Mediterráneo se hace imprescindible.
Los barcos de rescate son criminalizados y las personas a cargo de la capitanía son denunciadas como colaboradoras con las mafias y utilizan contra ellas estrategias para dejar parados los barcos en los puertos, esgrimiendo razones y problemas de índole burocrática y exigiendo el cumplimiento de normativas administrativas que son a menudo interpretables y prescindibles.
Así lo hizo Italia con el gobierno de Salvini y continúa haciéndolo con el actual de Meloni, y así funciona la política de la ultraderecha en todos los lugares donde tiene poder, sabiendo que contradicen los derechos internacionales de náufragos.
La parte de inhumanidad
Por mucho que acaban contabilizándose estas muertes, resultado de la desatención de los países mediterráneos y de Europa, siempre habrá gran cantidad que quedarán invisibles, excepto para sus familias, como invisibles son los miles de historias que sufren en su tránsito hasta llegar a la costa norteafricana para atravesar el mar Mediterráneo.
Es desolador escuchar el discurso tan poco humanitario que circula por las redes hablando como si las personas migrantes y refugiadas fueran objetos o moneda de intercambio, con una deshumanización espeluznante.
Discursos políticos que se tildan de solidarios, pero anteponen la excusa de la economía al cuidado y atención a migrantes, como está pasando a estas alturas en España con la negativa de algunos partidos políticos para modificar la ley de extranjería y así poder redistribuir las personas migrantes menores no acompañadas entre las diferentes comunidades autónomas.
Lo que reclama SMH-Aita Mari no es simplemente el dinero que les piden -que también- porque cabe la posibilidad de conseguirlo. El problema es cómo, de manera sistemática, las políticas antimigratorias de las derechas, a modo de ‘gota malaya’, van obstaculizando, no solo con discursos de odio hacia las personas migrantes, sino con todo aquello que impida la llegada de migrantes, con pactos de retorno, con Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) vigilando las fronteras y aumentando el número de guardas de fronteras según una de las propuestas de la nueva responsable de la UE, Ursula von der Leyen; también con las contradictorias leyes internas de los países, como la ley de extranjería española, la cual deja al augurio de su suerte a migrantes en situación irregular administrativa, mientras subsisten en territorio español trabajando para empresarios sin escrúpulos, muchas veces en condiciones de esclavitud y con la única ayuda local de ONGs, asociaciones y colectivos. La burocracia exigida convierte en imposible la demanda de documentos que no son válidos o no se expiden en el país de procedencia.
Obrim Fronteres y Caravana Obrim Abriendo Fronteras hemos emprendido proyectos en las fronteras para denunciar la vulneración de derechos humanos y se ha unido a los grupos de activismo social que operan por la ayuda humanitaria de estas personas que simplemente buscan vivir en un país en paz, trabajar y ayudar a sus familias, teniendo los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Es para nosotras relevante apoyar en las acciones acometidas por SMH-Aita Mari, porque sus justas y humanitarias demandas, son también las nuestras (Tomado de El Salto).
