Cubainformación, caso cerrado: detalles desconocidos

(Nota: este artículo es la actualización, tras la sentencia ya firme que absuelve al autor, de uno anterior, titulado “La operación contra Cubainformación y Euskadi-Cuba: todos los detalles”)

La sentencia ya es firme. Yo, José Manzaneda, periodista y coordinador del sitio digital www.cubainformacion.tv, así como la representación legal de la Asociación Euskadi-Cuba, propietaria del citado dominio web hasta 2020, hemos sido completamente absueltos en la querella presentada contra ambos por Javier Larrondo (JL), presidente de la organización anticastrista Prisoners Defenders (PD).

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el fallo absolutorio emitido en febrero pasado por el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid (1). Y esta segunda sentencia no ha sido apelada por ninguna de las partes.

Recordemos: JL pedía para ambos seis años de cárcel y una cantidad cercana a los 100 mil euros entre indemnizaciones y multas, por un delito de injurias, calumnias e incitación al odio, a raíz de la publicación, el 5 de octubre de 2020, del trabajo periodístico titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”.

Este artículo es la actualización, tras la sentencia ya firme que absuelve al autor, José Manzaneda.

Tras la primera sentencia absolutoria que, además, condenó al querellante al pago parcial de las costas por “temeridad”, al acusar a Euskadi-Cuba por injurias y calumnias, cuando una persona jurídica no puede legalmente cometer tales delitos, tanto Larrondo como Manzaneda y Euskadi-Cuba, presentaron recursos de apelación. El primero, disconforme con la absolución y reafirmando su petición de prisión y pago económico, los segundos solicitando el pago total de costas por el querellante.

Esta segunda sentencia confirma íntegramente el primer fallo, y reitera los elementos esenciales de la argumentación del juez (2).

Recordemos que el reportaje antes citado denunciaba el papel de Prisoners Defenders como colaborador directo de la política del Gobierno de EEUU en contra de los programas de cooperación médica cubana en el mundo, para eliminar o reducir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba a partir de ciertos convenios médicos, que sirven para sostener el sistema sanitario de la Isla.

El trabajo, firmado por este periodista, en una primera versión, calificaba a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, al igual que a Donald Trump y al senador de ultraderecha por el estado de Florida Marco Rubio, como “criminal de guerra”. En el juicio, expliqué que la expresión -retirada al de pocos días de su publicación por motivos de estilo- hacía referencia a la “guerra contra la cooperación médica”, tal como indicaba el propio titular del reportaje, enmarcada a su vez en la guerra no convencional, híbrida y económica de EEUU contra el pueblo cubano, dado que estaríamos en presencia de una de las manifestaciones del bloqueo económico aplicado sobre Cuba: la destrucción de sus ingresos para la salud pública.

Sentencia sienta jurisprudencia contra la narrativa sobre “médicos esclavos” de Cuba

La primera sentencia ya dejó claro que la calificación de “criminal de guerra” no es injuriosa, pudiendo ser considerada “una hipérbole periodística” si se analiza “con el resto del contenido del artículo”, y que este periodista no actuó con una motivación ofensiva, sino con una “intención de crítica, recriminación o censura política, que encuentra acomodo dentro de los límites de la libertad de expresión”.

Esta segunda sentencia reafirma que “la expresión `criminal de guerra´ es imprecisa”, “no concreta hechos determinados” y debe tenerse “en cuenta el contexto”. Y añade que, en “el convulso debate socio político actual” prolifera “la recriminación desmedida, de la que no es ausente el querellante al referirse a las actuaciones promovidas por el gobierno cubano en las misiones médicas a desarrollar en el extranjero, calificándolas como de `esclavitud´”.

La narrativa de la “esclavitud” del personal médico de Cuba en decenas de países, principalmente del Sur Global, difundida por el Gobierno de EEUU y por organizaciones subalternas como PD, queda de este modo recogida, en una sentencia judicial, como una “recriminación desmedida”, algo que sienta jurisprudencia y que, sin duda, es un varapalo añadido para el querellante.

En todo caso, es evidente que la presentación de la querella fue una forma de persecución del periodismo crítico que realiza Cubainformación, con la intención incluso de encarcelar a un periodista por un simple artículo periodístico, por quien se presenta como un “defensor de los derechos humanos”, cuando no lo es. El proceso judicial es una estrategia, también, de presión económica para un medio muy modesto, frente a una organización que cuenta con un completo equipo jurídico.

Todo, con la vana intención de callarnos y que nos autocensuremos. No lo han conseguido. Porque, en Cubainformación vamos a seguir denunciando el bloqueo de EEUU contra el pueblo cubano como una de las mayores violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que existen hoy en el mundo, y a denunciar a las organizaciones que colaboran con dicha política.

Si les interesa este caso, les invito a conocerlo más a fondo. Porque responde a algo mucho más profundo que la supuesta indignación de alguien que se siente afectado en su honor por una publicación periodística. Les invito a conocer todos los detalles de la operación contra Cubainformación y Euskadi-Cuba (3).

Utilización del hecho judicial y criminalización mediática

En septiembre de 2021, aprovechando la admisión a trámite de la querella, PD consiguió que varios medios publicaran notorias falsedades contra Euskadi-Cuba y Cubainformación, sin relación alguna -por cierto- con el tema y motivo del proceso judicial, en una manifiesta utilización de este (4). Por ejemplo, el diario ABC reprodujo partes de un comunicado de PD, como los siguientes: “el Gobierno vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi-Cuba para minar instituciones y desestabilizar”; estos fondos están “destinados a minar Europa y sus instituciones” o “el objetivo de esa asociación es desestabilizar Europa y España” (5). El Nuevo Herald de Miami publicó la acusación de PD de que Euskadi-Cuba se estaría nutriendo de “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia” cubana (6).

El diario El Correo publicó un reportaje, a página completa, titulado “Polémica por la subvención del Gobierno vasco a una ONG procastrista” (7).

Ninguno de los medios que publicaron semejantes disparates de PD, dio espacio alguno de réplica a Euskadi-Cuba. Que, en una nota de prensa, difundida solo por medios digitales alternativos, explicó cómo había obtenido, en los últimos años, subvenciones de instituciones vascas a 18 proyectos de cooperación al desarrollo, por un monto de 3.461.000 euros (8). Y que estos fondos habían servido para dotar a varias cooperativas agrícolas cubanas, de sistemas de riego, invernaderos, herramientas, tractores o maquinaria forestal, para mejorar las condiciones de vida de centenares de miles de personas. La mayoría de los proyectos se insertan en la estrategia cubana de soberanía alimentaria con enfoque de género, con títulos que no dejan lugar a la duda sobre las “labores de inteligencia”: “Empoderamiento de las mujeres en el programa de frutales para enfrentar el cambio climático en ecosistemas frágiles de Baracoa”, “Desarrollo agroforestal sostenible, una opción para el empoderamiento de la mujer en Guantánamo” o “Mujeres protagonistas en el movimiento de la agricultura urbana ecológica en La Habana”.

Una vez culminado el proceso judicial, este periodista se puso en contacto con El Correo, enviando una petición expresa a la periodista Olatz Barriuso. Una vez más, no ha habido respuesta.

La querella, y su utilización mediática mediante la incorporación de falsedades como las señaladas, persiguió, a mi entender, dos objetivos: por un lado, hundir económicamente, hasta forzar su cierre, a Cubainformación, para censurar un medio convertido en herramienta de consulta de miles de personas en el mundo, interesadas en recibir una información sobre la Isla alejada de la suministrada por los grandes medios y agencias; por otro, acabar con la ONGD Euskadi-Cuba y hundir su labor, tanto de cooperación al desarrollo, como de envío de donaciones materiales a centros hospitalarios de Cuba. Solo un dato: esta ONGD tuvo que adelantar 50 mil euros de fianza, que aún no ha recuperado.

Pero ¿cuál fue el motivo de la querella? Repasemos. El 5 de octubre de 2020, publiqué en Cubainformación un material, en texto y video, titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, en el que denuncié el trabajo de la organización PD y de JL en la destrucción, en labor coordinada con el Departamento de Estado del Gobierno de EEUU, de los programas médicos solidarios de Cuba en numerosos países del mundo (9). Allí expliqué que, además de generar problemas diplomáticos y de imagen al Estado cubano, el objetivo de PD y JL, con sus informes y publicaciones, es el de colaborar con la implementación del bloqueo económico que impone a Cuba el Gobierno de EEUU, concretamente mediante el ataque a los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba en algunos países -no en todos, ya que La Habana sostiene, en los países más pobres, todos los gastos de la cooperación-, y con los que ha logrado mantener, en un escenario de agudas sanciones de Washington, el sistema sanitario público de la Isla.

El trabajo, que mencionaba el interés por crear un desabastecimiento de medicamentos y otros recursos en la Isla, incluso una situación de crisis sanitaria, fue premonitorio. Dicha crisis se produjo un año después, al darse, con la pandemia de Covid-19, todos los elementos para una “tormenta perfecta”: el cese de ingresos por la ruptura de los acuerdos médicos que Cuba mantenía con Ecuador, Bolivia y Brasil, al llegar a estos gobiernos mandatarios de derecha, aliados del Gobierno de EEUU; una batería de más de 200 sanciones nuevas contra la Isla, aprobadas por el Gobierno de Donald Trump; y la reducción a cero de los ingresos por turismo de Cuba, debido al cierre pandémico (10). La situación de falta de medicamentos y de todo tipo de insumos sanitarios se mantiene en la actualidad en el país, y organizaciones como Euskadi-Cuba actúan en red para enviar toneladas de ayuda sanitaria (11). Citar solo un ejemplo: en 2021, esta ONGD vasca aportó fondos para la compra de 655 mil de los cuatro millones de jeringuillas enviadas a la Isla por el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba), plataforma que agrupa a más 60 colectivos, para la vacunación masiva contra la Covid-19.

La guerra contra la cooperación médica cubana

Al explicar, en el citado trabajo periodístico, el trabajo de influencia y cabildeo de PD y JL sobre gobiernos y representantes políticos de diversos países, con vistas a destruir los acuerdos médicos internacionales de Cuba, es que señalo, tal como indica el titular del trabajo, que realizan una labor de “guerra contra la cooperación médica cubana”. Esta se enmarca en la “guerra económica” o bloqueo del Gobierno de EEUU contra Cuba, que a su vez es parte de una estrategia de “guerra no convencional” o “guerra híbrida” que, mediante la combinación de diversos mecanismos de injerencia (pauperización de las condiciones de vida de la población cubana, presión diplomática, guerra psicológica, bombardeo comunicacional, etc.), busca forzar, desde el exterior, un “cambio de régimen” político en un país soberano (12).

Dado que considero que PD y JL trabajan en el desarrollo de estas formulaciones de “guerra”, que no es una guerra en sentido estricto (guerra militar o guerra declarada), puesto que esta no existe, es que, en el último párrafo del trabajo, califico como “criminales de guerra” al expresidente Donald Trump, al senador ultraderechista por el estado de Florida Marco Rubio, arquitecto de las 243 últimas sanciones contra el pueblo cubano, y a JL como colaborador de los anteriores. Quien lea o escuche el trabajo, entiende a la perfección que la expresión es una hipérbole periodística y se refiere a “criminales de guerra contra la cooperación médica”, “criminales de la guerra económica” contra Cuba o “criminales de una guerra no convencional”.

JL y PD colaboran con el Gobierno de EEUU en su guerra contra la cooperación médica cubana y, en especial, contra los ingresos para la salud pública cubana de ella obtenidos. Estos ingresos son calificados por JL y PD como un “gran negocio” del “régimen” cubano a partir de la “esclavitud” laboral de miles de profesionales de la salud (13). Desde Cubainformación damos la versión contraria: una parte de estos ingresos va destinada a mejorar los salarios del personal cooperante y las condiciones de vida de sus familias en la isla, y otra sirve para mantener el sistema público y gratuito de salud de la Isla, en las condiciones de un país cercado económica, financiera y comercialmente (14). JL y PD jamás han presentado una sola prueba de funcionarios o dirigentes de Cuba hayan ingresado un solo dólar por ello, por lo que el supuesto “negocio” es una completa falacia.

Los testigos de los informes de PD sobre este tema son supuestos excooperantes (anónimos) de la salud de Cuba que se acogieron, años atrás, al “Cuban Medical Professional Parole”, un instrumento del Departamento de Estado de EEUU que, entre 2006 (año de su creación por el Gobierno de George W. Bush) (15) y 2017 (año de su cierre por Barack Obama) (16), otorgó el asilo político a médicas y médicos cubanos que lo solicitaron en embajadas o consulados estadounidenses en todo el mundo. Estas personas son quienes aporta los “testimonios” para los informes de PD que, después, el Departamento de Estado emplea para presionar a ciertos gobiernos con el objetivo de que cancelen sus convenios médicos con Cuba. Aun aceptando que estas personas, bajo anonimato, existan, representan una minoría interesada (en mantener su estatus migratorio y profesional en EEUU), exigua y poco representativa: PD presenta 600 testimonios, cuando han sido más de 605.000 las y los profesionales cubanos de la salud que han ayudado a comunidades empobrecidas de 165 países del Sur Global (17).

Apoyo directo al bloqueo de EEUU

Pero no solo eso. JL ha apoyado el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales (“sanciones”) que Washington impone sobre el pueblo cubano, en declaraciones públicas. En 2020, en una entrevista con el medio digital ADN Cuba, un sitio sostenido por subvenciones del Gobierno de EEUU (18), dio su apoyo directo a la política de asfixia a Cuba del Gobierno de Donald Trump: “La política de Trump -declaró- evidentemente está haciendo un efecto, Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica, situado en el régimen de Cuba. (…) La política de Trump de control, del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo super eficiente, tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos” (19).

El 29 de marzo de 2023, JL asistió a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y, allí, defendió, ante los grupos políticos vascos, que “resulta evidente que las sanciones son un mecanismo muy empleado internacionalmente, porque es de lo poco con lo que se puede reducir el margen de maniobra de un `maltratador´” (20).

Por otro lado, el trabajo de cabildeo de PD en la Unión Europea se centra, hoy, en la erosión -para su derogación- del actual Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba (21). El objetivo evidente es que Bruselas reimplante un régimen de sanciones económicas similares a las de la derogada “Posición Común de la UE hacia Cuba”, aquella iniciativa implementada, a proposición del expresidente español José María Aznar, en 1996, y que se mantuvo, como una especie de “segundo bloqueo” sobre la Isla, durante más de veinte años.

El bloqueo es una guerra

El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba es una violación masiva, sistemática y flagrante de los derechos humanos (22) de más once millones de seres humanos en Cuba, que ha sido condenada en 31 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. La última, el 2 de noviembre de 2023, por 187 votos contra dos (EEUU e Israel) (23).

El bloqueo es denominado “guerra” o “guerra económica” por numerosas fuentes del ámbito político, académico, periodístico y jurídico. No solo por el Gobierno de La Habana, cuyo canciller, en la Asamblea General de la ONU, afirmó que “es un acto de guerra económica en tiempo de paz” (24). También ante Naciones Unidas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció que la Isla sufre “una guerra económica extraterritorial, cruel y silenciosa” (25).

Citaremos algunas otras fuentes, entre muchas. En el mismo escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, Luis Arce, presidente de Bolivia, afirmó que “es un crimen contra la humanidad” (26). La ex embajadora argentina en Cuba, Juliana Marino, calificó el bloqueo de EEUU como “un acto de guerra” (27), expresión también utilizada por la profesora de la Universidad de Glasgow Helen Yaffe en varios de sus artículos y trabajos académicos (28) (29), así como por el jurista cubano residente en EEUU José Pertierra, que añade que es “un atentado de genocidio contra el pueblo cubano, especialmente durante una pandemia” (30).

Gerald Condon, portavoz de la ONG Veteranos por la Paz, conformada por exmilitares de EEUU, afirmó, en enero de este año, que “el bloqueo es un acto terrorista contra Cuba” (31). Como un “implacable terrorismo económico” lo denunció el eurodiputado Mick Wallace en la Eurocámara (32). El sociólogo argentino y miembro de la Red de Escritores en Defensa de la Humanidad, Atilio Boron, lo calificó como “un crimen de guerra” (33) y como “un crimen de lesa humanidad” (34), expresión esta última empleada también por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana (35), así como por el director del Centro Sean McBride en la Universidad Nacional de Lanús, el intelectual mexicano Fernando Buen Abad (36).

Quien fuera subsecretario general de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, Jomo Kwame Sundaram, en un artículo de julio de 2022, sentenció que sanciones unilaterales como las de EEUU son “armas de hambruna masiva”, que significan un estado de “sitio, una antigua técnica de guerra”, y que las impuestas a Cuba “provocan escasez de alimentos, medicinas y otros artículos esenciales” (37). Perry Blanckson, de la revista History Matters, escribió que “el bloqueo es una guerra económica diseñada para castigar colectivamente a un pueblo por su independencia, y debe terminar” (38). William LeoGrande, profesor en la American University de Washington y experto en las relaciones Cuba-EEUU, afirmaba, en un artículo reciente, que “el hambre ha sido un arma del arsenal de Washington” contra Cuba “desde que Eisenhower ocupaba la Casa Blanca” (39).

Alfred-Maurice de Zayas, quien fuera experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, afirmó en una entrevista a Cubainformación, en octubre de 2023, que el bloqueo contra Cuba es parte de “la guerra híbrida, de la guerra no convencional” y es “una forma de genocidio”, que no pretende “ayudar al pueblo”, sino lograr “un golpe de estado”, tras crear en la población “una situación tal de hambre, zozobra y confusión”, que lleve a una insurrección popular contra su gobierno (40). Y “provoca muertes directas”: es el caso de las personas a las que no les llega determinado medicamento –o les llega tarde- y mueren, “igual que si les hubieran disparado con un revólver”. A la pregunta de si, a quienes llevan a cabo el bloqueo contra el pueblo cubano, sean del Gobierno de EEUU o de las organizaciones que lo apoyan, se les puede denominar “criminales de guerra”, responde de manera taxativa: “Lo son, pero falta una verdadera Corte Penal Internacional” que juzgue estos crímenes. En una entrevista anterior, señaló que “las mal llamadas sanciones” contra países como Venezuela o Cuba “implican la consumación de crímenes de lesa humanidad, a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (41).

Y en agosto de 2021, Alena Douhan, Obiora Okafor, Livingstone Sewanyana y Tlaleng Mofokeng, expertas y expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aseguraron, en nota pública, que “los habitantes de los países objeto de las sanciones, como Venezuela, Cuba, Siria e Irán, se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales como electricidad, vivienda, agua, gas y combustible, y mucho menos medicamentos y alimentos” (42).

Crimen de lesa humanidad

La política de asfixia económica a Cuba por parte de EEUU no es un mero “embargo” unilateral, sino una política de cerco extraterritorial, por parte de la primera superpotencia mundial, a los ingresos, el comercio y las finanzas de un pequeño país subdesarrollado del Sur Global. Por eso hablamos de un bloqueo económico, financiero y comercial que, según la Conferencia Naval de Londres de 1909, se tipifica como “un acto de guerra” (43). De hecho, está sustentado en la llamada Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 que, cada mes de septiembre, es extendida, por un año más, mediante la firma del presidente de EEUU (44).

Los días 16 y 17 de noviembre de 2023 se celebró, en Bruselas, en la sede del Parlamento europeo, el Tribunal Internacional sobre las sanciones de EEUU contra la República de Cuba, un evento de carácter simbólico que, en su veredicto, calificó el bloqueo como un “crimen contra la humanidad”, según el Estatuto de Roma de 1998, por cuanto constituye un “ataque generalizado o sistemático contra población civil” y que, “aunque lo llamen embargo o sanciones”, “ha provocado ya, directa e indirectamente, la pérdida de numerosas vidas humanas” (45). Y añade que “los bloqueos son una de las formas más traicioneras, ilegales e ilegítimas de hacer la guerra, incluso si invocan tratados o leyes internacionales para camuflar sus acciones”.

Además, el citado Tribunal Internacional cita la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, para señalar que la “actitud” del Gobierno de EEUU de “mantener medidas que se calcula llevarán en el largo plazo a la destrucción física, al menos en parte, del pueblo cubano”, “podría constituir un Crimen de Genocidio” (46).

En la citada sentencia simbólica, se indica que el bloqueo contra Cuba “viola el Derecho Internacional”: la Carta de Naciones Unidas sobre la protección de la soberanía, la libre autodeterminación y la prohibición de intervención; la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la protección de la libertad de comercio.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, de julio de 1998, indica que el exterminio es “la imposición intencional de penosas condiciones de vida y la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras acciones” (47).

Todo esto es el bloqueo contra Cuba, en cuya implementación práctica participan JL y PD.

“Criminal” de una guerra económica, no declarada y contra la cooperación

Por su participación directa en esta guerra es que, en el citado trabajo periodístico, señalé que “Javier Larrondo (…) es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra. Y como tal debería ser tratado”. Una semana después de publicarlo (exactamente el 13 de octubre) retiré esa frase del trabajo, ajena al estilo habitual, más medido, de Cubainformación, y por reflejar una carga de subjetividad valorativa añadida, completamente innecesaria para la comprensión de los contenidos. Esta práctica de rectificación o mejora de textos es continua en Cubainformación, como en cualquier otro medio de comunicación, siendo muy habitual la supresión o modificación de imágenes, audios, entrevistas o fragmentos de guion.

Sin embargo y, para nuestra sorpresa, días más tarde, el 21 de octubre, recibí un burofax en el que el aludido exigía la retirada del material completo, una disculpa pública con rectificación de los contenidos. No acepté y JL presentó una querella criminal por injurias, calumnias y delito de odio, basándose, precisamente, en la frase suprimida. Según su argumentación, el material había llegado a “miles de personas” y le había causado un “daño irreparable”. Algo poco creíble, cuando precisamente fueron JL y PD, quienes, a través de un comunicado de prensa, consiguieron la reproducción de la frase suprimida en medios como ABC y El Correo (ambos del Grupo Vocento) y otros de ámbito digital (48). ¿Quizá para aumentar aún más el “daño irreparable” sufrido?

En los 17 años de vida del medio, he publicado en Cubainformación más de 1.500 trabajos (en texto y video), que analizan la guerra mediático-política contra Cuba, así como unas 1.100 entrevistas (49). Desde una posición política no neutral, sino de izquierdas, he defendido siempre a Cuba, su soberanía, su Revolución y su intento de construcción del socialismo, con datos, argumentos y un lenguaje ciertamente comedido, frente a agresores con mucho poder, como son -tal como veremos a continuación- JL y PD.

Que, bajo el disfraz de “activistas por los derechos humanos”, toman parte en una de las violaciones de dichos DDHH más masivas, sistemáticas y flagrantes: el bloqueo contra Cuba. Por eso, considero -y aquí explico parte de la frase suprimida- que no “deben ser tratados” como tales, sino como agentes de una guerra no convencional que impone sacrificios y un sufrimiento injustificado a un pueblo absolutamente inocente.

¿Quién está detrás de Prisoners Defenders y de esta operación?

Pero ¿quién está detrás de PD? ¿Quién financia a PD? Así como es conocido que otras organizaciones y medios del “anticastrismo”, también ubicadas en territorio español, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (50) o Diario de Cuba (51), son sostenidas mediante fondos del Gobierno de EEUU (grants o subvenciones USAID y NED, principalmente), PD no hace públicas sus fuentes de financiamiento.

Excepto el patrocinio del Gobierno de la República Checa (estrecho aliado de Washington en la Unión Europea), cuyo logo aparece, al parecer por imperativo legal, en la web de PD, el resto de financistas no son reconocidos de forma transparente.

En el juicio, mi excelente abogado, Endika Zulueta, preguntó a JL ¿quién financia a su organización?, a lo que respondió que “no estaba autorizado” para dar dicha información.

Sin embargo, hay elementos que nos acercan a deducir una supuesta -en mi opinión, más que probable- conexión financiera con el Gobierno de Washington.

Uno, PD representa, oficialmente, en Europa, a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), un grupo de la “disidencia” interna cubana, que es sostenido económicamente por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) de Miami, una organización que, a su vez, recibe subvenciones directas del Gobierno de EEUU para programas de injerencia política en Cuba. En el apartado de la web de la FNCA titulado “Grupos a los que asistimos” figura UNPACU (52), así como la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), cuyo representante Iván Hernández Carrillo forma parte, a su vez, de la Junta Directiva de PD (53). En este órgano de gobierno de PD hay incluso un representante directo de la FNCA, Adolfo Fernández Sainz (54).

Recordemos que la FNCA fue fundada en 1981 por el presidente entonces de EEUU, Ronald Reagan, y fue presidida, durante muchos años, por el magnate Jorge Mas Canosa (55). Numerosos testigos apuntan a que la FNCA, durante la década de 1990, financió atentados terroristas en Cuba, principalmente contra instalaciones turísticas (56) y hoy aparece en la Lista de organizaciones terroristas, publicada por el Gobierno cubano en 2024 (57).

En la anterior web de PD, se leía que JL “ayudó a fundar la UNPACU junto a José Daniel Ferrer y Luis Enrique Ferrer, responsabilizándose de la Representación para la Unión Europea” (58). Y, en mayo de 2019, en entrevista al canal Televisión Martí, propiedad del Gobierno de EEUU, el propio JL reconocía la vinculación orgánica PD-UNPACU: “La UNPACU es una organización espectacular (…) Y una organización que es así de espectacular en su accionar necesita a su lado un mecanismo de defensa jurídica, de acción diplomática, etc., etc. que soporte ese accionar” (59). PD debería contestar a esta pregunta: ¿recibe fondos de la FNCA de Miami, una entidad sostenida, a su vez, en gran parte, por grants gubernamentales de Washington?

Dos, la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU) tiene, desde hace tres años, un programa específico de subvenciones, de hasta 3 millones de dólares, para las organizaciones que –palabras textuales- “investiguen, recopilen y analicen información relacionada con violaciones de los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso, del personal médico cubano exportado al extranjero” (60). PD debería declarar si recibe fondos de este programa.

Tres, PD actúa en consorcio con otras organizaciones para presentar sus denuncias públicas contra los programas médicos cubanos en el exterior (61). Por ejemplo, en mayo de 2022, PD hizo actos públicos en México contra la presencia de especialistas médicos de Cuba, junto a Outreach Aid to the Americas, una organización con sede en Miami que recibe numerosas subvenciones gubernamentales y que, por ejemplo, en el año 2019, gastó 89.000 dólares en un programa denominado “Investigación Sistemática de Violaciones a los Derechos Humanos de Misiones Médicas Cubanas” (62). PD debería indicar si esta organización, subsidiada por la Casa Blanca, ha financiado o financia parte de su actividad.

Operación cuya Dirección Estratégica está en EEUU

En un documento filtrado de la ONG argentina “Cultura Democrática”, y cuya autenticidad no ha sido desmentida por dicha entidad, ligada a la derecha de su país y que recibe fondos de la NED (National Endowment for Democracy), entidad paraestatal, con asignación orgánica y por ley, del Congreso de EEUU, titulado “Apoyo a la Sociedad Civil cubana como método de presión a gobiernos totalitarios. Su posible aplicación a Bolivia” (63), se expone un cuadro titulado “Plataforma política para el cambio de régimen en Cuba”.

Es un organigrama operacional, en el que la Dirección Estratégica de la actual ofensiva contra Cuba estaría en manos de lo que, el autor, denomina “Políticos y financistas”. Cita, entre otras personas, a congresistas de la ultraderecha cubanoamericana por el estado de Florida como Marco Rubio y María Elvira Salazar; al alcalde de Miami, Francis Suárez; o al embajador de EEUU ante la OEA (Organización de Estados Americanos), Carlos Trujillo. El cuadro señala cómo estas personas influyen, de manera directa, en la “Administración Biden”, en su “Departamento de Estado” y en la “Embajada de EEUU en La Habana”. Esta última se encargaría de la “Preparación de agentes de cambio” en Cuba. En el esquema, PD aparece como una de las ONG encargadas, junto a la citada Embajada, de trabajar en la citada “Preparación de agentes de cambio”, así como en la labor de influencia en “Públicos diferenciados”, citando aquí, entre otros, a “Medios de comunicación”, “Políticos de Europa” o la emigración cubana.

En el documento se explica, además, la relación clara entre guerra económica (bloqueo) y guerra comunicacional y política contra el Gobierno cubano: “lo que hace que este sistema funcione como un reloj suizo, inicia con el entramado de sanciones a Cuba, que inciden a lo externo e interno, sumado al engranaje de todos los componentes del sistema”.

Lawfare y el fenómeno SLAAP

Esta querella es una más de las muchas y diversificadas acciones de guerra no convencional contra Cuba. Ataca a una organización y a un medio de comunicación del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba que, hoy, ya agrupa a más de 1.600 colectivos de todo el mundo.

El día 16 de noviembre de 2023 fui citado en Bruselas, por el antes citado Tribunal Internacional, de carácter simbólico, sobre el Bloqueo de EEUU a Cuba, como testigo experto en comunicación (64). Allí no solo expliqué la colaboración de diversos grupos mediáticos en la legitimación y colaboración directa en dicho bloqueo. Además, denuncié que el motivo de esta querella es el amedrentamiento, criminalización y violación de la libertad de prensa de un medio de comunicación al que se pretende censurar su voz crítica e incómoda.

Es una expresión, a pequeña escala, de lawfare (guerra jurídica), y una muestra de lo que se denomina SLAAP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, o Pleitos Estratégicos contra la Participación Pública), es decir, una “acción judicial abusiva contra la participación ciudadana en temas de interés público”, que se manifiesta, por ejemplo, en una “acusación penal o de demanda civil con el objetivo de impedir que una investigación se lleve a término o que sus resultados sean difundidos por los medios”, para “paralizar el ejercicio de la libertad de expresión” y “atemorizar a quienes tuvieren la intención” de “investigar acciones que atentan contra los derechos de las personas”, en este caso la participación de organizaciones civiles en el bloqueo de EEUU contra Cuba.

El fracasado objetivo ha sido, además de quebrar económicamente a una ONGD, Euskadi-Cuba, que lleva 30 años de cooperación al desarrollo en Cuba, el de provocar, debido a los costos judiciales, el cierre de un modesto medio como Cubainformación.

Pero no lo han conseguido. Las aportaciones de decenas de personas y colectivos a la campaña de crowdfunding, mediante la plataforma Goteo, cubrieron los costes judiciales y de defensa. Y la sentencia ha dejado clara, negro sobre blanco, nuestra inocencia.

Por eso, no les quepa la menor duda. Vamos a seguir denunciando el bloqueo contra Cuba como un crimen de guerra. Y señalando a sus agentes.

Tomado de Cubainformación