“No habrá selva si no hay nadie que la defienda”. La frase es de Darlon Neres, un comunicador de 23 años amenazado por denunciar la tala ilegal en el oeste de Pará, estado del norte de Brasil. En septiembre de 2023 tuvo que abandonar la comunidad en la que vivía y recibió escolta policial bajo la dirección del Ministerio Público Federal.
Neres es uno de los diez periodistas y comunicadores que narran amenazas y ataques por denunciar actividades depredadoras en la Amazonía brasileña en el informe “Fronteiras da Informação” (Fronteras de Información), elaborado por el Instituto Vladimir Herzog (IVH). El documento trae las historias de estos profesionales y destaca la conexión entre la violencia contra la prensa en la región y la destrucción de la selva. También ofrece consejos de seguridad para periodistas y presenta recursos de protección a los que los profesionales pueden recurrir si se encuentran en peligro.
El informe también recopila datos de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj, por su acrónimo en portugués), que registró 230 casos de violencia contra la prensa en los nueve estados de la Amazonía brasileña entre 2013 y 2023. Pará es el estado con más registros (89 casos), seguido de Amazonas (38), Mato Grosso (31) y Rondônia (20). El año 2022, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que Jair Bolsonaro, entonces presidente, se postuló para la reelección y fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, fue el año con más casos registrados: 45.
Dyego Pegorario, supervisor de coordinación del IVH y de la Red Nacional de Protección a Periodistas y Comunicadores, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que el escenario de violencia contra comunicadores en la Amazonía se ha ido “complejizando” en los últimos años. Especialmente después de los asesinatos del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, en junio de 2022, las organizaciones que defienden la libertad de prensa comprendieron que era necesario mirar la Amazonía “con mayor atención”, afirmó.
“A partir de esa necesidad establecimos estrategias para entender mejor cómo es hoy este escenario. Este informe va en esa dirección. Queremos construir esa comprensión un poco más amplia y actual de los desafíos presentes en la Amazonía para periodistas y comunicadores”, afirmó.
Poderes económicos contra periodistas
El periodista Hyury Potter, nacido y criado en Pará y dedicado a cubrir la Amazonía, editó y coordinó la producción del informe, que incluyó a otros dos reporteros, Fábio Bispo y Ariene Susui. Al escuchar las historias de los periodistas, el equipo buscó comprender el contexto de las amenazas.
“Siempre que la persona estaba siendo amenazada, normalmente era un poder económico, alguna actividad económica que estaba detrás de ella, que la financiaba. Cuando este comunicador o periodista molestaba a este poder económico, llegaban las amenazas. Entonces empezamos a relacionar [las amenazas] con actividades económicas que son descaradamente ilegales o algunas con sospechas [de ilegalidad], como la ganadería [en tierras indígenas], tala, minería”, explicó a LJR.
La minería, según el informe, es la actividad económica detrás de amenazas y ataques a varios periodistas en Roraima. El estado es donde se ubica la mayor parte de la Tierra Indígena (TI) Yanomami, donde la explosión de la minería ilegal provocó una crisis humanitaria durante los años del gobierno de Bolsonaro (2019-2022) que aún no ha sido resuelta por el actual gobierno de Lula.
Las tierras indígenas en Brasil (TI) son territorios protegidos constitucionalmente donde tradicionalmente vivieron y residen actualmente pueblos indígenas.
La periodista Emily Costa fue una de las que tuvo que abandonar el estado de Roraima debido a las amenazas.
“Me acosté a dormir en mi habitación y me acordé de un líder minero que tiene millones de reales, que tiene varios helicópteros, mucho dinero, secuaces armados, fincas, y realmente tiene una estructura grande. Tenía y tiene, porque todavía está suelto. Y miré la rendija de mi puerta, de mi habitación, y pensé qué fácil sería entrar a mi casa y llevarme, porque la seguridad era prácticamente nula”, relata en el informe.
En el caso de Neres y el medio digital Tapajós de Fato, las amenazas se produjeron luego de denunciar tala ilegal en la región de Santarém, en Pará.
“Hacer periodismo en la Amazonía es un gran desafío. No tienes seguridad, estás a su merced. Necesitamos mejorar los instrumentos de defensa para esos comunicadores. A veces tenemos que pasar dos días en un barco para poder dar voz y visibilidad a esas comunidades. Y pudimos contar lo que estaba pasando allí, que estaban siendo amenazados. Cuando un comunicador es amenazado y vulnerado porque denunció una ilegalidad, no sabemos a quién acudir”, dijo Neres al equipo del informe.
Ganaderos dentro de la TI Uru-Eu-Wau-Wau fueron responsables de un asedio a comunicadores indígenas en mayo de 2023, según el relato de la líder indígena Txai Suruí.
Un grupo de comunicadores indígenas del territorio y un equipo de documentalistas iban a grabar un acto contra la invasión del territorio por parte de las estancias ganaderas. Unos 50 hombres, algunos armados, rodearon al grupo en la carretera y les impidieron continuar su viaje durante cinco horas, dijo Txai Suruí.
Ella dijo que los hombres que los rodearon se sorprendieron al ver a los indígenas con cámaras filmando lo sucedido. Considera que la acción de los ganaderos fue “premeditada y organizada”.
“El cineasta que estaba con nosotros tenía dos cámaras grandes. Empezó a filmar a las personas. Eso los asustó, realmente los asustó”, dijo en el informe.
Además de estos casos, el documento contiene denuncias de censura judicial de reportajes, amenazas contra periodistas por parte de inspectores ambientales y policías, y el ataque a tiros a la sede de un sitio de noticias en Rondônia.
Potter, responsable del informe, también ha vivido situaciones en las que se sintió en riesgo mientras realizaba su trabajo en la región.
“Infortunadamente sucede con bastante frecuencia, si viajas al Amazonas y estás investigando algún tipo de cadena [de producción] ilegal”, dijo.
“En 2021 fui a pistas [de aterrizajes] de minería para una investigación (…) Algunas situaciones fueron muy extrañas. En una finca, el guardia de seguridad nos estaba rodeando. No fue nada amistoso, estábamos en medio de la nada, ¿verdad? (…) En otra situación, fui a hablar con un piloto y toqué la puerta de su casa, al costado de la pista. Salió con una pistola en la mano. Dije ‘hola, ¿cómo estás? No necesitas un arma’ y esas cosas. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba muriendo de miedo”.
Potter señaló que, si bien algunos medios han desarrollado protocolos de seguridad para sus periodistas en campo, “no existe un protocolo de seguridad general para periodistas y comunicadores que viajan a la Amazonía”.
“Eso es un problema. Las redacciones tienen que trabajar mejor en esto”, afirmó.
También recordó que las redacciones no cuentan con políticas de asistencia psicológica ante los traumas que puedan sufrir los periodistas al ser amenazados o vivir situaciones de riesgo en el terreno.
“Todavía tenemos un largo camino por recorrer en esto”, dijo Potter.
Reestructuración de las políticas públicas
El informe también analiza las dos principales políticas públicas para proteger a periodistas y comunicadores en Brasil: el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), creado en 2005 y que comenzó a incluir a comunicadores y periodistas en 2018, y el Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, creado en enero de 2023.
Algunos periodistas entrevistados para el informe denunciaron a las autoridades las amenazas y agresiones que sufrieron, pero dijeron que no habían recibido respuesta sobre las investigaciones. Al menos uno de ellos se puso en contacto con el PPDDH y lleva siete meses esperando una respuesta.
“Era evidente que había una lentitud en la atención a estas personas”, dijo Potter.
Recordó que, en las últimas décadas, muchos de los defensores de la selva amazónica asesinados denunciaron las amenazas e incluso nombraron a sus verdugos antes de morir: el indigenista Bruno Pereira, con quien fue asesinado el periodista británico Dom Phillips, es uno de ellos..
“[Estas muertes] nunca fueron una sorpresa. Si miras la historia, esa persona ya había informado que estaba bajo amenaza y denunció a las personas que lo amenazaron y no pasó nada. Esta lentitud en la protección acaba llevando a una tragedia”, afirmó Potter.
Según Pegorario, organizaciones de la sociedad civil han podido ofrecer apoyo a periodistas amenazados. Pero este apoyo tiene “un enfoque limitado”.
“La construcción de una política pública de protección debe ser responsabilidad del Estado, y el Estado debe ofrecer la estructura necesaria para que esa labor de protección sea efectiva”, afirmó.
Considera que Brasil se encuentra actualmente en un momento de reestructuración de políticas existentes, como el PPDDH, y de construcción de nuevas políticas públicas para ese fin, como el Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas. En este sentido, el informe ofrece recomendaciones para que el Estado brasileño mejore sus iniciativas para proteger a periodistas y comunicadores. En junio, durante un evento en Brasilia se hará el lanzamiento del informe, allí el IVH pretende presentarlo a representantes del gobierno federal responsables de estas políticas públicas.
“Periodistas y comunicadores de la región amazónica han sido importantes a la hora de denunciar actividades ilegales y, en definitiva, proteger la selva. Son periodistas y comunicadores quienes están llevando al mundo imágenes e información sobre la devastación de la selva”, afirmó Pegorario.
“El informe trae estos datos y estas historias de periodistas y comunicadores amenazados en la región amazónica. A partir de estos datos ilustrativos del escenario, construiremos este diálogo con organismos públicos para ampliar esta perspectiva de protección y este mayor enfoque en la región amazónica”.
Tomado de Latam Journalism Review
Foto de portada: Tomada de Semana
