Una y otra vez se frotó las manos: había encontrado el mítico vellocino de oro. Para hallarlo, no pasó prueba alguna, como sí debió vencerlas el héroe griego Jasón. Ni gigantes de seis brazos ni acantilados ni toros inmensos que echaban fuego por la boca; no lideró, mucho menos, una expedición hasta la costa del mar Negro.
A aquel especialista B en Gestión Económica, de la Dirección Contable y Financiera perteneciente a la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, se la pusieron fácil para que desfalcara 7 968 669.50 pesos. Todo o casi todo lo localizó en una simple gaveta, en un simple buró: usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de Telebanca escaneadas, firmas electrónicas…
Con esas llaves maestras a mano, operó las cuentas (corriente, de inversiones y de intermediación financiera) en moneda nacional de dicha entidad, del Ministerio del Turismo (Mintur), en el servicio Virtual Bandec, un sistema de conexión remota banco-cliente, que permite realizar variadas operaciones desde la oficina u otro lugar, mediante Internet o la Intranet cubana, sin necesidad de presentarse en la sucursal correspondiente del Banco de Crédito y Comercio (Bandec).
Pero tanto fue el cántaro a… las cuentas de la empresa espirituana con el propósito de transferir cuantiosas sumas de dinero a la suya que las sistemáticas operaciones promovieron la sospecha. El hallazgo, bochornoso; la alerta tomó su curso acostumbrado. Era el 24 de mayo del 2023.
Denuncia por medio, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria acudieron tres días después al domicilio de residencia del ciudadano en Trinidad y le incautaron los artículos adquiridos con la millonaria cifra malversada. Hasta tres cadenas de oro, con medallas de Santa Bárbara, incluyó el decomiso.
Concluido el expediente de fase preparatoria por la Unidad Especializada de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior aquí, se radicó la causa 188/2023 ante la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular (TPP), cuyo juicio oral, público y ejemplarizante seguido contra el especialista B en Gestión Económica sesionó el 30 de noviembre pasado.
Modus operandi al descubierto
— ¿Cómo usted se llama?, pregunta la jueza al testigo.
— Oscar Ramón Rodríguez Socarrás.
Breves acotaciones de rigor. Toma la palabra el director de Inspección y Control Interno del Grupo Empresarial Campismo Popular, quien interviene en condición de perito. Él y su equipo obraron con la diligencia que le asistía al célebre detective Hércules Poirot, personaje de la notable Agatha Christie. El testigo responde cada interrogante; detalla, precisa. Conoce perfectamente los resultados de la auditoría ejecutada a la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, cuyo informe escudriñaron los jueces.
Por lo expuesto documentalmente, el encartado actuó como dueño y señor de las cuentas de la entidad en la plataforma Virtual Bandec. Eran minas de billetes. De septiembre del 2022 a mayo del 2023, transfirió efectivo a su cuenta personal hasta en cuatro ocasiones en un mes.
A 86 556.50 pesos ascendió la primera operación fraudulenta, ejecutada el 15 de septiembre del 2022, y a 100 000, la última, el 11 de mayo del año siguiente; ese mes sumó 200 000 pesos, el de menor cuantía desfalcada en todo el período, mientras enero del 2023 notificó 1 650 000, la mayor cifra malversada por el implicado durante 30 días.
Para enmascarar su actuar, Rodríguez Socarrás explica que, luego de efectuar las operaciones en el sistema Virtual Bandec, el enjuiciado editaba de nuevo los estados de cuenta y eliminaba así las transferencias a su tarjeta magnética; para ello empleaba un convertidor del documento confeccionado en PDF a Word.
Mientras tanto, ¿dónde estaba la contrapartida, tan elemental en cualquier organización económica? ¿A dónde habían ido a parar las normas del sistema de control interno en esta entidad del Mintur?
Descontrol, terreno fértil
Más de una violación le sirvió el dinero en bandeja de plata al encartado. En agosto del 2022, cuando cesó temporalmente en su labor, primero debido a un certificado médico y, posteriormente, a una licencia de maternidad, la entonces directora del área Contable y Financiera no cambió ni usuario ni clave en Virtual Bandec.
— ¿Dónde usted dejó su tarjeta de telebanca escaneada y su contraseña al salir de certificado médico?, indagan en el juicio.
—En el departamento.
La testigo añadió que, al incorporarse a trabajar a la empresa, ya se encontraban allí escaneadas las tarjetas del director general y del director adjunto. Allí también las halló el encausado, quien transitó por la Dirección Contable y Financiera como parte de una capacitación desde agosto y durante septiembre del 2022, con el objetivo de ocupar una plaza de especialista en dicha área; cargo desempeñado oficialmente a partir del 11 de octubre del propio año.
Durante esa etapa inicial, asumió voluntariamente todo lo relacionado con los mecanismos legales de la directora contable y financiera. Si bien es cierto que en septiembre aún no estaba nombrado para ejercer como especialista en Gestión Económica, realizó los cierres contables de la empresa.
Desde esa fecha, el encartado fue la única persona en operar la plataforma electrónica de Bandec y les negó a sus colegas el acceso a la computadora donde él laboraba; testificaron dos especialistas del área Contable y Financiera. Incluso, cuando una de ellas le pidió que le enseñara el manejo del sistema virtual bancario —por si él se ausentara en cierto momento—, el implicado le espetó un “No” rotundo.
Los autorizados a operar el sistema eran el director general, el director adjunto y la directora del área Contable y Financiera, según el contrato del servicio de Virtual Bandec con la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus; documento no actualizado, al acogerse esta última funcionaria a un certificado médico, lo que constituyó una transgresión evidente del control interno, permitida por los directivos.
Inobjetablemente, para malversar el enjuiciado encontró caldo de cultivo, además, en el desconocimiento que poseían el director general y el adjunto sobre cómo funciona el Virtual Bandec. Verdad admitida por ellos. No fue la única: en cierta ocasión, especialistas del área Contable y Financiera les solicitaron las tarjetas de Telebanca, luego escaneadas. En el juicio oral y público, ambos reconocieron que permanecían al margen del uso dado a estas por quienes trabajaban allí.
Impunidad cero
A partir de los hechos probados y del análisis de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, la Sala Primera de lo Penal del TPP condenó a 18 años de privación de libertad al especialista B en Gestión Económica de la Empresa de Campismo Popular, por ser autor de un delito de falsificación de documentos bancarios o de comercio de carácter continuado, como medio o fin para cometer una malversación.
Como sanción accesoria, el tribunal le aplicó el comiso de la voluminosa cantidad de los bienes que le fueron ocupados, obtenidos con el dinero malversado, que transfería vía electrónica a cuentas en moneda nacional a favor de terceras personas para la adquisición de estos en el mercado informal, a saber: televisor de pantalla plana (55 pulgadas), refrigerador, nevera, dos motorinas…
El acusado, quien admitió su responsabilidad en los hechos desde la fase investigativa, está obligado, asimismo, a reparar el daño material ocasionado a la empresa espirituana, en la suma de 7 968 669.50 pesos.
Esta sentencia todavía no es firme, pues el condenado, de 26 años de edad, interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, según fuentes oficiales.
Durante el proceso de investigación, les fueron aplicadas multas penales administrativas a cinco personas de la empresa: director general, director adjunto, directora contable y financiera, jefa de Recursos Humanos y un especialista de esta última área, por el incumplimiento del deber de preservar bienes en la entidad; lo cual le despejó el camino al sancionado para su actuar corrupto.
Dicho sea de paso, apenas comenzó a tomar cuerpo la malversación, la empresa dejó de contar con liquidez monetaria, vital para saldar sus deudas con los proveedores y pagar utilidades a los trabajadores, quienes, por ende, se sintieron el impacto del delito en sus bolsillos.
Reacción en cadena
Una vez detectado el hecho, el Grupo Empresarial Campismo Popular envió un directivo de otra provincia a la entidad espirituana, hasta que Héctor Morales Betancourt, director entonces de Operaciones y Calidad, asumió —también provisionalmente— la dirección general desde septiembre del propio 2023 a febrero pasado.
Para dar una vuelta de página al mayúsculo descontrol económico y administrativo, la nueva dirección de la empresa estableció un gardeo diario a sus estados de cuenta, en coordinación con la sucursal correspondiente de Bandec, significa Morales Betancourt. A la par, se salió al encuentro de los proveedores habituales para esclarecer las cuantías de las deudas, reconocidas por estos, cercanas a los 2 millones de pesos por aquel tiempo.
—Vamos a revisar, aseguraba la dirección provisional de la entidad en cada puerta que tocaba.
Gracias al aporte de expertos contratados a través de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y a un crédito otorgado por Bandec en noviembre último, entre otras acciones, retornaron la salud financiera y el pago de utilidades a los trabajadores en el 2023 en la entidad, donde fueron aplicadas varias medidas disciplinarias, entre estas, la separación definitiva de la entidad y del sector.
Otro escollo debió encararse con urgencia en aquel momento, hoy no resuelto de forma total: el déficit de la fuerza laboral en la Oficina Central, que llegó a 12 personas en secciones claves como Recursos Humanos, Auditoría, Comercial, así como en la Contable y Financiera; en ascuas, estuvo literalmente esta, al quedarse solo con dos especialistas, de ocho previstos en la plantilla, asevera el director de Operaciones y Calidad.
—Héctor, desde el punto de vista ético, ¿qué dejó este hecho de corrupción al interior de la empresa?
—Cuando se da un hecho de este tipo, los trabajadores dejan de confiar en la dirección.
— ¿Y ya confían?
—Hoy los trabajadores confían en la actual dirección. Por eso, echaron para adelante, y la muestra está en los 80 millones de pesos ingresados en el 2023. La empresa ya tiene vida.
Confianza no debe traducirse en exceso de confianza, como el que manifestó la antigua dirección de la entidad hacia el encartado y que le facilitó a este manejar, a diestra y siniestra, las cuentas de la empresa en el servicio Virtual Bandec. La confianza hacia el otro debe construirse, ante todo, desde el respeto de las funciones de cada quien, más aún en materia de contabilidad y finanzas.
Sobre ello, en Cuba todo está escrito en piedra. La Resolución No. 60/11, de la Contraloría General de la República, debe ser almohada permanente tanto para directivos como para trabajadores. De otro modo, el control interno —como el ejemplo de marras— se va de campismo, desafortunadamente.
Imagen de portada: Exterior de la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus. Foto: Vicente Brito
