Hacia la transformación integral de la prensa en Cuba

Si letal sería esperar a que el bloqueo con que el gobierno de los Estados Unidos intenta asfixiar definitivamente a Cuba se levante para que ella haga lo que el criminal engendro le ha impedido hacer, también lo sería esperar a que la guerra mediática contra ella cese para que su prensa se fortalezca. Y los replanteos en el modelo político y social del país son impensables sin que la prensa cumpla su tarea plenamente.

Los serios desafíos de esos replanteos, por un lado, convocan a la UPEC a bracear por un mejor desarrollo del trabajo en el sector que ella atiende y, por otro lado, explicarían aprensiones que ese ineludible afán ha suscitado desde la gestación de la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social, con la que se vincula el experimento cuyos fines veremos. Pero, asidas a elementos atendibles, tales aprensiones no pueden ignorar el respeto de la UPEC a la índole ideológica y profesional de su cometido.

Si un error en la economía puede tener efectos costosos, peligro que asoma de distintas maneras, los causados por pifias en el plano las ideas serían más difíciles de revertir. Se vive en un mundo inundado por avalanchas de falsedades —al punto de que en término elegante y de ínfulas académicas se llama “posverdad” a la mentira—, y por indeseables herencias y hábitos que muchos vivos fomentan.

De eso podrá haber pruebas en la prensa no solo ante cambios hechos en ella, sino también, cuando no sobre todo, por estancamientos capaces de acarrear males no menos costosos que los cosechables en el área económica. De atención a unos y a otros da muestras el Informe central, que aquí se citará, preparado por la UPEC para su próximo Congreso, el onceno, que repasará los años 2018-2023 —particularmente complejos—, mirando el presente y hacia el futuro, con esta máxima: “Cambios sí, cambios revolucionarios”. Rinde con ello tributo textual y de pensamiento al Líder de la Revolución, Fidel Castro.

El documento se basa en contribuciones precedentes —de manera particular en las de Julio García Luis, a quien caracteriza como “el más importante de los estudiosos de la relación entre prensa y sistema político en tiempos de Revolución”—, y asume una premisa: “la sola solución de los problemas de la prensa no resuelve los del país, pero sin resolver los primeros no habrá eficaz solución a estos últimos”.

Más que en cualquier otro momento, hoy a la prensa cubana “se le antepone, con fondos millonarios que caen en catarata por diferentes vías, un ecosistema de medios contrarrevolucionarios y de sofisticados laboratorios de intoxicación mediática”. Así se torna más ineludible lo que para ella debe ser una permanente brújula vital: fortalecerse.

Para eso nació la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social, y se ha encargado a varios medios un experimento en marcha, que aprobó el Secretariado del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. No es fortuita ni de poca monta la búsqueda de vías para asegurar la existencia material de la prensa, con prácticas como “publicidad y patrocinio”. Estarán en función de “sufragar parte de sus gastos con ingresos derivados de la actividad comercial sin afectar su objeto social”, su razón de ser.

La precisión de que esas prácticas se harán “de acuerdo con las normas legales y la regulación en estudios” podría obedecer a que no están libres de riesgos y prejuicios. Pero los retos económicos signan no solo el experimento, sino la prensa toda y, más allá, la realidad del país en su conjunto. Surge la necesidad de dejar claro que los medios de comunicación deben “tener autorizadas”, junto a su objeto social básico, “actividades mercantiles o funciones estatales que le generan ingresos”, y, en general, “administrar con racionalidad y eficiencia el presupuesto”.

No cabe en pocas líneas comentar todos los propósitos del Informe ni la magnitud de las tareas a las que convoca. Pero deben al menos mencionarse elementos relativos a lo más práctico. Junto a la búsqueda de autofinanciamiento, aunque sea parcial, para asegurar no solo la supervivencia de los medios, sino su eficacia, se proponen replanteos como los salariales. Se trata de estimular al personal de la prensa, vista en su diversidad de soportes y de modo abarcador: “el cambio de los modelos de gestión editorial, económica, tecnológica y de formación de recursos humanos”.

Los estímulos salariales están pensados para incentivar a todos los trabajadores del sector, “especialmente a directivos y cargos periodísticos”, pero “sin obviar el resto del personal de aseguramiento y servicio”. En el experimento, que se define “como sistema”, eso representaría “para los cuadros y cargos periodísticos una estimulación” que dependerá de cuánto contribuyan “al incremento de la autoridad social del medio”, y será “aprobado colectivamente por el consejo de dirección”.

Tal meta requiere una seria atención para que se cumpla sin deformaciones. Quien más quien menos tendrá en mente directivos que mientras, digamos, aplauden reclamos oficiales contra el secretismo, lo cultivan en la práctica editorial a su cargo. Para colmo, a veces esa actitud ha contaminado también a quienes hacen el periodismo.

Aunque responde a la experiencia multisecular del ejercicio periodístico, algo de lo propuesto que podría estimarse novedoso, aunque no del todo, es el “no restringir los cargos periodísticos a carreras específicas, estableciendo el nivel de calificación, siempre que se demuestren los conocimientos y habilidades” que se deben exigir. A directores y directoras de los medios se confiarán las decisiones y los mecanismos para poner en práctica esa amplitud, y “que los contratados cuenten con las competencias esenciales requeridas”.

Esas competencias deben ser algo más que esenciales, pero la experiencia apuntada antes se probó cuando brillaron grandes periodistas sin que hubiera centros docentes para su especialización en ese terreno. Su nómina llega hasta la actualidad, y huelga citar ejemplos de quienes ni siquiera pertenecían a la plantilla administrativa del órgano o los órganos de prensa donde colaboraban.

Eso no niega la necesidad de tener todo el cuidado necesario para que, al amparo de la soltura reclamada, no cunda la falta de profesionalidad. Hoy existen facultades universitarias para formar comunicadores sociales —y en ellas, para solo mencionar un ángulo, se supone que la atención al idioma sea fundamental—, pero a menudo lo que se oye y se lee en los medios está lejos de lo que se debe exigir y cabría esperar.

Conforta que la UPEC observe lo económico sin descuidar la ideología y, en ella, la justicia y la ética. No solo piensa en quienes todavía forman parte administrativa de los medios de prensa, sino que también propone “un cambio en el tratamiento de los ingresos a los pensionados del sector”. Está gremialmente comprometida con ellos, que son de los menos favorecidos, pero no los únicos, entre los que el llamado reordenamiento económico puso en insolvencia. Solo los de algunos sectores específicos, por las razones que sean, puede decirse que han sido tratados amablemente.

Volviendo de conjunto al experimento, sus plausibles propósitos se cumplirán plenamente en la medida en que la prensa no se permita, ni se le imponga, dejar zonas de silencio o media voz que, lejos de hacerle bien al país, agravan sus males. El experimento quedará lejos de los fines trazados si no sirve para que —pese a todo lo que supuestamente ha sido o aún podría ser exceso de control—, medios cubanos no sigan difundiendo productos audiovisuales que rinden culto al imperialismo no solo de modo general o abstracto, sino magnificando sus instituciones. Entre otras pruebas se halla el serial “FBI Internacional”, trasmitido recientemente por un canal cubano.

Un autor y editor obsesivo no puede terminar estas notas sin detenerse en uno de los fines que el citado Informe defiende: “Mantener un balance coherente con las agendas política y pública, que privilegie esta última”. Aunque se entiende el sentido del verbo privilegiar en ese contexto, parece preferible reclamar que se le dé a la agenda pública el lugar rector que le corresponde (sin sacrificio de la razón moral). Así se ajustaría más la formulación a lo que se necesita y debe hacerse. Bienvenidos el Onceno Congreso de la UPEC y el experimento que estos apuntes saludan.