La guerra cultural de la derecha norteamericana contra las escuelas, las universidades y los profesores de Historia —disfrazada como una cruzada contra los «conceptos divisivos» (como el racismo) y la «teoría crítica de la raza»— no da señales de amainar. Según un proyecto de seguimiento de la Facultad de Derecho de la UCLA, desde septiembre de 2020, «un total de 229 entidades gubernamentales locales, estatales y federales de todo Estados Unidos han presentado 750 proyectos de ley, resoluciones, órdenes ejecutivas, cartas de opinión, declaraciones y otras medidas contra la Teoría Crítica de la Raza». Mientras tanto, crece la sensación de inseguridad entre las y los profesores.
Brendan Gillis, historiador colonial de los Estados Unidos y del Imperio Británico, supervisa las iniciativas de enseñanza y aprendizaje de la Asociación Histórica Americana (AHA), que fue fundada en 1884 y, con sus más de 11 000 miembros, es la mayor organización gremial de historiadores profesionales del mundo. Desde su puesto en la AHA, Gillis tiene el ojo puesto en los retos a los que se enfrentan los profesores de historia de todo Estados Unidos. Colabora en la iniciativa «Libertad para aprender» de la AHA, a través de la cual la organización responde a las nuevas leyes y crea recursos para los profesores afectados. Este verano, Gillis ha dirigido el primer taller de desarrollo profesional de la AHA para 40 educadores de secundaria. Hablé con él a finales de julio.
—¿Por qué han decidido ofrecer un taller para profesores de secundaria ahora?
—Teniendo en cuenta lo tensas que se han vuelto las cosas en el ámbito de la educación y viendo que estas cuestiones han atraído el interés de algunos actores alevosos, pensamos que es importante dar más apoyo a profesores de secundaria y primaria.
—¿Actores alevosos?
—Es una palabra demasiado fuerte. Digamos que algunos grupos que trabajan para remodelar la política educativa se mueven por agendas que van más allá de lo meramente profesional. Desde luego, la Historia siempre ha sido controvertida, y la forma en que la enseñamos siempre ha tenido una dimensión política. Pero desde 2020, después de la Comisión de 1776 de Trump y la conciencia emergente de que la «teoría crítica de la raza» como concepto de moda podría movilizar energías en un lado del espectro político, la Historia y la Educación Cívica se han convertido en un campo de batalla a nivel nacional. Esto significa que, de repente, hay mucho dinero canalizándose hacia la enseñanza de la Historia. Por supuesto, hay un montón de buenas organizaciones que se centran en equipar a los profesores con las habilidades, el conocimiento y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo. Pero también hay otros grupos que dicen ofrecer desarrollo profesional, cuando en realidad pretenden intervenir en las guerras culturales. Existe la sensación en la derecha, y entre algunas figuras intelectualmente conservadoras del ambiente educativo, de que éste es un momento de crisis: que el dominio de lo woke de las escuelas de educación ha ido demasiado lejos y que necesitamos algún tipo de intervención drástica para reconstruir la educación desde cero.
«Se trata realmente de un esfuerzo por utilizar el poder estatal para restringir lo que los profesores pueden decir y hacer en el aula».
—¿Logran tener algún impacto?
—En algunos lugares, sí. El ejemplo emblemático quizá sea Dakota del Sur, un estado que acaba de revisar de arriba abajo sus pautas para las asignaturas de Estudios Sociales. Normalmente, estas son normas elaboradas por profesionales: comités de profesores, historiadores y líderes comunitarios. Ahora bien, el año pasado el Consejo Estatal de Educación optó por desechar un borrador revisado que se había desarrollado y examinado durante muchos meses. Contrataron a un consultor, un profesor jubilado de Hillsdale College [una institución notoriamente conservadora], para que reescribiera las normas estatales de Estudios Sociales desde cero. Fue una revisión estructural con enormes implicaciones para los distritos escolares locales, que ahora tendrán que reasignar o reformar a los profesores.
—¿Qué cambios ha habido?
—Entre otras cosas, las nuevas normas restan importancia a la historia del propio Estado de Dakota del Sur (el tercer estado con mayor proporción de población indígena). Sin embargo, a pesar de las enormes protestas que se produjeron en las audiencias públicas, en las que todos, desde los sindicatos de profesores hasta las naciones tribales, se manifestaron en contra de las nuevas normas, éstas se acabaron aprobando. Y además, para la tarea de formar a los profesores en estas nuevas normas, el Departamento de Educación de Dakota del Sur ha recurrido a organizaciones conservadoras.
«Las leyes sobre conceptos divisivos han sido en muchos casos el primer frente de la campaña para reformar la educación pública en este país».
—Yo sabía de las leyes sobre «conceptos divisivos», pero no me había dado cuenta de que la derecha también tiene el ojo puesto en las pautas.
—La verdad es que las leyes sobre conceptos divisivos han sido en muchos casos el primer frente de la campaña para reformar la educación pública en este país. Las pautas estatales son el frente siguiente. Son importantes porque establecen puntos de referencia para evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada asignatura. En Virginia, el Consejo Estatal de Educación intentó llevar a cabo una revisión radical de todo el marco didáctico oficial para Historia y Estudios Sociales. En agosto de 2022, el Consejo rechazó un borrador revisado que había sido elaborado mediante el proceso habitual, democrático e inclusivo. Después, el superintendente de Educación del Estado contrató a un consultor para que elaborara a toda prisa otro marco didáctico, que terminó tomando prestado muchos elementos del marco propuesto por la llamada Civics Alliance bajo el concepto de American Birthright (Patrimonio Norteamericano). En Colorado, una moción para sustituir las pautas para los Estudios Sociales directamente por ese marco conservador fracasó por solo un voto. Algo parecido ocurrió también en Ohio.
—¿Cuáles son los límites de lo que la AHA cree que debe o puede hacer, y en qué se diferencia de otras organizaciones que se han opuesto a la nueva legislación, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP)?
—Lo que estamos viendo con la legislación de conceptos divisivos, así como los esfuerzos por utilizar las pautas estatales para reorientar la educación pública, no tiene precedentes. Se trata realmente de un esfuerzo por utilizar el poder estatal para restringir lo que los profesores pueden decir y hacer en el aula. Como AHA, queremos asegurarnos de que los profesores tengan la formación, los conocimientos y el apoyo que necesitan para enseñar profesionalmente, para compartir conocimientos históricos y hábitos mentales con sus alumnos, sin interferencias de personas que intentan restringir sus libertades.
«Jim Grossman, director ejecutivo de la AHA, fue uno de los primeros críticos de la legislación sobre conceptos divisivos. Señaló que estas leyes, tal y como están redactadas, harían ilegal parte del trabajo básico que nosotros realizamos como historiadores y educadores. Por ejemplo, el Consejo de Educación de Florida, en un documento en el que explicaba cómo se aplicaba la ley apodada Don’t Say Gay (No digas gay) a la educación primaria y secundaria, decía que los profesores desde educación infantil hasta sexto grado no podían decir nada que tuviera que ver con el concepto de la orientación sexual. Pero después de un recurso judicial hubo una revisión, según la cual los profesores sólo pueden abordar los temas de género y sexualidad en contextos en los que las normas estatales lo obliguen expresamente.
«Ahora bien: se da el caso de que, en Historia, las pautas de Florida rara vez incluyen temas de género y sexualidad. Así que desde la AHA emitimos una declaración que planteaba una serie de preguntas: ¿Significa esto que cuando se habla de la Revolución Americana, no se puede mencionar el matrimonio (heterosexual) entre John y Abigail Adams? ¿Está prohibido apuntar que la imagen del presidente Theodore Roosevelt se asociaba con cierta masculinidad robusta?
—¿Cómo contestó el estado?
—Los miembros del Consejo de Educación respondieron de forma bastante dramática. «¿Por qué», tuiteó uno de sus vocales, «los historiadores intentan sexualizar a los niños?» Lo que queríamos decir, por supuesto, no es que se esté tratando de prohibirnos que enseñemos elementos fundamentales de la historia, sino que estas nuevas políticas, interpretadas literalmente, prohibirían a los profesores hacer su trabajo.
«La Rand Corporation publicó un estudio que encontró pruebas significativas de un efecto amedrentador, especialmente relacionado a los temas de género y raza.
—Es posible que muchas de estas leyes contra los «conceptos divisivos» acaben siendo derrotadas en los tribunales. Pero como parte de una guerra cultural más amplia, pueden tener un efecto amedrentador sobre el profesorado.
—Ya lo están teniendo. Los profesores de Florida están muy preocupados, sobre todo los más jóvenes, porque a menudo no saben lo que pueden o no pueden enseñar. La controversia en torno a las nuevas pautas de Historia Afroamericana en las últimas semanas es un buen ejemplo. Mucha gente está más confundida de lo que estaba antes de que se publicaran las nuevas normas. En declaraciones públicas, además, algunos funcionarios de Educación de Florida dejan claro que no les temblará el pulso a la hora de despedir a profesores que no se atengan a las normas. Este ambiente hostil está produciendo efectos notables. La Rand Corporation, por ejemplo, publicó un estudio que encontró pruebas estadísticamente significativas de un efecto amedrentador, especialmente relacionado a los temas de género y raza. —Un grupo de investigación de la Universidad de California en Riverside, por otra parte, realizó un estudio similar en el que se documentaba la alarma y la preocupación de muchos profesores por la forma en que la política se cruza cada vez más con el trabajo que realizan. Una de las conclusiones claras es que muchos distritos escolares están dejando de enseñar cualquier tema que pueda causar polémica. La opción más fácil es no enseñar nada que se pueda relacionar con la actualidad.
—Lo que más me sorprende es la desconfianza generalizada hacia los profesores y los historiadores.
—Parte del problema, para mí, es que no estamos teniendo suficientes conversaciones que unan a la gente. A veces parece que vivimos realidades distintas. Por ejemplo, ha habido una oleada de proyectos de ley estatales que intentan obligar a las universidades públicas a impartir cursos introductorios de Historia de Estados Unidos que incluyan una serie de documentos fundacionales: la Declaración de Independencia, la Constitución, etcétera. Estas leyes se presentan como una especie de medida punitiva basada en la suposición de que los historiadores y los profesores se niegan a enseñar la historia de Estados Unidos. Pero cualquiera que conozca a un profesor de Historia, sabrá que por lo general nos encanta incluir documentos así. Si algo nos gustaría es tener más tiempo en las aulas para tratar la Revolución, la Constitución y otros documentos fundacionales. Por eso nos parece absurdo que se presenten proyectos de ley estatales insistiendo en que se nos obligue a hacerlo.
—Los políticos y los padres no tienen ningún reparo en rechazar el criterio experto.
—En Carolina del Norte, el estado no sólo ordenó qué documentos debían enseñarse, sino que además estipuló que estos tenían que evaluarse en un examen final con un formato que nosotros, como educadores, sabemos que es ineficaz en términos didácticos. Ahora bien, cuando el profesorado universitario se opuso al proyecto de ley por este motivo, Fox News recogió la noticia diciendo: «¡El profesorado de Carolina del Norte ya no quiere enseñar la Constitución!». Por otra parte, me consta que muchos demócratas están convencidos de que los republicanos no quieren enseñar la historia de la esclavitud, cuando la verdad es que muchos republicanos creen que la esclavitud debería formar parte de cualquier curso de Historia.
«Muchos distritos escolares están dejando de enseñar cualquier tema que pueda causar polémica».
—O sea, que el desacuerdo es menor de lo que parece.
—Si nos fijamos en los datos de las encuestas, en realidad hay mucho más consenso en lo que se refiere a la enseñanza de la Historia de lo que a muchos expertos les gustaría admitir. Lo que nos preocupa, como AHA, es que grupos que operan al margen de ese consenso intenten aprovechar este momento como una oportunidad para promulgar un cambio radical.
—¿Hay esperanza?
—Lo alentador es que muchos cargos electos están abiertos a lo que tenemos que decir los historiadores profesionales universitarios. En lo que se refiere a la política educativa, hay mucha desconfianza hacia los profesores de primaria y secundaria, pero muchos funcionarios desprecian menos a los académicos. Por eso, si un historiador profesional viene y dice: «Lo que están intentando obligar a hacer a estos profesores de primaria y secundaria es imposible», le escucharán mejor que a los propios profesores. Si hay algo que estoy predicando ahora mismo, por tanto, es la solidaridad. En muchos contextos, los profesores de primaria y secundaria se sienten muy presionados, pero muchos aliados potenciales están demasiado callados. Podemos hacer mucho para apoyarnos mutuamente y preservar la integridad profesional básica de nuestro trabajo frente a los esfuerzos autocráticos por interferir en lo que hacemos en el aula.
Nota
La Teoría crítica de la Raza, explica BBC, surgió en la segunda mitad del siglo XX como un modelo teórico que buscaba dar una explicación a las inequidades raciales en EE.UU. En ella se explica que la discriminación de una persona por su raza no es un problema que exista únicamente dentro del individuo, sino que se ha transferido a las estructuras sociales, algo que se ve reflejado en las instituciones o las leyes. El modelo también se aplica para otros tipos de discriminación, ya sea por género, identidad sexual, u otras. El desarrollo académico de la Teoría Crítica de la Raza, afirma el artículo, se atribuye a un grupo de profesores vistos como radicales hacia finales de los años de 1980, quienes recogieron muchas líneas de pensamiento que veían el movimiento de los derechos civiles de los años 60, y sus críticos argumentan que está detrás de las tensiones que se viven últimamente en el país.
Tomado de CTXT
Foto de portada: Brendan Gillis testifica ante el Consejo de Educación del Estado de Virginia, febrero de 2023 / American Historical Association
