El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, destinado al esclarecimiento de la desaparición, muerte y destino de las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, es el acontecimiento más importante en Chile al llegar este 11 de septiembre al medio siglo de esa asonada fascista.
Hay una información que resulta clave para comprender el valor político y la importancia histórica de la medida: el asesinato y desaparición de manera forzada de por lo menos 3.200 personas durante el pinochetismo cuyo paradero aún no está aclarado.
Al presidente Gabriel Boric le tocó por definición tomar la controversial medida, pues se trataba de ser o no ser ante una vieja disputa entre los sectores reclamantes de la verdad y la derecha que apunta a complejizar el escenario político chileno.
Vale subrayar que Boric es el primer mandatario de corte izquierdista que llega al palacio de La Moneda, luego del de la Unidad Popular de Salvador Allende derrocado por Pinochet.
Con el plan de referencia se pone sobre la mesa un asunto trascendental para el destino de Chile que apunta al esclarecimiento y rectificación de los acontecimientos que llevaron al período más oscuro y tenebroso en la historia del país austral.
Según las agencias de noticias, en el acto de firma del documento que pone en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el presidente dijo que a su Gobierno no lo moviliza el rencor sino “la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana, es conocer toda la verdad”.
Al respecto, Boric se preguntó: “¿cómo se responde a quienes invitan a olvidar, a quienes niegan lo que ocurrió, a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo?”
Entonces afirmó: “la mejor manera de dar respuestas a algunas de estas preguntas, es llevando a la práctica y asumiendo, como responsabilidad colectiva e institucional, la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solitaria las víctimas”.
Subrayó entonces que el plan se traduce en el compromiso permanente del Gobierno y del Estado en hacer todo lo que esté a su alcance para esclarecer los crímenes de la dictadura militar.
El Gobierno de Chile expresó en un comunicado que el objetivo “es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.
Las líneas maestras del programa transcurrirán por el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición forzada y/o muerte de las víctimas, así como su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
El documento presidencial subraya que el plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todos los gobiernos que sucedan al de Boric.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia chileno llegó tarde por razones obvias, pero es un triunfo inobjetable de las fuerzas que a lo largo de todos esos años, a veces solos y dispersos, sin más apoyo que la fuerza moral y ética de su causa, reprimidos y a riesgo de sus propias vidas, lucharon por él.
Contra la búsqueda de la verdad y el ejercicio auténtico de la justicia ha estado a lo largo de media centuria la derecha tanto la pinochetista (implicada hasta las narices en los crímenes de la dictadura), como la derecha hipócrita que ha preferido pasar en puntilla de pies por al lado del monstruo para no levantar sospecha de su complicidad.
Por demás, durante esos cinco decenios, ambas hermanas cuasi gemelas detentaron todo el poder con las consecuencias que ello ha implicado. Hoy la derecha chilena sigue siendo un peso pesado en la política doméstica, aunque su ausencia de La Moneda la considere un retiro transitorio. Por lo tanto, puede afirmarse desde ya que su cooperación en el esclarecimiento de los hechos en que estuvo implicada estará preñado de artimañas, negaciones, mentiras, emboscadas judiciales. Vivir por ver.
Dentro de las múltiples aristas que saca a flote el decreto presidencial está el de la imagen y la memoria que el pinochetismo ha querido imponer sobre el asunto y que deben ser desmontados.
Por ello, la verdad se convierte para esa élite de poder en un grave peligro, pues su versión de la historia ha apuntado desde siempre a maquillar al viejo régimen con la intención estratégica de buscar adhesión y compromiso de las nuevas generaciones para garantizar su perpetuación.
Durante este medio siglo transcurrido, las fuerzas del pinochetismo han sabido posesionar hábilmente en el subconsciente colectivo el miedo y el terror por el pasado. Con ello se ha buscado enajenar y estimular el olvido de sus crímenes.
Uno de los esfuerzos más aberrantes del fascismo chileno en este tiempo transcurrido es la construcción de una narrativa tendiente a limpiar el baño de sangre de la dictadura. La matriz de opinión empleada se ha basado en echarle la culpa de la asonada militar a Salvador Allende por llevar el país al caos.
De igual manera, se ha reiterado que la intervención militar no solo salvó al país del comunismo sino también colocó a Chile en la senda del orden, el progreso y la prosperidad.
Cincuenta años también han ayudado a una “limpieza natural” del escenario del crimen, pues muchos de los autores intelectuales y materiales de la barbarie se han mantenido seguros en sus casas en espera de irse al cielo de la mano de Dios como buenos y dóciles abuelitos, tal como ocurrió con Augusto Pinochet.
Sume a lo antes expuesto el pacto de silencio que existe entre la casta militar pinochetista para no revelar ni una palabra sobre sus crímenes. Un ejemplo reciente es el del brigadier del Ejército (retirado) Hernán Chacón Soto, implicado en el abominable asesinato de del trovador Víctor Jara, quien al conocer la sentencia definitiva e inapelable de la Corte Suprema, se suicidó el día 29 de agosto, antes de ser llevado a la cárcel.
La derecha también ha llevado a cabo una sistemática acción represiva sobre los grupos de familiares y demás defensores de la verdad y la justicia. Su accionar ha estado orientada a desalentar su actividad promoviendo la división, negando o minimizando su visibilidad en los medios de comunicación, imponiendo el acoso de todo tipo.
En esta nueva etapa que se abre, los medios de comunicación controlados mayoritariamente por la oposición pinochetista serán decisivos, y aunque se dice que la verdad camina sola, lo cierto es que en este caso muy especial los sectores empeñados en que salga a la luz, deben montarla sobre ruedas.
Ahora viene una etapa en que la confrontación se hará mucho más compleja y encarnizada, pues apunta a ser a careta quitada y en todos los escenarios por donde la verdad pueda aflorar; asimismo, se requerirá de la firmeza y determinación del gobierno, de la justicia, de la unidad de las fuerzas implicadas, y estar conscientes deque esa es una lucha larga y a la vez a contrarreloj, pues entre otras cosas, La Moneda puede cambiar de inquilino.
Imagen de portada: Tomada de La tercera
