Este no es un documental más sobre los transgénicos, Monsanto o los lobbies de la alimentación. Esto es un relato sobre cómo los beneficios empresariales y la seguridad alimentaria chocan en la política legislativa a nivel europeo. Una muestra de cómo los alimentos son entendidos de manera muy diferente: como un derecho humano básico o de un producto para especular. Price of Progress permite entender cómo funciona el tira y afloja en el sector de la alimentación, acercándonos cómo nunca al discurso, el hacer y las prácticas de los lobbistas. El director, Víctor Luengo, consigue que los hombres y mujeres que trabajan para las todopoderosas empresas de alimentos y biotecnología se relajen delante de la cámara. “Para mi es uno de los gran valores que tiene este documental, tener a los lobistas así. Cómo se desnudan, acceder a sus despachos”, comenta para El Salto su director, que desgrana las claves de este proyecto personal iniciado en 2013.
Más de cinco años de grabaciones y postproducción que ahora se estrena en salas de varias ciudades españolas. “Me interesaba reflejar cómo las empresas votan y el impacto que tienen en la legislación europea”, comenta Luengo.
El aparente oasis en el que se ha convertido Europa con su veto a los GMO (organismos modificados genéticamente) y a numerosos agrotóxicos, puede ser un espejismo. Por un lado, la legislación europea prohíbe utilizar en los cultivos dentro del territorio ciertos tóxicos, pero no regula lo que se importa o exporta. Una ‘doble vara de medir’ que denuncian desde Ecologistas en Acción. “En concreto, la UE tiene la legislación más potente en plaguicidas. El problema surge que a la vez que prohíbe, no veta su fabricación y su venta a terceros países”, comenta Koldo Hernández, desde esa organización. “Es muy normal —continúa— que haya plaguicidas que se fabriquen en Europa, se vendan en Brasil y haya un retorno en la importación de alimentos. Y es legal. Plaguicidas viajeros que dan la vuelta al mundo”.
Una legislación que a primera vista protege al consumidor pero que contempla numerosas excepciones para levantar las restricciones. Precisamente un informe de Ecologistas en Acción enumera todas las veces que se han usado tóxicos prohibidos en España sin causa justificada. “Las normas químicas europeas están llenas de excepciones, como el artículo 53, que permite utilizar plaguicidas anualmente. Eso hace que en España se utilicen productos como el 1,3 Dicloropropeno, que han acabado siendo uno de los más vendidos”, explica Hernández.
Una legislación que busca la seguridad alimentaria en la teoría, pero que no perjudica los beneficios empresariales. ¿Todos ganamos? “Mientras sigamos tratando los alimentos como una mercancía global, tenemos un gran problema”, explica en el documental Pat Thomas, periodista inglesa y directora de la plataforma de denuncia Beyond GM. “Hemos pasado a que no se trata de alimentar a la gente”, explica Henk Hobbelink, cofundador de Grain y premio Nobel Alternativo en agroecología. “¿La comida es una necesidad o una transacción económica? Son ambas”, zanca en el documental la lobbista de la industria alimentaria y farmacéutica, Natalie Moll.
Informes pagados y oligopolios
“Si la idea es que los productos debe tenerlos solo el mejor postor, estamos entendiendo la comida de una manera totalmente equivocada” continúa la activista que explica que todos los argumentos de la industria para justificar los GMO, como que producen más comida contra la hambruna o que los hacen más resistentes al cambio climático, son mentira. Solo es necesario mirar a otros países.
“En EE UU ni se ha reducido el uso de pesticidas, ni las cosechas producen más ni han hecho las plantas más sostenibles. Solo es un mercado de patentes”, insiste Thomas. Y los datos le dan la razón: cuatro empresas (Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain) controlan más del 70% de las semillas GMO mientras que el 75% de las variedades de cultivos del mundo desaparecieron entre 1900 y 2000, según la FAO. Si alguien hecha de menos a Monsanto en la lista del oligopolio transgénico es porque en 2017 Bayer compró la empresa pionera en modificación genética. Ocurrió justo después del escándalo conocido como ‘Los papeles de Monsanto’.
A raíz de un juicio en EEUU por los riesgos para la salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del glifosato producido por Monsanto–, el juez del caso decidió desclasificar más la correspondencia interna de la empresa. En las más de 250 páginas se encontraron evidencias de que Monsanto tenía evidencia del potencial mutágeno del glifosato al menos desde 1999. También reveló las prácticas nada éticas o transparentes que la compañía empleaba para lograr la aprobación de las agencias de regulación y seguridad. Entre ellas, fabricar informes favorables que luego eran firmados aunque no redactados por científicos de prestigio a cambio de una suma importante de dinero.
Algo que en España nos suena, ya que en 2016 se desveló una práctica similar en la industria cárnica para contrarrestar el informe de la ONG que advertía del peligro cancerígeno de los productos cárnicos procesados. “Es un tema que nos hubiera gustado tratar también en Price of Progress”, explica el director del documental, que sí que pudo incluir el problema de financiación que muchas universidades y grupos de investigación sufren y que es aprovechado por los lobbies.
Problemas de financiación como el que se encontró el propio Luengo, que explica que el rodaje fue en condiciones muy precarias. Pero lo lograron. Encontraron un financiador que les pedía una sola condición: lograr que algún lobbista hablara a cámara. Y lo logró, en numerosas ocasiones. “Eso fue lo que más me sorprendió —relata—, acceder a ellos. Conocí por casualidad en 2016 a Jean-Philippe Azoulay, que fue presidente de la ECPA, el lobby más importante de pesticidas. Aproveché la oportunidad y él me puso en contacto con Nathalie Moll, actual directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) y Secretaria de Agricultura de EuropaBio y con Mella Frewen, directora general de Fooddrinkeurope”. De hecho, Price of Progress capta como Frewen se queja de que las normas para evitar conflictos de intereses son demasiados estrictos, lo que hace perder, en su opinión, valiosos científicos y expertos. Aunque ella misma negó tener contacto con las empresas del lobby, meses después de la grabación, la EFSA (la Agencia Europea por la Seguridad Alimentaria) la descartó para un cargo por conflicto de intereses.
Transparencia Vs propiedad intelectual
El momento de falta de credibilidad que vive la EFSA también está recogido en el documental, que cuenta con las declaraciones de su director en este momento, Bernad Url, investigado por su implicación en ‘Los papeles de Monsanto’. Agencias como esta se encuentran en una encrucijada: por un lado deben autorizar los documentos realizando estudios y pruebas, pero su trabajo está limitado por la propiedad intelectual. Así, las empresas sólo ofrecen los datos que consideran y, en base a ellos, las agencias deciden. “El problema es que no tenemos información, en cuanto a seguridad o la sostenibilidad, derechos laborales que hay detrás de cada producto”, explica Nazaret Castro, del blog Carro de combate.
La periodista e investigadora sobre consumo tacha de “rotundamente escasos” los análisis que se hacen a muchos productos antes de darles luz verde para acabar en las estanterías de los supermercados. “No debemos depositar en el consumidor la responsabilidad de informarse, para eso están los Estados. El problema es que la clase política está muy alimentada con las empresas agroalimentarias, un problema especialmente grave en España. Los eurodiputados españoles tienden a repetir el argumentario de las empresas agroalimentarias”, denuncia. Una opinión que Koldo Hernández avala: “España es el país que menos productos analiza, sobre un 5%, mientras que la media se sitúa en el 15%”.
Precisamente el principio de precaución que se aplica en la UE —analizar antes de autorizar y no solo cuando haya sospechas de riesgo— es algo que atacan los lobbies y ponen en duda los activistas y ecologistas. “Los que lo defendemos decimos que no solo es peligroso lo que está avalado por la ciencia de que es peligroso, si no todo aquello que después nos enteramos que también lo era”, explica, a la vez que indica que la ‘trampa’ de este sistema está en medir por separado cada componente potencialmente peligroso y a corto plazo. “Al analizar por separado —detalla Hernández— deja un enorme vacío de cómo se comportan cuando se juntan. No sabemos cuales son las consecuencias de estar expuesto a lo largo de la vida y de manera conjunta”.
Disruptores endocrinos, la toxicidad en todas partes
La conversación con los lobbies de Price of Progress deja palabras claves muy evidentes: beneficios, avance, tecnología y agricultura moderna. Innovaciones que pasan, curiosamente, por los GMO, plaguicidas, fertilizantes y demás. “Productos que llevan más de 40 años en el mercado”, explican desde Ecologistas en Acción. La permacultura, la diversidad de cultivos, rescatar las semillas locales adaptadas y dejar de depender del petróleo para sembrar son las nuevas-antiguas revoluciones para lograr más resiliencia y más productividad en los mercados. Como ilustra el documental Tomorrow que recorre el mundo en busca de soluciones sostenibles. “Debemos cambiar la visión: no ir hacia donde la tecnología permita, si no hacia donde realmente queremos y necesitamos”, explican.
Una visión compartida por Miguel Porta, epidemiólogo de la Universidad de Barcelona. “La tecnología no ha logrado que se produzcan toneladas de alimentos sin toneladas de pesticidas, de hecho, tenemos un problema gordo a nivel alimentación y de salud”, comenta Porta, uno de lo pioneros junto al también epidemiólogo Nicolás Olea, del estudio de los disruptores endocrinos. “Están en las telas deportivas, en el teflón de las sartenes, en la pintura del interior de latas, en los herbicidas como el glifosato, en todo”, explica Víctor Luengo, que alerta de que su análisis desmonta la toxicidad clásica, ya que actúa en unas personas diferente que en otras, alterando las hormonas, afectando más a cuanta menor edad se tiene. “Regular los disruptores endocrinos supondría regular todo el mercado de los plásticos —comenta. Habría que cambiar la industria europea por completo y estaría vetado comprar cualquier producto alimentario de fuera”. De hecho, de momento, solo se ha logrado limitar el comercio de tetinas de biberones con bisfenol-A.
Con estos datos limitarse a comer ‘bio’ parece una gota en el océano de cuidar la salud individual y pública. Entonces, ¿qué hacer? “Hacernos responsables a nivel individual es una de las mayores trampas de estos lobbies”, explica Koldo Hernández, que continúa: “Disminuye las responsabilidad de los Estados, que son los que deben ser garantes del derecho a la alimentación y a la salud. Además de que a nivel ético las respuestas individuales no son aceptables. ¿O acaso tenemos que dividir el mundo entre listos e ignorantes, entre privilegiados que se pueden permitir elegir productos y entre los que no pueden?”. La legislación a nivel europeo y global se muestran como una parada a corto plazo. Empezando por replantearse por qué se prioriza que gran parte de los cultivos no se dediquen al consumo humano —sean empleados en pienso animal, como combustible o para fabricar textiles— o por qué las decisiones sobre la agricultura se toman en países que no producen comida. Muchas dudas que surgen a la hora de valorar el precio del progreso.
Texto y foto: El Salto. Una mujer usa el código de barras para conocer los componentes de un producto en el supermercado.
