Latinoamérica: ¿normas… o dejar correr las fake news?

Muchos se están apertrechando. «Regulación», con resonancia menos drástica que «control», es un vocablo cada vez más reiterado cuando se habla de información en las plataformas digitales, intercambio en las redes, o la novedad tecnológica en boga: la inteligencia artificial con sus chatbots que «hablan» de acuerdo con los datos recopilados en un gigantesco disco duro, pero sin el sentimiento y la responsabilidad que asiste a los humanos.

Con matices diferentes pero similar percepción acerca de la necesidad de cuidar a las ciudadanías de lo nocivo, la preocupación por la influencia que generan los contenidos mentirosos, el lenguaje de odio y hasta la incitación al desorden mediante las redes sociales se escucha —o lee— con frecuencia, sobre todo en Europa y en algunas naciones de América Latina sin olvidar a la ONU, que también está sobre el tema y ha exhortado a cuidar la difusión de discursos racistas y discriminatorios en los espacios digitales, al tiempo que elabora un Código de Conducta para velar por la integridad de la información en las plataformas.

En Francia, por ejemplo, algunos han hablado de la conveniencia de regular el acceso a las redes en momentos de inestabilidad luego de las protestas que conmocionaron al país hace pocas semanas, y en las que se dice que los mensajes digitales jugaron un rol movilizador.  El rechazo al asesinato de un joven hijo de inmigrantes resultó el desborde de una copa de insatisfacciones saturada por la previa imposición de la reforma de pensiones.

Aunque pudiera pensarse que los países desarrollados fueran los menos preocupados por un fenómeno con amplias repercusiones sociales como, por ejemplo, el mal manejo y difusión de noticias no comprobadas durante crisis o en medio de pandemias como la Covid-19, no está resultando así.

La Unión Europea, que reúne a las naciones con civilizaciones y culturas más antiguas y podría pensarse por eso que más sólidas, ha sido el primer bloque de países —y la pionera, en sentido general— en protegerse. El reglamento para controlar los contenidos online mediante la Ley de Servicios Digitales ya es un hecho y le ha valido no pocos escarceos con gigantes como Amazon.

Ante el reclamo muy reciente de esa compañía por haber sido incluida entre las plataformas que deben ajustarse a las regulaciones de la UE, un representante de la Comisión Europea recordó a sus managers que «El alcance de la Ley de Servicios Digitales es muy claro y está definido para cubrir todas las plataformas que exponen a sus usuarios al contenido, incluida la venta de productos o servicios, que pueden ser ilegales».

Según se ha descrito, la legislación tiene el propósito de reforzar la protección de los derechos de los usuarios en línea, así como proporcionar una mayor transparencia y responsabilidad, y se pronuncia en primer lugar contra la difusión de contenidos ilegales.

Sus normas se aplican a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos; crea nuevas y exhaustivas obligaciones para que las plataformas en línea reduzcan los daños y contrarresten los riesgos en línea, introduce la protección de los derechos de los usuarios y coloca a las plataformas digitales en un nuevo marco único de transparencia y responsabilidad.

Mientras, la UE ya tiene listo y cumple los trámites de rigor para establecer otra normativa con vista al uso de la inteligencia artificial. El proyecto identifica cuatro niveles de riesgo y conllevará obligaciones para las empresas que pongan a sus usuarios ante tales situaciones.

Pero la propagación de fakenews y, en general, la desinformación, tiene un importantísimo rol político. Las noticias falsas constituyen hoy instrumento de la manipulación mediática que es, a su vez, una de las armas principales de la subversión y los golpes no declarados contra gobiernos que no son del gusto de quienes, a escala global, ejercen el poder.

Si la mentira desempeñó un rol esencial durante las primeras muestras de lo que se ha llamado revoluciones de colores, la propagación y uso de las redes sociales ha hecho más expedito ese papel.

De su mano se sigue ejecutando la judicialización de la política —el lawfare— para sepultar políticamente a los líderes de izquierda, se tuercen votaciones en procesos electorales y hasta se implementan golpes de Estado, como el ejecutado contra Evo Morales en 2019 con la ayuda de la OEA, bajo la mentira de que hubo fraude en su reelección.

Pero tenemos ejemplos muy cercanos de manipulación a gran escala. Venezuela y Cuba somos víctimas de un asedio comercial, económico y financiero que intenta justificarse mediante mentiras propaladas a nivel internacional; entre las más recientes, que somos Estados fallidos, pasando por la falacia del «terrorismo» y, más fresco aún, el embuste de que hay en Cuba una base militar china. Así se intenta argumentar que somos un enemigo, y desacreditar nuestros modelos y nuestra vida.

Libertad de expresión, otro concepto manoseado

Aunque pudiera parecer paradójico, intentar que se regule la  emisión de noticias falsas está resultando más difícil en algunos países latinoamericanos donde sus ciudadanías han sido víctimas preferenciales de la manipulación a manos de la derecha local, para modelar sus regímenes.

Dos de los casos más recientes son los de Brasil y Chile. En el gigante de Sudamérica, la derecha en el Congreso ha dejado varado el interés del ejecutivo de Luiz Inacio Lula da Silva de aprobar una legislación contra las fake news calorizado por el papel de las redes en el intento de asonada contra el líder del Partido de los Trabajadores en enero, apenas unos días después de su llegada al poder.

Hurgando en el acontecer brasileño puede comprobarse, empero, que no es el primer propósito de regular las noticias falsas en ese país. Otros proyectos de ley en tal sentido fueron presentados incluso durante el mandato de Jair Bolsonaro, obviamente, bajo su amenaza de vetarlos si se llegaban a aprobar por el legislativo.

Claro que el empantanamiento del nuevo texto no ha inhibido al sistema electoral, con una actuación transparente bajo la batuta de Alexandre de Moraes, de castigar, de algún modo, las mentiras mediante las cuales Bolsonaro detentó en buena medida el poder.

Aunque la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos que acaban de ser dictados contra Bolsonaro responden a los cargos de abuso de poder y uso fraudulento de recursos, el TSE emitió el dictamen en atención a la reunión de julio del año pasado cuando, en vísperas de las elecciones que dieron el triunfo a Lula, su antecesor reunió a decenas de embajadores extranjeros para persuadirles, sin pruebas, de las supuestas deficiencias del sistema electoral brasileño y las urnas electrónicas. Era el inicio de la gran fake news que unos meses despuésllevó a las huestes bolsonaristas a asaltar las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Tampoco en Chile el deseo del gobierno de Gabriel Boric de contar con normas que permitan enfrentar la desinformación ha tenido éxito, ni ha sido la primera vez que emerge esa preocupación allí.

Al menos 12 proyectos que tienen que ver con las fake news, promovidos por autoridades o partidos y relacionados incluso, algunos de ellos, con mensajes emitidos por las autoridades o que afecten de alguna forma a los ciudadanos, han entrado al Senado desde 2018; pero todos permanecen «en tramitación».

No es poca la presión que ejerce la derecha, bajo el discurso de que se intenta coartar un término tan vapuleado como, lamentablemente, se burla con frecuencia la verdad. Defender la libertad de expresión, que presuntamente  resultaría incautada por las reglas que se aprobasen, es el argumento principal de quienes se oponen a ellas.

…O aducir que el fin de las regulaciones es «político» cuando político es, en primera instancia, el deseo de manipular la realidad, como ocurrió para «instar» al electorado chileno a desaprobar el primer proyecto de nueva Constitución presentado a referendo en septiembre de 2022. Su fracaso fue el primer golpe al mandato de Boric y ha dejado la responsabilidad de redactar la nueva carta magna en manos de expertos y constitucionalistas escogidos fuera de los ámbitos del chileno de abajo.

Ahora llueven las críticas sobre la instauración de una Comisión Asesora contra la Desinformación instaurada por decisión del ejecutivo y cuyo fin primero, afirman las autoridades competentes, es establecer el debate y socializar el asunto.

Sin embargo, por más que la ministra a cargo de la secretaría general del gobierno y su vocera, Camila Vallejo, repita hasta la saciedad y haya ido hasta la ONU a explicar que «la desinformación es un fenómeno que está amenazando fuertemente a las democracias en el mundo» y «se requiere abordarlo con seriedad y de manera colectiva, porque finalmente está generando efectos negativos en la vida de las personas» —así lo describió en Twitter—, los críticos siguen y hasta se han granjeado las simpatías de la SIP (la llamada Sociedad Interamericana de Prensa), un organismo que históricamente nunca ha estado asociado a las mejores causas de Latinoamérica ,  hija como es de dueños y editores de grandes medios de la región y defensora de sus intereses bajo el tamiz de que salvaguardan la libertad de prensa.

Y una se pregunta: si los poderosos toman recaudos ante la avalancha mediática malintencionada, ¿por qué las naciones que resultan víctimas principales de las maniobras para manipularlas, torcerles el rumbo o amordazarlas, no lo iban a hacer?

Foto de portada: Tomada de Prensa Latina