COLUMNISTAS

Acerca de la representatividad

El propósito, funcionamiento y particularidades de la construcción de la democracia en la sociedad cubana no pueden explicarse con los puntos de partida de la concepción liberal de democracia, por más que en el plano formal haya momentos elementales de coincidencia que están dados por la experiencia histórica de la humanidad.

Uno de esos puntos de coincidencia es la representatividad. El crecimiento y desarrollo de las comunidades, pueblos, naciones generó la representatividad como modo práctico de crear canales por donde pueden fluir intereses diversos y tener expresión en el espacio de las decisiones políticas. Su contrapartida en la actividad y comunicación políticas es la participación social de la ciudadanía que ha elegido a sus representantes.

Representatividad y participación social son dos caras de la misma moneda, pueden generar un equilibrio virtuoso en el que fluyan los intereses de quienes han elegido sus representantes y se conviertan en acciones positivas o pueden quedar obstaculizados, frenados y anulados en la estructura representativa donde actúan los elegidos.

Desde el liberalismo

Para el liberalismo, el eje principal de la representatividad es el voto, la elección, el acto de cesión de la voluntad política del electorado, después de la cual –muy lejos del original mandato imperativo- los elegidos actúan ad libitum y se abre un amplio espacio que suele ocuparse con la demagogia, la manipulación mediática y el desencanto de los votantes. No existe una contrapartida real que controle a los representantes, y cuando aparece en alguna forma (las más de las veces como protestas) lo hace parcialmente y en contra de otras fuerzas que operan en la sociedad que la opacan, obstaculizan, frenan y anulan.

Una de las contradicciones fundamentales de la democracia liberal es la que se produce en el concepto de mayoría, del peso de la mayoría, que en el caso de la votación es inexorable (amén del clientelismo, el fraude, la demagogia, etc.), pero cuando se trata del peso de esta para exigir soluciones a sus necesidades y derechos, entonces no resulta igualmente reconocida.

Otra de las contradicciones es la que se produce en el propio hecho del voto: los candidatos se cocinan en los estrechos marcos de las agrupaciones políticas que responden a intereses corporativos, lo que desde un inicio bastardea el voto popular. Los electores no tienen mecanismos para definir sus candidatos. Votan por una persona que simboliza un partido político o la alianza de varios, o directamente un grupo de poder. El dinero juega un papel fundamental en esas elecciones, no solo para la propaganda y la publicidad, sino a menudo para la compra de voluntades, mercantilizando la política. Las elecciones, el buque insignia de la democracia representativa liberal, han sido reducidas a una puesta en escena que es funcional a los dueños del dinero.

Expresiones como “Elecciones libres” “Elecciones limpias”, “múltiples partidos”, etc. solo esconden el elaborado mecanismo de dominación de los poderes fácticos.

Esas contradicciones resultan de una más profunda, la que existe entre el capital y el trabajo, que se ha transfigurado de múltiples maneras. Una cosa es lo que se enarbola y otra lo que se hace. En consecuencia –en el mejor en los casos- lo que se suele elegir es una promesa de programa político con mayor o menor elaboración y claridad, representada por individuos que son candidatos como resultado de los rejuegos internos de las corporaciones políticas, en las que entran las ambiciones personales, los intereses económicos, los compromisos establecidos, cuya actividad posterior como representantes está definida por los poderes fácticos, esos que nadie elige.

Cuando dentro del sistema representativo liberal, las fuerzas populares logran avances electorales, deben enfrentar todo tipo de obstáculos para hacer valer sus justas reivindicaciones evidenciando las falencias del sistema como sistema democrático entendida la democracia en su acepción original: gobierno del pueblo y –de últimas- enfrentar los golpes bajos que suele practicar el sistema.

Imposible pretender en un breve artículo repasar todas las contradicciones y deformaciones que tiene la democracia liberal representativa entre lo que promulga y lo que ocurre realmente. Ni hace falta. Los ejemplos abundan. Apunto las anteriores para demostrar que no se puede evaluar la democracia cubana con los puntos de vista de la democracia liberal representativa.

La construcción de la democracia cubana

La democracia en Cuba socialista no surge del mismo tipo de fundamento socioeconómico y cultural en los que se ha desarrollado la democracia en el capitalismo, sino que es su negación, al elevar el contenido por encima de lo formal –sin descuidar esto último- como resultado de la transformación revolucionaria de la sociedad. De ahí que los esfuerzos por medirla desde los parámetros de la democracia liberal no es sino expresión del propósito de descalificarla a priori porque no puede ajustarse a estos.

De hecho, los mecanismos corrientes para organizar esa representatividad a través de los procesos electorales no tuvieron lugar en Cuba sino muchos años después del triunfo revolucionario, cuando el propósito socialista había sido asumido por el pueblo, habían cristalizado sus finalidades sociopolíticas en numerosas organizaciones sociales, y muchas leyes revolucionarias ya la construían, y luego de aprobarse en referendo la primera constitución socialista en 1976. Hasta ese momento eran habituales las formas de democracia directa bajo el amparo de un mismo poder revolucionario y una amplia cohesión ideológica y política de la nación.

En el sistema político cubano, en su proceso de construcción de una democracia socialista, el programa político es una elaboración colectiva y de constante renovación con alta participación ciudadana; la nominación de candidatos no responde a intereses corporativos enfrentados entre sí; el parlamento se integra con alta presencia de ciudadanos elegidos delegados por nominación y elección directa de los electores en las circunscripciones, los diputados no son remunerados por ocupar ese mandato; son elegidos a propuesta de comisiones de candidatura integradas por las organizaciones sociales, propuestas avaladas por el voto de los delegados en las Asambleas Municipales del Poder Popular donde ocupan su asiento ciudadanos nominados y elegidos por otros ciudadanos, y finalmente aprobados por mayoría de electores mediante el voto directo y secreto.

Está prohibida la propaganda y la publicidad electoral, el dinero no juega papel alguno a la hora de elegir a los representantes del pueblo, quienes representan no solo al territorio de los munícipes que los eligen, sino también los intereses de toda la nación y es obligatoria la rendición de cuentas.

Ese concepto que guía la construcción de la democracia en la sociedad cubana se basa en el predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción de bienes y servicios y sobre las riquezas del país que dan base sólida y sustento al poder político del pueblo trabajador.

Son estas –entre otras- las razones por las cuales la república socialista que refrenda la nueva constitución de 2019 solo se explica partiendo de la realidad precedente y actual de la sociedad cubana. Y su evolución no puede ser en dirección al tipo de república surgida con la Constitución de 1901 o la mucho más adelantada Constitución de 1940, sino que debe producirse con una mirada de futuro socialista.

El papel de la ideología en esta controversia no radica simplemente en no comulgar con los principios de la democracia representativa liberal y validar los de la democracia socialista como mejores porque solo con tal enfoque primario nos privamos de profundizar en el tema para evidenciar los factores causales del comportamiento político ideológico de quiénes -y por qué- predican y promueven los valores puros de la libertad y los derechos humanos que no existen realmente en el modelo liberal, procurando empujar a la ciudadanía cubana al abismo del retroceso histórico y social.

No basta con los fundamentos

Aún con todas esas particularidades situadas en las antípodas de la democracia liberal y con todas las precauciones que los fundamentos de nuestro sistema aseguran, entre lo que los ciudadanos necesitan y esperan que se haga y lo que hacen por ellos quienes los representan hay toda una cadena de acontecimientos y circunstancias que pueden favorecer o entorpecer el propósito de que se oigan con claridad las voces del pueblo y se realicen las soluciones a sus necesidades sociales.

Este particular tiene alta significación política más aún en medio de una crisis económica aguijoneada por el bloqueo, por la aguda escasez, la inflación y los bajos niveles productivos que ponen en un primer plano la urgencia de activar aceleradamente el metabolismo socioeconómico del país. Y eso se está haciendo con medidas que reponen el sustrato material desde el que puede reproducirse la ideología liberal dependiente derrotada por el proceso revolucionario, pero cuyos elementos dispersos en la conciencia social pueden reagruparse con el apoyo del cerco mediático contra el socialismo que se aprovecha del efecto de las dificultades de la cotidianidad y de los fenómenos negativos que la sociedad debe seguir combatiendo y eliminando. El contexto actual sitúa en un primer plano hoy más que nunca antes el papel de la política, de la comunicación política y el papel de los medios de comunicación social.

Una batalla difícil, pero imprescindible. Retomo aquí las palabras del compañero Díaz-Canel: “El avance del país en medio de las profundas dificultades que generan los obstáculos externos a nuestra economía, pero también el burocratismo, la indiferencia o la corrupción –inaceptable por principio–, depende en mucho de que cada diputada y diputado asuma con entrega y compromiso, el histórico desafío que nos hemos planteado: ¡vencer al bloqueo sin esperar que lo levanten!”

Delegados y diputados

Hay que preguntarse cómo debe producirse positivamente en función local y de la sociedad toda, la representación que significa el papel del delegado del Poder Popular a la asamblea municipal, del diputado a la asamblea nacional, también del gobierno refrendado por el parlamento sobre el que corresponde a los representantes del electorado ejercer la fiscalización, de manera tal que los representados ya se trate de ciudadanos individuales, de colectivos laborales, de comunidades, de organizaciones, etc. mantengan un grado de conformidad de los electores que no solo contribuya al imprescindible equilibrio social, sino también que estimule la participación en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y en el ejercicio de sus derechos.

En lo planteado arriba entran a determinar las características de la representación positiva diferentes variables concomitantes e interrelacionadas.

De una parte está la disposición del propio representante de jugar el papel de representar, no de sustituir. Junto con ello, su capacidad y valores personales, el nivel de información sobre lo que necesitan y esperan los representados y sobre el contexto local, nacional e internacional.

Está también el ejemplo. Como dejó plasmado Fidel para el presente y el futuro del país: “El socialismo es la ciencia del ejemplo”. El comportamiento de los representantes es fundamental. No se trata de exigirles un igualitarismo absurdo que en nada contribuye a que sea mejor la representación, sino de esperar de estos una conducta que resulte éticamente aprobada por los representados. El equivalente de esa aprobación es el prestigio del representante, sin el cual pierde la confianza de los representados con consecuencias negativas para la vida política del país.

El ambiente y estilo de trabajo signado por el vínculo con el pueblo de todo el edificio representativo de la sociedad, impulsado y construido desde todos los niveles, comenzando por los que detentan las mayores responsabilidades, juega un papel fundamental en la construcción del consenso y en la cohesión política. Si se toleran comportamientos alejados de la práctica de identificarse con los representados, deberse a ellos, consultarlos, aprender, informar, esclarecer, responder a sus necesidades, y no solo saber persuadir, sino saber dejarse persuadir por los ciudadanos, ello inevitablemente minará la confianza de los representados.

Si alguna función política corresponde al partido como fuerza dirigente superior de la sociedad cubana y del Estado es la de velar porque se represente y no se suplante, porque sea creciente y estable el empoderamiento de la sociedad a través de su real y efectiva participación. Vale aquí también recordar las recientes palabras de nuestro Presidente: “Me detengo aquí para puntualizar lo que considero que deberá distinguir a la nueva legislatura: el contacto permanente con los barrios, con las comunidades, con los que nos eligieron, conscientes de que no podemos hacer milagros, pero sí podemos transformar la desafiante realidad de Cuba hoy si logramos crear la sinergia indispensable entre los esfuerzos individuales y colectivos; entre los barrios y los municipios; entre los municipios y la provincia, entre las provincias y la nación”.

Es imprescindible un conocimiento calificado de la situación nacional e internacional que le permita a los representantes ubicarse en su papel ante los representados como persona capaz de orientar, esclarecer, analizar, intercambiar a la vez que enriquecer el diálogo y contextualizar cualquier explicación, ya sea para elucidar las deficiencias y los problemas, como para contribuir a desarrollar los planes y objetivos en curso descubriendo y estimulando la iniciativa ciudadana.

La sistematicidad de la comunicación tanto para conocer cada vez mejor a los representados, como para comunicar realidades y puntos de vista sobre los temas en curso, sobre las amenazas y las oportunidades requieren habilidades y conocimientos que necesitan de una consistente formación política institucional.

Es importante también la capacidad para incluir los intereses de la diversidad existente en la sociedad desde una ética de lo justo en las condiciones actuales del país y dominar el arte para explicarlo.

Hay mucho por hacer

A los diputados corresponde fiscalizar la actividad gubernamental. Un momento importante para ello lo son las rendiciones de cuenta de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, estas en la práctica suelen transcurrir sin mayores incidencias.

No necesitamos en Cuba una oposición copiada de la democracia liberal, no encaja estructural ni funcionalmente en nuestro concepto de democracia ni en la conciencia ciudadana que está inmunizada contra la politiquería. Pero sí necesitamos practicar más la crítica constructiva y la autocrítica.

Gobierno y diputados responden a los mismos intereses nacionales, pero tienen funciones diferentes y no me refiero al debate de si los ministros deben o no ser a la vez diputados. La ley es clara al respecto y si así ocurre es porque las comisiones de candidatura los propusieron, las asambleas municipales los nominaron y el voto mayoritario del pueblo los aprobó. Me refiero a lo que es función gubernamental y lo que es función parlamentaria.

En el ejercicio de estas rendiciones, hay que reconocer que no se suele profundizar en las deficiencias, en sus causas, en las medidas para erradicarlas. El Gobierno sea en el caso de un ministerio, de un Instituto, etc.; tampoco es interpelado acerca de lo que no se hizo pudiendo hacerse. Eso es necesario que se haga sentir en nuestro parlamento, sobre todo porque contribuiría al mejor funcionamiento de esas instituciones.

Hay aquí dos variables fundamentales: de una parte la convicción del representante de su papel y de otra su preparación personal, su capacidad para desarrollar una comunicación política en la cual haya espacio para un diálogo sistemático, permanente, constructivo, evadiendo fórmulas políticas que resultaron adecuadas en el pasado y que hoy no se ajustan a las realidades, simplemente porque éstas han cambiado y repetirlas es disparar al vacío.

El representante debe estar siempre preparado, actualizado, listo para evaluar junto con el pueblo la aplicación de las políticas, también para explicarlas, por más que es el gobierno el encargado de definirlas y dirigir su aplicación.

Tenemos un nuevo Parlamento

Después de las elecciones del pasado mes de marzo, todos los que ocuparon sus curules fueron legitimados por el voto de la ciudadanía. Un parlamento nuevo por los 46 años de edad promedio y porque cerca de dos tercios del cuerpo legislativo unicameral está ahora constituido por ciudadanos que ejercen esta responsabilidad por primera vez. Un parlamento con diputados deseosos de contribuir al desarrollo socioeconómico y político del país.

Sin embargo, lo que hará nueva en la práctica a la presente Asamblea Nacional del Poder Popular no son las favorables estadísticas anteriores sino cómo será su desempeño en las actuales difíciles condiciones socioeconómicas por las que transita la sociedad cubana.

En el ejercicio de estas responsabilidades lo nuevo no solo debe existir, sino que debe ser visible ante el juicio del soberano. Hoy -más que nunca antes- nuestros diputados deben ser no solo personas convencidas, sino convincentes.

La sociedad cubana bulle en cuestionamientos, críticas, problemas pendientes, generando voces en la ciudadanía que espera se reflejen en las sesiones de esta legislatura, que espera de sus representantes en el parlamento que hagan contrapartida eficaz a las instituciones gubernamentales, que aporten análisis, datos, que no suenen a textos cincelados, descafeinados y mucho menos a liturgia, sino que estimulen la reflexión y al análisis a fondo.

Lo nuevo significa ejercer la crítica constructiva y fomentar la autocrítica, enaltecer la unanimidad, logrando que sea ajena a todo formalismo. Es buena la unanimidad cuando esta tiene lugar, tanto como lo son las decisiones por mayoría, siempre después de enriquecidos intercambios de criterios.

Foto de portada: Obra de Michel Mirabal

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Dario Machado
Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Filosóficas. Preside la Cátedra de Periodismo de Investigación y es vicepresidente de la cátedra de Comunicación y Sociedad del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

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