Los debates del Anteproyecto de la Ley de la Comunicación Social continúan con su convocatoria permanente a los diferentes medios cubanos en aras de fortalecer y enriquecer la futura norma legal que regulará todo el sistema de la información. Dado su cariz inédito, la participación colectiva en los análisis y consultas a nivel de país, incidirá de manera decisiva en el resultado final del reglamento.
Como parte de ese intenso proceso, el grupo ramal de la prensa escrita de la Unión de Periodista de Cuba (UPEC), se reunió este miércoles 7 de septiembre en la sede de la Casa de la Prensa, en La Habana, con la participación de afiliados, presidentes de delegaciones y directivos.
Durante el encuentro presidido por Jorge Legañoa, vicepresidente nacional de la organización, se ofreció un recuento acerca del contenido del Anteproyecto, sus perspectivas, estructura y el significado del impacto que tendrá para el desempeño y la responsabilidad de los actores de la comunicación y sus destinatarios, entre otros detalles.
En tal sentido, Legañoa resaltó que la Ley buscará conformar un sistema de comunicación más específico, concreto, que abarque los ámbitos relacionados con ella: la comunitaria, la institucional, las relaciones públicas, la publicidad, la de los medios propiamente… Toda esa transformación representará un trascendental cambio de paradigma y de pensamiento.
También se refirió a la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, un órgano vital que unificará la gestión, el control y la conducción de las estrategias de esa política en todos los niveles de la sociedad.
De manera general, el vicepresidente de la UPEC mencionó aspectos relacionados con la Ley de Transparencia, el derecho a la información y la responsabilidad social de los periodistas y el Código de Ética como herramienta necesaria a la hora de articular el trabajo periodístico.
Al aludir a las 32 versiones que ha tenido el Anteproyecto de Ley, Legañoa alertó que se labora de forma intensa en la concreción del texto final a partir de los criterios, sugerencias y propuestas derivadas de los debates en los medios de todo el país. Se espera que sea presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su discusión antes que finalice el presente año.
A propósito de lo expuesto en algunas de las asambleas para analizar el documento, Lirian Gordillo, periodista de la Editorial de la Mujer, expuso varias precisiones planteadas por los trabajadores. Entre ellas, llamó la atención acerca de que en diversos artículos se reitera la participación del “jefe” como el principal responsable en los procesos decisorios, una idea que necesita ser valorada más desde lo colectivo y con la participación del consejo de dirección, lo cual respondería al concepto democrático que suscribe la propia normativa.
Asimismo pidió hacer una lectura desde una mayor perspectiva de género pues lo predominante en sus referencias es lo masculino: el jefe, el dirigente, el ciudadano…, en lugar de otras más genéricas como la ciudadanía, la población… Al mismo tiempo, exaltó la necesidad de contar con un glosario de términos que facilitarían grandemente la comprensión de la futura Ley.
Más adelante advirtió sobre el hecho de no incluir a la Academia en el segmento concerniente a la comunicación comunitaria, un sector donde la participación del ámbito académico ha sido decisiva y preponderante. Además, pidió tener en cuenta determinados elementos jurídicos necesarios en cuanto al derecho a la comunicación.
En representación de la Agencia Prensa Latina (PL), Martin Hacthoun habló de la gestión económica de los medios en el espacio mediático y propuso incluir la comercialización de la producción editorial a terceros, una actividad que hoy conforma el accionar de PL.
El tratamiento a los influencers extranjeros y nacionales, en lo relativo a darle la posibilidad oficial de acreditarlos o reconocerlos como forma existente de comunicación social, fue otra de las cuestiones abordadas por Hacthoun al comentar que su tratamiento no está precisado en los capítulos del documento.
Por su parte, Antonio Paneque, también periodista de PL, alabó la pertinencia de contar con una Ley de la Comunicación Social luego de tantos años de espera por su concreción. A la vez exhortó estudiar más profundamente cada detalle incluido en el Anteproyecto en virtud de robustecer su alcance legal.
Vivian Bustamante, presidenta del grupo ramal de la Prensa Escrita, resaltó los aportes que cada medio periodístico ha hecho y hará al documento cuyo análisis por el gremio deviene un aporte imprescindible.
Un criterio que Legañoa reiteró con el llamado a “hacer nuestro el Anteproyecto, enriquecer su contenido, como parte de un proceso de creación normativa que a todos nos permite participar democráticamente…”
