Una vez más, la izquierda latinoamericana tropieza con la misma piedra: la comunicacional. Esta vez el turno le tocó a la de Chile con el NO dado a la nueva Constitución Política, en el plebiscito del cuatro de septiembre último.
Dejar atrás el lastre legislativo de fuerte influencia pinochetista devine estratégico para el gobierno de Gabriel Boric Font, quien llegó a la presidencia del país austral el 11 el marzo pasado, como candidato de Convergencia Social, partido que proclama estar comprometido con una “sociedad socialista, democrática, libertaria y feminista por medio del fortalecimiento y profundización de la democracia económica, social e institucional”.
La certeza de que la nueva Ley de Leyes sería una realidad, venía con el aval de la batalla ganada por la izquierda chilena a partir del estallido social de 2019, pero no fue así.
Los resultados hablan con los números: de un total de 15.076.623 electores, votaron 13.021.063, de ello 4.860.093 fueron para el Apruebo (38,14%) y 7.882.958 para el Rechazo (61,86%), repartiéndose 200.722 para los nulos y 77.290 para los dejados en blancos.
El suceso causó sorpresa acompañada por una frustrante incredulidad. Más la política, como en la vida misma (y donde ella se cuece) no todo cuanto brilla es oro.
La búsqueda del porqué del acontecimiento aún sigue levantado comentarios en la opinión pública. De ahí el valor de la comunicación política como instrumento de análisis de algunas de las aristas del suceso.
Lo primero que debe ponerse bajo la lupa es el adversario. Se trata de una derecha que asume su salida del palacio presidencial de La Moneda como una “retirada táctica”, por tanto, va por el contragolpe con todo el arsenal de experiencia y recursos que posee.
Así, la campaña por el rechazo a la nueva norma jurídica suprema comenzó desde la fundación de la Convención Constitucional el 4 de julio de 2021.
Era de esperar que los sectores más conservadores y reaccionarios defendieran la Ley fundamental de la Nación vigente, pues le sirve aún como herramienta política con lo cual puede aplicar ciertos frenos al nuevo gobierno. Esa fuerza jugó todo el tiempo mostrando “tolerancia democrática” con el plebiscito, pero con el interés sibilino de que todo quedase igual.
Pareciera entonces que al accionar de Convergencia Social careció de una buena dosis de astucia política al evaluar el plan de batalla del viejo verdugo de la izquierda.
Da la impresión que en ese conglomerado primó la idea de que el combustible de combatividad y entusiasmo de la victoria popular de 2019 se mantendría hasta hacer añicos el patrón de poder aprobada en tiempos de la llamada democracia neoliberal. Pero, en ocasiones como esta, la emotividad se vuelve luz corta para andar por los oscuros vericuetos de política.
Siempre es importante recordar que la derecha es dueña y señora de casi todo el sistema de medios de comunicación del país, equivalente a tener a su servicio la punta de lanza idónea para la confrontación de ideas.
En esa dirección, el accionar mediático se centró y articuló en una intensa campaña de desinformación sustentada fundamentalmente en crear mentiras y medias verdades y con éstas sembrar dudas, miedos e incertidumbre, tanto por la vía de los medios tradicionales como de las redes sociales.
Hubo para todos en la campaña propagandística de la derecha: desde remover el viejo fantasma del comunismo enemigo de la propiedad privada, hasta emplear las más sofisticadas argucias para abordar malintencionadamente la complejidad que supone la compresión del documento jurídico de referencia en amplios sectores populares.
Los promotores del No aprovecharon el tiempo contrarreloj que tuvo la propuesta constitucional para ser conocida por la población; asimismo, la pereza y la falta de iniciativa de la izquierda para evaluar con más realismo político el complejo mapa social de sus potenciales votantes e ir hacia ellos para explicar y evacuar dudas sobre una ley que le brinda más beneficios duraderos que incomprensión momentánea de su letra y espíritu.
Aquí también operó a favor de la derecha el largo proceso de despolitización social consustancial a las prácticas neoliberales de formar, en el día a día, consumidores y no ciudadanos. Ilustra ese asunto que en Chile la asignatura de la formación cívica desapareció del programa de estudio escolar desde 1997, recuerdan analistas.
Vino entonces el voto obligatorio que por primera vez se aplicó en la historia de la nación austral. La derecha fue activa promotora de su aprobación en los debates sobre la Ley 21.200, sombrilla jurídica que amparó al Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, en noviembre de 2019. Vale aquí entonces el dicho popular de quien hace la ley hace la trampa.
Esos nuevos y forzados votantes son parte de los cientos de miles de militantes del abstencionismo sustentado por la alergia y el hartazgo hacia la política predominante; de ellos se podía esperar el NO como voto de castigo.
Por lo pronto, se abre el ineludible camino hacia la rectificación de errores por las fuerzas progresistas de la patria de Salvador Allende, ante todo, por una cuestión de supervivencia. Pero tiempo perdido es tiempo ganado por el adversario; entre tanto, el reloj político camina y también las nuevas confrontaciones con la derecha, tal vez más difíciles, dado por el contexto interno e internacional.
Los tropiezos de la izquierda chilena en este episodio del NO a la nueva Constitución, pone de relieve para ellos y sus pares latinoamericanos, una vez más, que toda lucha política en nuestros días vale tanto como su capacidad de comunicar y hacerlo bien.
