Cuentan que aquel histórico 6 de diciembre de 1998, mientras el pueblo bolivariano celebraba entre la euforia y la incredulidad el triunfo electoral del candidato Hugo Rafael Chávez Frías, el expresidente Luis Herrera Campins, con el proverbial desenfado de la gente de los llanos, echó mano al refranero venezolano para vaticinar lo que le esperaba al país: “¡Epa, a comprar alpargatas que vamos a bailar joropo!”.
Pero el viejo zorro copeyano ni remotamente tenía idea de que Venezuela y la naciente Revolución Bolivariana pasarían a ser el centro de un conflicto que trascendió las fronteras del país, especialmente a partir de su condición de potencia petrolera a nivel global.
Desde entonces esa situación ha llevado a la nación sudamericana a estar en la mira del gobierno de Estados Unidos, del cartel de las trasnacionales del hidrocarburo, organizaciones, agencias, individuos, instituciones e intereses financieros que controlan la economía planetaria y/o se han autoerigido en gobierno mundial.
Cuarenta años atrás, el Pacto de Punto Fijo había dado jaque mate fulminante a lo que el politólogo venezolano Domingo Alberto Rangel definió como “la revolución de la fantasía”, aquella que diera al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958. Pero ahora las circunstancias históricas eran diferentes y el presidente electo no solo lo sabía, sino también estaba dispuesto a que no se repitiera la historia.
La IV República había muerto y sobre sus ruinas comenzaría a erigirse una nueva sociedad regida por el ideario bolivariano. Así lo refrendó el mandatario entrante, el 2 de febrero de 1999, cuando al juramentarse con la mano puesta en lo que él mismo definió en esos instantes como “Constitución moribunda”, comenzó la transición del modelo puntofijista de democracia representativa formal al modelo bolivariano de democracia participativa.
La inclusión social devino compromiso y prioridad del nuevo mandatario con su base de apoyo, integrada por las dos terceras parte de la población venezolana, al tiempo que uno de sus más colosales y decisivos retos, pues sin esa indispensable transformación no sería posible la existencia de la Revolución Bolivariana.
Diez años después, el presidente Chávez, en entrevista que le realizara el periodista de la CNN, Larry King, en septiembre de 2009, dijo: “En Venezuela cuando yo llegué al Gobierno la pobreza era de casi un 60% y ya llegamos por debajo de 30%, ya cumplimos la meta del milenio. La pobreza extrema era de 24%, hoy está en 7% y sigue disminuyendo, el desempleo era de casi 20% y estamos en un 7,5%, mucho mejor que en Estados Unidos, por cierto”.
El sociólogo Germán Sánchez Otero, quien fuera embajador de Cuba en Venezuela entre 1994 y 2009, refiere: “1999 es el inicio de la Revolución en términos políticos, más que económico y social. Son años donde empieza a transformarse algo que es clave para avanzar en cualquier revolución como es cambiar la mentalidad del pueblo y empieza a generarse un cuerpo popular más coherente, con más fuerza, con más coherencia en el sentido de protagonismo, con más seguridad en lo referente a avanzar, de poder hacer más cosas, teniendo como fuerza motriz el liderazgo personal, casi exclusivamente de Chávez, un liderazgo muy fuerte, decisivo desde el inicio y en todo el curso que ha seguido la Revolución Bolivariana”.
El 25 de abril de 1999, primer año de gobierno, el mandatario llamó a Referendo Constitucional para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente con el encargo de transformar el Estado y establecer un nuevo ordenamiento jurídico que facilitara el ejercicio de la democracia participativa (el 92,36% de los votos fue a favor del Sí).
El 25 de julio del propio año se realizaron las elecciones de los parlamentarios constituyentistas, donde las fuerzas del chavismo alcanzaron 121 de los 125 escaños disputados. El 15 de diciembre de 1999, el voto legitimó la Constitución Bolivariana con el 71,15% de los sufragios.
Para 30 de julio del 2000 se realizó la relegitimación de poderes, conocida también como las Megaelecciones, destinadas a elegir al amparo de la nueva Ley de leyes al presidente, 23 gobernadores, la Asamblea Nacional unicameral con 165 legisladores y 336 alcaldes. En esa liza, Chávez fue relegitimado por seis años con el 59,6% de los votos.
Así quedaron atrás los meses de compás de espera que la oligarquía criolla, amplios sectores de la burguesía venezolana y Estados Unidos le habían dado al gobierno para definir qué rumbo político tomaría. También sirvió para calibrar el pensamiento y la acción del líder bolivariano.
No obstante, y a manera de presión, el proceso de deslegitimación ya había comenzado por la vía de los medios de comunicación privados que, como actores políticos, pasaron a desempeñar un papel protagónico contra la Revolución Bolivariana y muy especialmente hacia su líder.
Se trata de un tema cuya centralidad apuntó al modo en que el poder simbólico, mediante la comunicación política, propició la construcción de un discurso periodístico que buscaba restaurar, desde el odio y el revanchismo, la hegemonía de la oligarquía venezolana en las condiciones de disputa de poder con el chavismo. Vale recordar el lapidario titular en primera plana del diario El Nacional de la mañana golpista del 11 de abril: “La batalla final será en Miraflores”.
En el plano internacional, el gobierno venezolano dio pasos significativos; entre ellos, la concertación para reanimar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la firma del Convenio integral de colaboración Cuba-Venezuela el 30 de octubre del 2000, en Caracas, por los presidentes de ambos países. Ambos acontecimientos delinearon con claridad el rumbo político de la nación respecto a EE.UU.
2001 marcó un momento de radicalización de la Revolución Bolivariana y, por tanto, de la escalada confrontacional del bloque oligárquico-burgués criollo y de Estados Unidos que ya había puesto el pie en el acelerador de la opción golpista. La asonada marchaba, por la vía del terrorismo mediático desatado por los medios de comunicación privados, las protestas callejeras y una supuesta vocación pacifista y de diálogo que terminaba en una suerte de callejón sin salida, y de manera paralela la destinada a la cooptación de figuras en las fuerzas armadas, el mundo empresarial y la cúpula eclesiástica.
El núcleo central de la nueva y decisiva disputa se centró en la puesta en vigor del paquete de leyes habilitantes que serían efectivas a partir del primero de enero de 2003. Se trataba de leyes de beneficio social y contra latifundistas, especuladores financieros, la oligarquía petrolera protagonista de la conspiración neoliberal internacional para privatizar al gigantesco consorcio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El 10 de diciembre de 2001 se realizó el primer paro nacional de 12 horas convocado por la cara visible del golpismo: Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Los autores intelectuales y materiales estuvieron sintonizados bajo el objetivo de hacer añicos “la comunista” Constitución bolivariana y sacar de la casa presidencial de Miraflores, a como diera lugar, a Hugo Chávez, objetivo matriz que condujo finalmente al golpe de Estado meses después.
Las acciones golpistas tomaron como modelo “corregido y aumentado” el guion estadounidense aplicado en Chile contra Salvador Allende, en septiembre de 1973. La huella de la CIA y el Pentágono quedó marcada, por ejemplo, con la presencia activa de la Misión Militar de EE.UU. radicada en el Fuerte Tiuna, en Caracas, corazón de la Fuerza Armada Nacional venezolana.
Al hacer una valoración de la asonada, el destacado periodista y político José Vicente Rangel señaló que la planificación del proceso desestabilizador logró, por una parte, distraer la atención de los organismos de seguridad e inteligencia del gobierno; y por otra, la realización de un trabajo conspirativo que prácticamente pasó inadvertido, determinante en el momento en que se decidió el golpe.
La combinación de las acciones de calle con el papel de los medios, el pronunciamiento de los mandos militares en Fuerte Tiuna y el caos en los servicios de inteligencia, logró el 11 de abril el objetivo de derrocar el gobierno constitucional, afirmó Rangel.
Sin embargo, en apenas 72 horas el golpe se convirtió en el Girón venezolano a partir de la actuación de la amplia base social bolivariana que brindó una prueba suprema de conciencia y combatividad política; asimismo, de la lealtad a la Constitución y a su Comandante en Jefe de buena parte de la oficialidad y de las tropas de las FAN, y del equipo político de la Revolución Bolivariana que en su inmensa mayoría no abandonó a su líder.
En esas cruciales horas, el presidente Chávez hizo gala de serenidad, firmeza y astucia política. No renunció a su cargo como le exigían sus secuestradores, reafirmando así el carácter golpista de la derecha ante la opinión pública internacional, como también devino factor de movilización decisiva de sus seguidores que bajaron de los cerros convertidos en un río de pueblo embravecido a rescatarlo.
En este recuento ocupa un lugar significativo la solidaridad de Cuba, liderada por Fidel, la valentía de los miles de colaboradores internacionalistas civiles cubanos que en esos momentos se encontraban en disímiles lugares de la geografía venezolana, y muy especialmente del personal diplomático encabezado por el embajador Germán Sánchez Otero, quienes enfrentaron el asedio fascista de las sedes de representación cubana en Caracas sin dejar de cumplir su encargo político.
A veinte años de aquel suceso, la Revolución Bolivariana está ahí inspirada en el legado de Chávez, y las lecciones de aquel momento se mantienen vigentes como fuente de experiencias y alerta bajo la máxima de que un proceso revolucionario vale en la medida que sea capaz de defenderse de sus enemigos internos y externos.
(Recomendamos leer Abril sin censura. El golpe de Estado en Venezuela, de Germán Sánchez Otero, disponible en internet)
