Diversos medios periodísticos estuvieron entre los numerosos trabajadores, campesinos, intelectuales, estudiantes, organizaciones juveniles y varias instituciones que se opusieron a la intención del mandatario anticonstitucional Fulgencio Batista de dividir a la isla en dos mediante la construcción del Canal Vía Cuba y poner esa herida de tierra y agua en manos extranjeras.
Este propósito, que autorizaba a abrir una enorme zanja entre las bahías de Cárdenas y la de Cochinos fue expresado en la Ley Decreto No. 1618, de agosto de 1954, y levantó uno de los más grandes escándalos públicos sucedidos en Cuba.
El dictador había puesto en subasta el viejo proyecto Canal Vía Cuba que EE. UU. planeaba ejecutar desde 1912, consciente de que la obra solo podría realizarse con capital foráneo. Así, permeó de mentiras a la mencionada Ley, en la cual resaltó que la trocha acuática significaría “utilidad pública, interés social y conveniencia nacional”.
Su treta no fue aceptada por el pueblo al considerar que jamás el canal beneficiaría al país, porque la ejecución y explotación favorecería particularmente a la empresa concesionaria, a todas luces de firma estadounidense. Compañías de ese país junto con algunas francesas e italianas aseguraban invertir 500 millones de dólares requeridos para la obra.
El Canal se proyectaba 14 kilómetros más largo que el de Panamá y sin esclusas. Esa división de Cuba en dos tendría una extensión de 80 kilómetros y una anchura mínima de 40 metros. En su parte mayor, afectaría a miles de caballerías de tierras muy fértiles, algo que suponía dejar cesante a cientos de trabajadores, así como la posible disecación de la Ciénaga de Zapata.
El trazado significaba un peligroso dilema de fronteras que se sumaría a la situación existente en Guantánamo, con la ocupación de tropas estadounidenses de un pedazo de ese territorio desde principios del siglo XX.
La empresa concesionaria permanecería en la franja durante 99 años, y por ese acuerdo quedaba libre de pago de todo impuesto al Estado cubano, hasta tanto recuperara la inversión efectuada, o sea hasta las calendas griegas.
El Canal Vía Cuba se planeaba perpendicularmente al extremo sur de la Florida y el Canal de Panamá, por lo cual su construcción representaba el mayor provecho para la navegación comercial y militar de los EE. UU. en la cuenca del Caribe.
La apropiación y utilización de este pedazo de suelo aparejaba la proclamación de un gobierno autónomo que, sin lugar a duda, permitiría el establecimiento de bases militares, presumiblemente estadounidenses, además del incremento de negocios como la prostitución, la droga, el juego y otros. Para tales actividades las compañías extranjeras tendrían libre potestad.
En 1955 la prensa volvió a dedicar grandes espacios al proyecto, cuando en abril del citado año, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, un grupo de intelectuales, políticos y de otros sectores presentó un informe contra la legislación “más monstruosa que se ha dictado desde que Cuba existe como República”.
El documento exigía que se declarara inconstitucional la legislación del Decreto Presidencial, por representar un atentado a la soberanía y a la dignidad del pueblo, y contribuyó al fracaso de aquel plan que hubiera entregado a manos foráneas un pedazo del territorio cubano.
Así fue dado a conocer por periódicos y revistas, particularmente Bohemia en su colección de 1954-1955 —consultada para este trabajo—, con dedicación de grandes espacios, incluidas fotos y advertencias, sobre los males que para la sociedad conllevaría el Canal Vía Cuba.
