Si algún día de este mundo se hace un recuento del caso de Julián Assange, lo mismo un presidente —Lenín Moreno, de Ecuador— que un Tribunal en Londres y principalmente un gobierno —el de Estados Unidos— mostrarán su verdadero concepto de la «justicia» y sus intenciones, siempre plegadas al mandato de Washington.
O es que el temor a la verdad, recogida en crudos documentos sacados a la luz por Assange, no resultan suficientes como para que el mundo conozca muy bien al gran violador de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del derecho de los periodistas a ejercerla, y de una «justicia» manchada de sangre, torturas y otras prácticas hechas públicas por el profesional australiano.
Este 10 de diciembre de 2021 ha sido un referente pésimo para que internacionalmente se celebrara el Día de los derechos humanos. En esta jornada, una vergonzosa noticia recorrió el mundo: el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales aprobó la extradición a EE.UU. del fundador y ex director de WikiLeaks, Julián Assange, a la que todo el planeta debe oponerse.
El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa condenó la acción de Lenín Moreno de entregar a quien permanecía protegido en la embajada de su país en Londres, a cambio de ayuda financiera de los EE.UU. durante una reunión con Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump”.
Ahora, si finalmente en Londres se determina enviar al periodista australiano hacia Estados Unidos, comenzará otra parte de esta tenebrosa historia, ya que la condena que le espera es de 175 años de prisión, pues, de acuerdo con la justicia estadounidense, Assange será juzgado por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales.
Recordemos que en WikiLeaks se destaparon los horrores cometidos por las fuerzas militares estadounidenses, de ellos, unos 90 000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400 000 de acciones en Irak, 250 000 cables sin editar del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en la base ilegal de Guantánamo.
En esos documentos se ofrecían pruebas e indicios de crímenes de guerra y se publicaron en su inmensa mayoría en distintos medios nacionales, como el The New York Times, El País o The Guardian, en cooperación con WikiLeaks.
Estos elementos coinciden con lo señalado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla: «con la persecución contra Assange, EE.UU. busca venganza y castigo por revelaciones de sus crímenes de guerra y prácticas injerencistas. Pretende un escarmiento contra todo el que denuncie su conducta criminal, lo que tendría graves consecuencias para el periodismo y la libertad de expresión».
Paralelo a lo que ocurre por estos días en relación con Assange, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, auspició la llamada Cumbre por la democracia, donde entre otras cosas, anunció la asignación de 424, 4 millones de dólares para apuntalar «su democracia» y soporte a lo que describió como «apoyo a los medios libres e independientes».
La decisión británica de aceptar el pedido de Estados Unidos para juzgar en ese país a Julián Assange, es la mejor muestra de que la «justicia occidental está vestida con harapos» aunque Washington, Londres y otras grandes potencias, pretendan imponerla como modelo.
