Los secretos financieros de 35 líderes mundiales actuales y antiguos, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios y una lista global de fugitivos, estafadores y asesinos fueron revelados por una extensa investigación conocida como Papeles de Pandora que, desde su publicación este domingo 3 de octubre, ha colocado nombres y rostros al mundo de la economía sumergida y opaca.
Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación tomaron parte en el seguimiento rectoreado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que analizó-según consta en su sitio web-más de 11, 9 millones de documentos filtrados, capaces de cubrir “cada rincón del mundo”.
Los registros estudiados durante casi dos años revelan-de acuerdo con ICIJ-una descomunal paradoja: los agentes del poder, quienes podrían ayudar a poner fin al sistema offshore o de ventajas fiscales, esconden activos en empresas encubiertas y fideicomisios, mientras sus Gobiernos “hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a los criminales y empobrece naciones”.
A diferencia de los Papeles de Panamá, investigación también emprendida por ICIJ en 2016 cuya materia prima llegó desde los archivos de un único proveedor de servicios offshore, el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca; los documentos de Pandora abren las puertas a una sección representativa y mucho más amplia de abogados e intermediarios que forman parte del negocio inscrito en los paraísos fiscales. Se trata de un amplio análisis a los datos extraídos de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo, las cuales establecieron consorcios fantasmas para clientes que buscan mantener a oscuras sus actividades financieras.
Los resultados obtenidos por ICIJ y los medios de comunicación asociados muestran cómo se conjugan el poder y el dinero y a la par cómo también se agrietan y corroen los derechos de la ciudadanía.
Así, mientras los más ricos compran castillos de 22 millones de dólares o guardan cantidades significativas de dinero en fideicomisos ocultos sin que la ley determine sobre ellos, el estado de derecho comienza a evaporarse y los servicios públicos a cargar las peores consecuencias de las ilegalidades impunes: recortes de gastos públicos, desatención a los sectores de la educación y la salud, presión sobre las familias al aumentar los impuestos, subida de precios y un extenso etcétera que siempre estará en detrimento de los intereses de las personas vulnerables en la sociedad.
Esa situación se explicita aún más desde el estado fiscal del mundo en el 2020, un análisis del organismo independiente Tax Justice Network, en el cual se evidencia que 427 mil millones de dólares se pierden en impuestos anualmente debido a la transferencia de ganancias de las multinacionales hacia los paraísos fiscales y de personas adineradas que no declaran sus ingresos para situarse fuera del alcance de la ley. De ahí que a nivel mundial, por ejemplo, se pierde el equivalente a casi 34 millones de salarios anuales del personal de la salud.
La investigación estampa un nuevo escenario en el que los paraísos fiscales no pueden ser pensados como “islas con palmeras”. Desde esta perspectiva, destaca a Estados Unidos como una de las naciones más vinculadas al negocio de vender la confidencialidad financiera y por evadir políticas restrictivas encaminadas a limitar este tipo de abusos.
Ahora que estas bombas simbólicas van explotando, los habitantes de los ensueños fiscales tratan de zafarse de la culpa que los señala, la atención mediática se concentra en ese escenario durante meses, pero, al final sigue restando una tarea pendiente, la habilitación de una mejor gobernanza con una representación política capaz de devolver los impuestos a las arcas públicas, de donde no debieron ser desviados.
