El aumento descomunal e incesante de los precios de bienes y servicios en Cuba, es decir, la inflación, parece estar en el ojo de un huracán. Una tranquilidad inquietante en el centro, y a sus alrededores vuelan hechos añicos ingresos, predicciones, diseños… Marejadas por el Norte y el coronavirus silencioso, inducen demoledoras ráfagas.
No es casual entonces que Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), reconociera el enfrentamiento a la inflación como primera prioridad en la nueva fase gradual de recuperación económica. A su juicio, “el incremento de la oferta es clave y base para poder diseñar otras medidas de corte monetario y tributario”. Sin mayores volúmenes productivos y de servicios, no podemos aspirar a un control efectivo de ese flagelo. Pero la escasez es solo la punta del iceberg.
Si prestamos atención a los expertos, se trata de un fenómeno multicausal (insuficiencia productiva, exceso de circulante, inadecuado régimen fiscal, presiones externas, entre otras). Por tanto, las soluciones no parecen estar en la trillada —y perniciosa— polarización: productivas o monetarias. “Este es un tema abierto, polémico, y estamos inmersos en ese huracán real”, subrayó Gil Fernández.
Uno de los impactos más riesgosos al implementar el ordenamiento monetario, con la devaluación de la tasa de cambio del peso cubano frente al dólar, era precisamente la hiperinflación por el “efecto traspaso” de los costos de producción a los precios a la población. No era infundado el temor a que la inflación real fuera más allá de la diseñada y anulara —o se “tragara”— los aumentos de los salarios, pensiones de jubilación y prestaciones monetarias de la asistencia social a personas y núcleos vulnerables. En un escenario donde también se eliminaron subsidios a los alimentos de la canasta básica, y otras gratuidades indebidas.
A la altura del décimo mes del año, el viceprimer ministro reveló: “no caben dudas de que es fuerte”, aunque no se puede dar un dato exacto del monto inflacionario. Para medirlo de manera más objetiva, se realizaron cambios de las series históricas, porque con el ordenamiento monetario ocurrió una ruptura importante. Igualmente trabajaron en la recomposición de la canasta de bienes y servicios. No obstante, algunos avezados la pronostican del 500 por ciento.
Los economistas coinciden en que un buen instrumento para medirla es el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a través del costo de una canasta de bienes y servicios de referencia que, al compararse con periodos anteriores, indica una tasa de inflación. Para lograr este fin, realizan encuestas en los hogares. La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) es la encargada de ejecutar esas pesquisas en Cuba.
Sin embargo, “los registros oficiales no siempre miden los precios reales. O sea, si mandas ahora a los registradores de la ONEI van a coger el precio de las tiendas, que es el oficial, y van a compararlo contra el que tenía ese producto en igual periodo de 2020. Y a lo mejor la inflación que se expresa ahí es la diseñada, es decir, por la devaluación del peso cubano, que antes se vendía a uno por uno, y ahora a uno por 24. Pero ese mismo producto que se registra con ese nivel de inflación, después la gente lo compra de verdad a un monto tres y cuatro veces superior.
“En las condiciones actuales una parte importante del consumo se expresa en el mercado ilegal. Si no registras esos precios puedes dar un dato distorsionado de la inflación”, advirtió Gil Fernández.
Pero los sesgos en la medición del IPC por parte de la ONEI, no solo están asociados al ordenamiento monetario y a la actual coyuntura de recesión. Con anterioridad tampoco se registraban los gastos de los consumidores en el mercado ilícito (tanto de bienes como de divisas), ni los nuevos patrones de consumo asociados, por ejemplo, a los servicios de telecomunicaciones y de disfrute turístico.
Un problema que tensa las clavijas del erario público, tiene que ver con la falta de liquidez en moneda libremente convertible (MLC) para hacer frente a la espiral especulativa. “Es cierto que si tuviéramos la capacidad de poner los dólares en la red de Cadeca y los bancos, sería una manera de combatir el mercado ilegal. Pero en este minuto no podemos aspirar a hacer eso por la escasez de divisas que tiene el país. Las prioridades son importar arroz, frijoles; el combustible para la sostenibilidad del Sistema Electro-energético Nacional; y los medicamentos del cuadro básico, porque una buena parte de estos están en falta”, argumentó el viceprimer ministro.
El déficit de moneda dura es resultado de la contracción de la economía. En primer lugar, por la guerra no convencional del gobierno norteamericano que, a toda costa y a cualquier costo, persiste en estrangular las operaciones comerciales y financieras del país. En segundo, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, a la cual se destinó una parte de los ingresos en divisas con el objetivo de preservar la vida de la población cubana. La pandemia obligó a paralizar actividades productivas y sociales a lo largo y ancho del archipiélago.
Por último, deficiencias internas del modelo de desarrollo socialista cubano. Varios autores han señalado que las principales presiones inflacionarias en Cuba están asociadas a los desequilibrios estructurales, relacionados con insuficiencias productivas.
Para la investigadora Anicia García Álvarez, doctora en Economía de la Universidad de La Habana, uno de los sectores donde usualmente se presentan estos desequilibrios es en el agropecuario, con un limitado acceso a nuevas tecnologías, un sistema de asignación de recursos centralizados y un restringido acceso a fuentes de financiamiento. Esta situación genera recurrentes desproporciones entre la oferta y la demanda, incidiendo en continuos aumentos de precios en los alimentos.
Para dinamizar este sector fueron aprobadas un conjunto de medidas que, de implementarse con el rigor necesario, pudieran comenzar a cambiar la difícil situación alimentaria, y aliviar los bolsillos de la población. En el mismo sentido de aligerar presiones inflacionarias, se aplicaron exenciones fiscales a la importación de alimentos y medicamentos, tanto para las entidades estatales como no estatales. A la par, comenzó a diversificarse el tejido productivo con la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, volvió a darse luz verde a las cooperativas no agropecuarias.
En las condiciones de excepcionalidad que enfrenta Cuba, y ante la insuficiente liquidez en divisas, las máximas autoridades del Gobierno aprobaron la apertura de mercados en MLC para la población y el sector campesino. El propósito es satisfacer —en lo posible— la demanda de este segmento de consumidores, y destinar una parte de los ingresos recaudados al reaprovisionamiento de los mismos, y del otro mercado en moneda nacional.
Esta medida busca, además, potenciar el encadenamiento productivo entre los distintos actores económicos para sustituir importaciones y estimular las exportaciones. Sin embargo, la dolarización parcial de la economía adiciona otras dificultades al cálculo de la inflación. Existe una mayor fragmentación de los mercados, y los precios a los consumidores quedan a merced de las variaciones con que opera el mercado ilegal de divisas.
En tales condiciones, el poder adquisitivo de la población se ha resentido ante la espiral especulativa. Quienes viven de su trabajo, reciben una pensión de jubilación bien ganada por los aportes realizados a la sociedad durante muchos años, u obtienen una prestación monetaria de la asistencia social por su fragilidad económica, merecen ser tenidos más en cuenta al realizar predicciones de recuperación.
Para la escuela monetarista, cuyo máximo representante es Milton Friedman, la inflación de demanda se sustenta en la teoría cuantitativa del dinero. Esta plantea que el aumento de los precios ocurre como consecuencia de una copiosa emisión de dinero resultado de prácticas monetaristas de carácter expansionista, la incontinencia crediticia, la política fiscal deficitaria y los reajustes ascendentes de salarios.
Según la investigadora Pascualina Curcio Curcio, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela, es un mito la idea de que no se puede aumentar la cantidad de dinero porque va a generar inflación. A su juicio, “lo que interesa no es el número de la inflación, ni el número de los precios, es el poder adquisitivo, sobre todo el consumo de los hogares”.
En la política económica de Cuba han calado dos tendencias hasta cierto punto contrapuestas. La primera: toda emisión monetaria genera presiones inflacionarias. La segunda: cuando no existe correlación entre oferta y demanda, la solución es incrementar los precios. De esa contraposición surge una debilidad estructural: la desconexión entre salarios y precios.
Eso explica por qué durante periodos prolongados, con anterioridad al ordenamiento monetario, los precios subían tanto, mientras bajaba el poder adquisitivo de los salarios. Ciertamente, los subsidios del Estado a la canasta de alimentos amortiguaban el golpe. Pero fuera de la bodega, y comedores sociales, la población tenía que agenciárselas con todo lo demás.
Con el ordenamiento monetario y cambiario se buscó corregir algunas de estas incongruencias. Pero las cosas no han salido según lo diseñado. Y efectivamente, la inflación se tragó los incrementos de los salarios, pensiones de jubilación, y prestaciones monetarias de la asistencia social a personas y núcleos vulnerables. Entonces, ¿qué hacer?
Una solución sería esperar a que pase la actual coyuntura de crisis provocada por la Covid-19. Pero, ¿cuánto más? El tiempo es una variable tan importante para las ciencias exactas, como para la vida de cada persona. ¿Por qué no acabamos de utilizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) para indexar los salarios? Incrementar los niveles productivos, y por tanto la oferta, requiere que quienes trabajan realmente se sientan retribuidos. ¿De qué le sirve a un trabajador ganar una determinada cantidad de dinero si el poder adquisitivo real no le alcanza ni para satisfacer las necesidades más elementales de él y su familia?
No podemos dejar que los mitos monetaristas nos cieguen, porque la inflación en Cuba está en el ojo de un huracán… categoría 5.
Tomado de Bohemia
La indulgencia ante el mercado negro por la falta de actuación represiva a los mercachifles que adquieren mercancías en el comercio estatal y revenden a precios de extorsión en actuación cómplice con empleados y directivos de las tiendas que gozan impunidad por controles externos inadecuados o complicidad de superiores constituye variable social que desvirtúa el Reordenamiento y la economía familiar.
En otro orden de incidencia la producción de bienes de consumo cuando intencionalmente se quiebra la cantidad y calidad con la finalidad de vender materias primas o el mismo producto en el mercado subterráneo a precios de extorsión y cuyos ingresos se reparten entre quienes participan en la producción, los directivos y trabajadores por cuenta propia que pagan impuestos risorios comparados con los ingresos que se embolsan constituye otra variable con el mismo resultado que la variable anterior.
Lo más interesante es que las transacciones se realizan en gran mayoría por vía electrónica mediante el uso de tarjeta bancarias en MLC y MN sin que haya al menos publicado un caso de corrupción, malversación e impunidad detectado, neutralizado y sancionado por actividad ilícita económica.
El pueblo emite inconformidad con detalles de personas, lugares donde ocurren los hechos y lo peor es que continúan los mismos haciendo fechorías y brindando las respuestas.
Mire periodista, una bolsa con 10 panes semita los vendedores callejeros lo venden en 50 pesos MN o sea a 5 pesos MN cada uno, vociferan la venta públicamente a cualquier hora del día o la noche y se ha vuelto costumbrista la escena sin actuación represiva a la cadena de seres humanos que participan del robo de materias primas, elaboración, consumo de energía que paga el estado, quienes dirigen esos colectivos y los que comercializan el producto.
Hay que expulsar a los trabajadores estatales que participan de estas cadenas, los directivos además no pueden ser directivos nuevamente en otros empleos estatales y las multas tienen que alcanzar montos que repongan las pérdidas empresariales y el daño social a las personas y a la Revolución.