Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) rematan una cadena de transformaciones complejas en el modelo económico cubano. En un efecto dominó, una medida ha conducido a otra cada vez más profunda e intrépida para reestructurar el abanico de actores económicos. Con el paquete legislativo recién aprobado comienza una etapa que dará que hablar. Experiencias inéditas en unos casos pueden poner contra las cuerdas viejas rutinas del sistema, algún manual de economía, capacidades de las empresas y las del propio gobierno.
La reforma empresarial asomó de verdad en el horizonte solo cuando empezó el ordenamiento monetario, el primero de enero del 2021. Había demorado en la misma medida en que se alargó demasiado la vida del peso convertible y de la dualidad cambiaria, origen de una falta de transparencia financiera que ya era insostenible. No había manera de atisbar la rentabilidad y competitividad real de un actor económico, cualquiera, estatal o no, mientras 1 CUC y hasta 1 dólar se le convirtiera en 1 humilde peso cubano a una empresa estatal y en 24 pesos a las cooperativas y a las formas privadas.
A pesar del desangramiento inflacionario suscitado este año por la crisis de la pandemia y el remarcado bloqueo económico estadounidense, el ordenamiento monetario, con las reformas de salarios y de precios adjuntas, al menos ordenó el escenario para emprender la reforma del mundo empresarial.
Con las Mipymes vuelven al ruedo del socialismo cubano las empresas privadas en convivencia con las estatales. Es una de las jugadas de mayor repercusión noticiosa, quizás más que por la primicia, por significar el fin de una etapa dominada por estereotipos y prejuicios ideológicos.
En buena ley, apenas se trata del otorgamiento de personalidad jurídica a formas empresariales que han operado desde hace años en la economía, bajo el formato del trabajo por cuenta propia. Alrededor de la quinta parte de los más de 600 mil trabajadores por cuenta propia registrados en el país están contratados por propietarios de paladares, casas de alojamiento, brigadas de constructores, transporte público, industrias alimentarias y de materiales de la construcción, entre otras actividades.
Leyes importantes y el propio sistema tributario habían legitimado con mucha antelación la contratación privada de fuerza de trabajo y los nexos comerciales entre formas estatales y no estatales.
De todas formas, al sentarse a negociar ahora como empresarios con personalidad jurídica y no como simples trabajadores autónomos, tendrán más facultades para la contratación de servicios y producciones, el acceso a la financiación y podrán separar sus cuentas y patrimonio personal de los de su entidad, según observa una de las cabezas pensantes en esta reforma empresarial, la viceministra de Economía y Planificación Johana Odriozola.
Estocadas profundas
Más novedosas y controvertidas veo otras transformaciones que se derivan de las Mipymes pero les antecedieron cronológicamente.
El gobierno se lanzó a reestructurar actores de la economía, bajo el criterio de otorgar a todos un tratamiento lo más homogéneo posible en materia comercial, financiera, de precios y hasta en el peliagudo sistema tributario. Las empresas privadas y las cooperativas entran al ruedo de la economía en condiciones de gestión que el gobierno trata de igualar a las de las entidades del Estado. O según se le mire, equipararon normas de las estatales a las de las privadas y las cooperativas.
Un caso notorio y polémico es la serie de transformaciones en la política salarial de las empresas estatales, que comenzó hace un par de años. Después de flexibilizar sucesivamente las reglas para la distribución de utilidades entre los trabajadores de una entidad, las autoridades dieron recientemente un giro de 180 grados a la praxis de décadas, al otorgar libertad total a las empresas para administrar sus fondos salariales. Los sistemas de pagos serán determinados solo por los resultados que logren amasar esos colectivos.
Este paso lo dio el gobierno a mediados de julio, dos meses después de recibir luz verde el perfeccionamiento de los actores económicos en el Consejo de Ministros. Y se adelantó tres semanas a la aprobación por el Consejo de Estado de seis decreto-leyes, del 44 al 49 de 2021, que dan entrada a las Mipymes, legalizan las privadas, reajustan el trabajo por cuenta propia y abren las puertas a las cooperativas no agropecuarias luego de una dilatada incubación experimental, entre otros ajustes.
Los cambios de la política salarial en empresas estatales, unido al ordenamiento monetario, buscan equiparar las condiciones para operar y competir entre nuevos y viejos actores económicos. Las ventajas que tenían unos en algún ámbito y los rivales en otro, muchas veces respondían más a deformaciones del modelo que a una intención política o a la capacidad emprendedora real de cada cual.
El gobierno, sin embargo, insiste en mantener bajo el sello estatal socialista el núcleo duro de la economía: grandes industrias con los medios fundamentales de producción y actividades estratégicas como la energía, la defensa, la banca y las telecomunicaciones.
Pero otros muchos sectores y actividades donde suelen actuar las Mipymes y cooperativas en el mundo, incluida la hotelería y la igualmente estratégica producción de alimentos, permanecen libres en Cuba a las cooperativas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán ser de propiedad estatal, privada o mixta.
Incluso, el Decreto 49 de 2021 del Consejo de Ministros, acompañante del mencionado sexteto de decreto-leyes, deja abierta la programación informática a la participación de formas privadas y cooperativas, en paridad con las estatales. ¿Será este recurso la clave para que despegue, de una vez, una industria que no ha dado en Cuba todavía los réditos soñados?
Interrogantes con sabor estatal
Este perfeccionamiento de los actores económicos introduce figuras nuevas que atraen ya la atención mediática y pública. Es lógico. Pero creo que puede ser mayor el impacto de los cambios en las empresas estatales, si finalmente destraban la reforma tantas veces debatida, acordada, ensayada y recortada a lo largo de estos años.
El chasco más reciente fue el de las unidades empresariales de base (UEB) y, sobre todo, las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), y no tanto porque hayan encarnado un error de entrada, sino porque al aplicarse volvieron a dejar en la letra el principio del traje a la medida. Sin ánimo de meter todas estas estructuras ahora en el mismo saco, la expansión al ámbito estatal de las Mipymes y la empresa filial -otra novedad- permitirá reformular aquellas OSDE y UEB carentes de eficacia y sentido, que no son pocas.
¿Cómo garantizar el buen tino de la transformación? Es solo una de las tantas interrogantes que aguardan. ¿El sistema empresarial conseguirá una descentralización real finalmente? ¿Cómo? ¿Tendrán todas las empresas conocimiento, capital humano y capacidad financiera para desplegar sus alas con autonomía? ¿Aceptaremos que existen empresas de vanguardia, innovadoras, con mejores resultados e ingresos y otras solo aferradas a un discurso político que no las saca de la retaguardia? ¿Cómo asumirá el Estado las entidades en quiebra y a sus trabajadores? Y, ¿cómo se liberará la gestión del fondo salarial en las empresas, sin violar el principio constitucional de pagar igual salario por igual trabajo?
Se apilan las preguntas. Otra: ¿me muerde el entusiasmo o estamos definitivamente a la puerta de cambios tan discutidos y soñados por lo que representan para cualquier economía?
Entre tantas dudas lógicas, una cosa tengo clara: el año 2021 quedará como un momento dramático por la pandemia y la crisis económica. Pero también por la profundidad de los cambios emprendidos en el modelo económico y, a otra escala, en el modelo de socialismo cubano. La historia apenas comienza.
(Tomado de Cubadebate)
