Viejos trucos emplea Washington en su persistente intento por justificar las agresiones de todo tipo que realiza contra Cuba desde hace décadas.
El más reciente, aunque no novedoso, es el de acusar al gobierno cubano de ser, entre los países latinoamericanos, el que “menos esfuerzos hace para evitar el tráfico de personas”.
El cinismo de ese juicio del Departamento de Estado norteamericano, uno de los tentáculos públicos del autodesignado juez de jueces, movería a risa si no fuera por la gravedad del tema que aborda.
Responsabilizar a las autoridades de la mayor Isla del Caribe por tráfico de “mujeres y niños con propósitos de explotación sexual” no resiste el análisis de personas e instituciones honestas y objetivas.
La principal vía –por no decir única- para sacar personas del país es la marítima, ya que se descuenta la terrestre por razones geográficas obvias y la aérea por la casi inexistencia de aviación privada y un control riguroso sobre la comercial.
Por tanto, ese presunto “tráfico de personas” sólo podría realizarse en embarcaciones y contando con un soporte logístico externo, ya que resultaría descabellado pensar que desde dentro de Cuba exista semejante organización.
Llegado a ese punto todo hace pensar en el “tráfico de personas” que se organiza, ejecuta y cobra desde La Florida –un lucrativo y peligroso comercio ilegal de inmigrantes- que explota sin escrúpulos la histórica política de Estados Unidos contra el gobierno socialista, reforzada por leyes que dan acogida a los ciudadanos cubanos que arriben a su territorio, utilizando la más disímil vía y cualquier método, incluyendo el secuestro de embarcaciones con asesinato de personas.
Ante la reiterada y contundente denuncia de La Habana sobre el estímulo a las ilegalidades que en materia migratoria mantiene el vecino del norte, Washington vira el rostro y grita: ¡atajen al ladrón!, sin una prueba válida del delito, para que nadie le mire su rostro de redomado bribón.
