La guerra protagonizada por las grandes farmacéuticas con la Unión Europea a propósito de su incumplimiento en los contratos para suministrar vacunas, pone en evidencia todas las contradicciones que tiene dejar en manos de intereses comerciales la provisión de servicios públicos esenciales.
Es bien conocido que las vacunas se han investigado con cuantiosas subvenciones públicas, incluso en muchos casos en universidades públicas, pero se han dotado de patentes privadas que permiten a las farmacéuticas hacer negocios fabulosos, a la vez la UE compró las vacunas antes de haberse producido y aún antes de haberse aprobado su comercialización. Nada le gustaría más a cualquier empresa que tener vendidos sus productos antes de fabricarlos y aún antes de haber ultimado su diseño. No obstante, las farmacéuticas, una vez conseguidas las vacunas, optaron por venderlas a precios mayores a otros países, incumpliendo las cantidades pactadas con la UE. Todo un ejemplo de lo que se conoce como “responsabilidad social corporativa”, responsabilidad y compromiso con los accionistas que son la única sociedad que reconocen las empresas.
La Unión Europea ha mostrado debilidad a la hora de reaccionar y hasta ahora no ha utilizado las armas más potentes que posee: levantar las patentes por motivos de salud pública y/o nacionalizar las empresas o las fábricas que tienen en el territorio de la UE. Y no parece que vaya a hacerlo.
Las vacunas presentes en el mercado son variadas y entran también dentro de los enfrentamientos geopolíticos donde se desvalorizan unas en beneficio de otras con pocos criterios científicos. Habrá que esperar un cierto tiempo y los resultados de la vacunación generalizada en algunos países para poder hacer una valoración exhaustiva.
Patentes de servicio público
Ahora se trata de encontrar soluciones a los problemas que tenemos y desde luego ampliar las vacunaciones. Luego habrá que buscar soluciones a medio plazo y planificar mejores respuestas en el futuro. Nada menos que en 2015 ya señalé algunas medidas necesarias para que la política farmacéutica estuviera al servicio de la salud y no solo de los intereses empresariales:
• Garantizar el abastecimiento de los medicamentos eficaces, evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas. Para ello es importante contar con una empresa pública farmacéutica que pueda asegurar la fabricación de los medicamentos necesarios.
• Desarrollar la investigación pública, tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica de las patentes privadas
Evidentemente no hemos avanzado en este sentido. Más bien al contrario, porque la investigación pública ha sufrido un recorte muy significativo. Habría que dar los pasos necesarios para evitar nuevas situaciones de atropellos empresariales inaceptables contra los derechos de las personas.
Otra cuestión es el acceso a las vacunas de los países pobres que solo podrán vacunarse si se levantan las patentes y se les confiere la categoría de bienes públicos de carácter universal. Es, por supuesto, una reivindicación humanitaria y de solidaridad pero también de egoísmo epidemiológico porque, si el virus sigue campando a sus anchas por una parte importante del planeta, volverá a llegar a los países desarrollados, especialmente a nuestro país que es una tierra de tránsito de migrantes. Y será más probable que tenga nuevas y/o más graves e incontrolables mutaciones, como ha advertido la Organización Mundial de la salud. Deberíamos sumarnos a las peticiones que hay para que la Unión Europea garantice el acceso libre a las vacunas.
