Después de pasados siete meses sin trascender públicamente los supuestos incidentes acústicos, y culminado el proceso de revisión de la política hacia Cuba, Marco Rubio consideró que ya era el momento ideal para presionar con el objetivo de que estos hechos fueran conocidos por todos. Era un cálculo político perverso sustentado en que estos «ataques sónicos» una vez divulgados, constituirían el pretexto perfecto para lograr un deterioro progresivo de las relaciones entre ambos países que llevaría prácticamente al desmantelamiento de las respectivas embajadas.
No se conformaba con un retroceso parcial, como el que recogía el memorando Trump, necesitaba que se generara un enrarecimiento del clima bilateral y estaba seguro que este tema tenía ese potencial. En su lógica maliciosa, con una veintena de diplomáticos estadounidenses con «afectaciones producidas por un arma poderosa de tecnología desconocida», el gobierno de Estados Unidos no tenía otra opción que responder con agresividad.
Según una investigación de la publicación New Yorker, Marco Rubio «comenzó a dejar caer en las reuniones que conocía lo que estaba sucediendo en Cuba. Los funcionarios gubernamentales temían que él filtrara la información en cualquier momento».
En ese contexto, el 9 de agosto, el periodista de CBS Steve Dorsey, le preguntó a la vocera del Departamento de Estado: ¿Puede hablarnos sobre los incidentes que han estado sucediendo en La Habana y que han afectado a funcionarios del gobierno estadounidense? La funcionaria, en esencia, le dijo: «Estamos al tanto de lo que ha sucedido allá. Personal del gobierno estadounidense que estaba trabajando en nuestra embajada en La Habana han reportado algunos incidentes los cuales han causado una variedad de síntomas físicos […] No tenemos una respuesta definitiva sobre la fuente o la causa de los incidentes».
Había llegado el momento ansiado por la extrema derecha para imponer su agenda sin ningún tipo de obstáculos. El 15 de septiembre, cinco senadores republicanos pertenecientes al Comité Selecto de Inteligencia del Senado encabezados por Marco Rubio le enviaron una carta al entonces secretario de Estado Rex Tillerson. En la misiva, le solicitaban que inmediatamente declarara a todos los diplomáticos cubanos en Estados Unidos personas no gratas y, si Cuba no tomaba acciones tangibles, cerrara la embajada de Estados Unidos en La Habana.
El 29 de septiembre, Tillerson anunció la decisión de reducir significativamente el personal diplomático de su embajada en La Habana y retirar a todos los familiares. En el comunicado precisó que «hasta que el gobierno de Cuba pueda asegurar la seguridad de nuestros diplomáticos», solo permanecerá el personal de emergencia. Además, emitieron una alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses sugiriéndoles que evitaran viajar a la Isla. Horas después de este anuncio, Donald Trump ante una pregunta de un periodista sobre estos hechos, señaló con su típico lenguaje: «hubo un gran problema en Cuba. Ellos hicieron algunas cosas muy malas».
Ese propio día, Marco Rubio divulgó un comunicado que señalaba: «La idea de que Cuba no conoce nada acerca de cómo se realizaron estos ataques y quién los realizó es absurda […] Hasta que los responsables de estos ataques sean atraídos a la justicia, Estados Unidos debe expulsar inmediatamente un número igual de diplomáticos cubanos, descender la embajada de Estados Unidos en La Habana a Sección de Intereses y considerar la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo».
El 3 de octubre, el secretario de Estado señaló a través de una nota de prensa que habían decidido que 15 funcionarios de la embajada de Cuba en Washington abandonaran el territorio estadounidense. En menos de una semana, el gobierno de Trump adoptó medidas con implicaciones muy negativas para las relaciones entre ambos países. En términos prácticos, ocurrió un desmontaje de las misiones diplomáticas.
La suspensión de la emisión de visas en la sede estadounidense comprometía el cumplimiento de los acuerdos migratorios y afectaba los viajes por razones familiares hacia Estados Unidos. La cooperación en temas de interés común y la implementación de los 22 instrumentos bilaterales vigentes también se ponían en riesgo. Por lo tanto, el pretexto de los «ataques sónicos» comenzaba a dar resultados y se iniciaría el deterioro progresivo de las relaciones.
A diferencia de la posición mostrada por el gobierno estadounidense de manipular este tema por motivaciones políticas, las autoridades cubanas desde que fueron notificadas de la ocurrencia de estos hechos en febrero del 2017 le confirieron máxima prioridad y se involucraron de inmediato en su esclarecimiento. Crearon un grupo de trabajo permanente responsabilizado con el proceso investigativo en el que intervinieron diferentes especialidades del Ministerio del Interior. Además, se constituyó un comité de expertos integrado por especialistas de alto nivel de los Ministerios de Ciencia Tecnología y de Salud Pública teniendo en cuenta la naturaleza de los eventos reportados.
A partir de que el gobierno estadounidense divulgara públicamente esta situación, comenzó un creciente debate sobre estos acontecimientos. Renombrados científicos a nivel internacional de diversos campos del conocimiento pertenecientes a prestigiosas universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Europa han sostenido diversas hipótesis que ponen en duda la ocurrencia de los presuntos ataques acústicos. Estos especialistas consideraron improbable que la gran variedad de síntomas haya sido provocada por un equipamiento conocido y que el tipo de sonido registrado no era posible que causara daños cerebrales.
El 8 de enero de 2018, la agencia noticiosa AP reveló que la División Operacional de Tecnología del FBI había emitido un informe refiriendo que después de investigar las ondas de sonido por debajo del rango de audición humana (infrasonido), las que pueden ser escuchadas (acústicas) y las que están por encima del rango de audición (ultrasonido), concluía que no hubo causa sonora en los síntomas físicos experimentados por los diplomáticos estadounidenses en La Habana. En esencia, la institución especializada de Estados Unidos autorizada legalmente a realizar este tipo de investigaciones había determinado que no existía ninguna evidencia de los «ataques acústicos».
Como parte de su obsesión anticubana, Marco Rubio convocó para el 9 de enero una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre los incidentes de salud. Su objetivo fue montar un espectáculo político para responsabilizar al gobierno cubano. El legislador planteó que era irrelevante saber si los ataques fueron realizados con algún dispositivo acústico o de microondas porque en definitiva lo cierto era que «estaban lesionados 24 estadounidenses».
Agregó que lo ocurrido era el resultado de una tecnología tan sofisticada que todavía los especialistas de Estados Unidos no la entienden. Como nuestra de un cinismo sin límites, afirmó: «los responsables de estos ataques quieren introducir fricciones en las relaciones bilaterales».
Tomado de: Contexto Latinoamericano
