El cierre de las cuentas de Trump llega demasiado tarde y no tiene el olor de claveles, sino de otra práctica discrecional de los monopolios privados en Internet, que actúan según soplen los vientos en Washington.
La expulsión de Trump del paraíso de las plataformas de redes sociales, como consecuencia del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, se ha presentado como un triunfo de los demócratas y de millones de ciudadanos del mundo hartos de la bravuconería del mandatario, pero decenas de analistas han mostrado preocupación frente a la decisión conjunta de estas empresas privadas de bloquear a discreción a sus usuarios, sea un presidente o cualquier otro titular de una cuenta. Llevan años de prácticas monopólicas y un enorme estómago para tolerar todo el odio del mundo y multiplicar la extrema derecha hacia todos los confines.
Expertos en desinformación y defensores de derechos civiles han advertido durante mucho tiempo sobre el aumento de la retórica violenta en los sitios de redes sociales y sobre el papel de los políticos estadounidenses en operaciones de guerra psicológica, como las que se desataron en Gran Bretaña en los días del Brexit; en el Brasil que eligió a Jair Bolsonaro como presidente, o en Estados Unidos durante la llamada campaña permanente de Donald Trump por la presidencia, que comenzó en 2016 y aún no ha terminado. El denominador común de estos tres procesos tiene un nombre, Steve Bannon, exoficial de la Marina estadounidense y gurú de la llamada “derecha alternativa” mundial.
Antes de ganar la presidencia, Trump usó Twitter para amplificar su campaña racista afirmando, falsamente, que Barack Obama no nació en Estados Unidos. Como presidente, compartió mensajes de odio dirigidos a musulmanes y publicó contenidos en los que hablaba con desprecio de mexicanos y centroamericanos, una clara violación de las políticas de la plataforma. En junio de 2020 retuiteó a sus decenas de millones de seguidores un video en el que un acólito gritaba “White Power!” (Poder Blanco). Alentó la violencia contra las protestas del movimiento Black Lives Matter en un mensaje compartido en múltiples plataformas que incluía la frase “cuando comience el saqueo, que comience el tiroteo”.
El periódico británico The Guardian publicó en diciembre de 2019[1] una extensa investigación que demostraba que los algoritmos de Facebook y Youtube han actuado como árbitros de la política estadounidense durante años. Más allá del sesgo ideológico, estos gigantes han impuesto un sesgo tecnológico: sus algoritmos favorecen el contenido escandaloso, pues se comparte más y atrapa más a la audiencia, algo que da alas a las conspiraciones de la extrema derecha y a los linchamientos políticos. El pasado 31 de enero The Wall Street Journal destapó[2] los mensajes internos de Facebook que revelan que los directivos de la compañía tienen plena conciencia de que su modelo de negocio “explota la división” social en todo el mundo.
El escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó los datos de los usuarios de Facebook para inducir comportamientos electorales, y el genocidio en Myanmar en 2018,[3] tras una campaña deliberada de odio en esta plataforma, son fantasmas que han perseguido en los últimos años a la compañía del pulgar azul. Sin embargo, las denuncias no han tenido mayores impactos regulatorios y los ingresos de la multinacional tecnológica siguen alcanzando cifras de vértigo: se incrementaron en un 22 % en 2020 con 85 965 millones de dólares, mientras que las ganancias netas aumentaron un 58 % más que en 2019 al registrar 29 146 millones de dólares.[4] Nunca han tenido más usuarios que ahora: 2 800 millones (un 12 % más que el año pasado), lo que implica que más de un tercio de la humanidad está conectada a Facebook.
“Facebook, Twitter y Youtube están tratando de ponerse un manto de campeones de la libertad de expresión, pero la verdad es que son negocios, impulsados por los resultados trimestrales y el deseo insaciable de Wall Street de obtener ventas y ganancias cada vez mayores”, aseguró en enero el editorialista de The New York Times, Greg Bensinger. [5]
Hay muchas preguntas en juego, además de la certeza de que estas compañías tienen como principal horizonte sus propias ganancias. ¿Qué se necesita para que estas empresas tomen medidas significativas contra comportamientos similares a los de Trump en otras partes del mundo? ¿Cuándo actuarán para proteger a todos sus usuarios dentro y fuera de Estados Unidos? ¿Qué harán para evitar que los poderosos grupos políticos y las fuerzas de inteligencia utilicen las plataformas para desinformar, manipular y silenciar las opiniones inconvenientes para Washington?
La discrecionalidad de las plataformas
Poco después de que Twitter bloqueara a Trump, una red de centenares de cuentas falsas manipuló la conversación social sobre las elecciones de Ecuador, que tuvo lugar el pasado domingo 7 de febrero. Un estudio elaborado por 13 investigadores ecuatorianos y españoles detectó la amplificación artificial del discurso del banquero Guillermo Lasso, candidato presidencial, mientras criticaba a su oponente de la izquierda, Andrés Arauz.
Según la investigación publicada por la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Rey Juan Carlos y alojada en el portal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,[6] se utilizaron técnicas de astroturfing,[7] que consiste en difundir un mensaje por las redes sociales para crear una corriente de opinión falsa haciéndola pasar por espontánea y popular. Utilizaron cuentas con imágenes robadas de otras plataformas y portales pornográficos, además de fotografías falsas creadas con sistemas de inteligencia artificial, como ocurrió en noviembre de 2019 durante el golpe de Estado contra el mandatario Evo Morales.
Muchas de las cuentas contra Arauz fueron creadas en enero, mientras que otras “se reciclaron de otros países o tenían un uso comercial como difundir contenidos de reality shows”, de acuerdo con el estudio. Los principales implicados en estas estrategias de desinformación no han sido penalizados por Twitter, a pesar del vínculo evidente con los principales actores políticos de derecha y las denuncias de usuarios e investigadores. La campaña “Vamos Guillermo”, que armó la ola de ataques en Twitter, invirtió más de 11 000 dólares en Facebook para promocionar videos y propaganda a favor de Lasso entre cientos de miles de usuarios.
Sin embargo, esta laxitud no aplica para todos por igual. Durante la administración Trump, Twitter bailó frecuentemente al son de las disposiciones del Departamento de Estado en su guerra declarada contra Cuba. El 12 de mayo de 2020 la plataforma bloqueó 526 perfiles gestionados desde la isla, que compartían información de una comunidad conocida como #DeZurdaTeam. No explicó su decisión a los usuarios que vieron canceladas abruptamente sus cuentas, pero al día siguiente, el 13 de mayo, lo haría nada menos que Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien convocó una sesión informativa con periodistas e invitó a Lea Gabrielle, directora del Centro de Compromiso Global (GEC), también del Departamento de Estado.[8]
Mientras Twitter callaba las razones por las que había bloqueado a los cubanos, los funcionarios estadounidenses dijeron a la prensa que el Departamento de Estado había identificado “más de cuatro docenas de cuentas cubanas” —¡la agencia gubernamental, no la superempresa privada!
En esa reunión que divulgó con entusiasmo la embajada de Estados Unidos en La Habana se expresaron los ejes de actuación del Departamento de Estado respecto a países que identificaron como “actores malignos”: Rusia, China, Irán, Venezuela y Cuba. Explicaron la política del GEC para “contratar influencers locales y periodistas” que se dedican a “exponer y contrarrestar la desinformación”. A la par, “el Departamento de Estado ha desarrollado asociaciones con comunicadores locales clave que tienen el alcance y la resonancia con las audiencias objetivo”.
Casi dos meses después, el 2 de julio, The Miami Herald publicó[9] los avances de esta estrategia contra la isla, al presentar el sitio web www.lasciberclarias.com, gestionado desde la Florida, que tiene “las habilidades técnicas promovidas por el Departamento de Estado” para identificar cuentas falsas o con comportamiento inauténtico de Cuba.
Lea Gabrielle comentó al Herald los avances en la política presentada en mayo y alabó abiertamente el trabajo del Departamento de Estado con las empresas tecnológicas, que hacen un seguimiento a la red cubana, “tras detectar intentos de manipulación de las plataformas”.
“Tenemos un diálogo continuo con las empresas de tecnología y estamos trabajando con ellas para compartir nuestras ideas sobre los intentos de los actores estatales y no estatales de aprovechar sus plataformas para difundir desinformación y propaganda”, añadió Lea Gabrielle al Miami Herald.
En todos esos meses, Twitter no hizo ningún comentario sobre estas declaraciones del Departamento de Estado que demuestran la coordinación y dirección federal de las operaciones contra Cuba desde esa plataforma, pero —¡oh, sorpresa!— el 8 de octubre de 2020 publicó el informe sobre las 526 cuentas bloqueadas en mayo. Tardó cinco meses para dar una respuesta a los usuarios cubanos censurados y lo hizo a través de un informe del Stanford Internet Observatory,[10] de la Universidad de Stanford, en California, al que le entregó todos los datos históricos de los “infractores”. No se limitó al momento en que se produjo la supuesta violación de la política de la plataforma, sino que puso a disposición de los investigadores de esa universidad privada estadounidense toda la actividad de nacionales cubanos desde 2010 hasta mayo de 2020, sin explicar qué legalidad sustenta la entrega a terceros de la información de centenares de personas que no viven en Estados Unidos ni se rigen por sus leyes.
A diferencia de los investigadores que documentaron las operaciones en redes contra Evo Morales y Andrés Arauz, el Observatorio de la Universidad de Stanford no encontró evidencias de uso de sistemas automatizados (bots) en las cuentas cubanas. Sin embargo, algunos detalles de esta historia que entrelaza al Departamento de Estado, Twitter y la universidad californiana son particularmente llamativos:
1) La muestra de la investigación de Stanford (526 cuentas o más de 4 docenas, como dijo Gabrielle) era conocida desde inicios de mayo por el Departamento de Estado, probablemente antes de que Twitter las bloqueara. Lea Gabrielle habla de ello 24 horas después de que la plataforma desactivara las cuentas cubanas, sin que Twitter notificara públicamente por qué lo hacía y, mucho menos, sin revelar el número de perfiles eliminados.
2) Twitter presentó este golpe a la red cubana como una actividad de rutina para detectar “operaciones de información respaldadas por un Estado”, y describió el bloqueo de cuentas dedicadas a la propaganda de otros cuatro gobiernos, además de Cuba (Irán, Arabia Saudita, Tailandia y Rusia). Ese mismo día Facebook anunció que había retirado una red de ultraderecha vinculada al grupo conservador Turning Point USA. Las agencias titularon “Facebook y Twitter desmantelan redes falsas en EEUU y Cuba”.[11]
3) Ni Twitter ni la Universidad de Stanford reconocieron que estas “operaciones de información respaldadas por un Estado” (state-linked information operations) ejecutaron órdenes de agencias gubernamentales estadounidenses para bloquear las cuentas cubanas, a pesar de las declaraciones previas de dos altos oficiales del Departamento de Estado que se atribuyeron tácitamente la operación. En el comunicado de Twitter del 8 de octubre solo se menciona esta subordinación cuando describe las cuentas rusas eliminadas. Se afirma que, en este caso, la plataforma “ha trabajado en colaboración con pares de la industria y el FBI”.
4) Las fuentes utilizadas por Stanford para incriminar al gobierno cubano en una operación de cibertropas en Twitter provienen de instituciones que reciben financiamiento público de agencias federales estadounidenses, como Freedom House y Cubanet. También, del Atlantic Council, un think tank que mal disimula sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que coordina el Digital Forensic Research Lab, una especie de policía transnacional de Internet. También, del Open Observatory of Network Interference, con sede en Italia y vinculado igualmente al Atlantic Council.
5) Stanford aseguró que el comportamiento de las cuentas cubanas bloqueadas “indica que los usuarios pueden estar siguiendo patrones de Venezuela que han sido documentados por otros investigadores”. Los “investigadores” que referencia también son del Atlantic Council, cuya subordinación a las políticas más conservadoras en Estados Unidos han sido documentadas por décadas. Amenaza, como el Departamento de Estado, con mantener bajo observación la red cubana en Twitter: “A medida que el uso de las redes sociales por parte de los cubanos continúa creciendo y la conectividad aumenta, será interesante seguir atentos a las campañas coordinadas cuyo objetivo es promover un sentido de nacionalismo y unidad de los cubanos frente al ‘imperialismo yanqui’”.
6) Como ha hecho Twitter sistemáticamente, la investigación ignoró las evidencias de cibertropas organizadas contra el gobierno cubano desde laboratorios de intoxicación y desinformación en Estados Unidos, provistas de tecnología de última generación, cientos de sitios para contaminación de la red y trampas digitales cuyo propósito es robar datos personales para manipular a los cubanos.
La investigadora estadounidense Shoshana Zuboff, autora de un libro fundamental, The Age of Surveillance Capitalism, decía a propósito del ataque al Capitolio y las decisiones que han tomado las plataformas: “Hay un golpe del que no estamos hablando”,[12] y se refiere a la infinita capacidad que tienen estas empresas privadas para decidir quién tiene derecho a existir en la red y quién no, “aunque no fueron elegidas para gobernarnos”. “Esta es la esencia del golpe epistémico —añade. Reclaman la autoridad para decidir qué sabe quién, se atribuyen los derechos de propiedad sobre nuestra información personal y tienen el poder de controlar los sistemas e infraestructuras críticas de información”.
Por supuesto, no es cualquier poder, sino aquel que avanza en la dirección en que sople el viento desde Washington. Cuando se le preguntó cómo se adaptaría Facebook a un cambio político hacia una posible administración de Biden, un portavoz de la compañía, Nick Clegg, respondió: “Nos adaptaremos al entorno en el que estamos operando”.[13] Y así fue. El 7 de enero, cuando quedó claro que los demócratas controlarían el senado, las plataformas bloquearon indefinidamente la cuenta de Trump.
