La malquerencia, incluso más, la demonización del trabajo privado ha ido disipándose con los años en el país. Décadas atrás, todo lo que olía a ese tipo de propiedad era rechazado de plano. Hoy por hoy, son menos los que ven con estigmas a quienes ejercen una actividad por cuenta propia; entre paréntesis, esa denominación debe ser un invento cubano para esquivar, prejuicio mediante, el apelativo de “sector privado”.
De la aversión al cambio de mentalidad. La paulatina mutación ha estado sustentada en blanco y negro en la Constitución de la República, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
No asombra, por tanto, que el Consejo de Ministros aprobara recientemente la ampliación del cuentapropismo. ¿Una determinación episódica? De ninguna manera. La decisión se articula a la estrategia fomentada por el Gobierno central con miras a sacar a flote la economía nacional, en ascuas por la crisis asociada a la pandemia de la COVID-19 y por el bloqueo de Estados Unidos, sismo de gran intensidad que sacude cada sector socioeconómico de Cuba.
Un precepto favorece la flexibilización del cuentapropismo: la economía no entiende de estancos, de fincas independientes. “No hay un ellos y un nosotros. Todos somos uno”, aclaró el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en una emisión del programa televisivo Mesa Redonda.
Del dicho al hecho —en este caso— no hay trecho. La nueva política de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia elevó notablemente la cantidad de actividades que podrán ejercerse. Solo 127 podían asumirse en el sector no estatal; aunque la práctica, sazonada por la ilegalidad, lo negaba.
Tomando como referencia el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la cifra rebasa, ahora, las más de 2 100 actividades, al hacerse corresponder las del sector no estatal con el estatal.
De paso, no se eliminó ninguna de las actuales opciones para laborar; es más, se anuló la limitación para que puedan ejercer los programadores de equipos de cómputo, reclamo antiquísimo.
Sin embargo, no todo negocio privado está autorizado. A partir del mencionado clasificador nacional, se limitan, total o parcialmente, 124 actividades. Por ejemplo, persiste la prohibición de practicar la Medicina Veterinaria; no obstante, se incorpora la excepción referida a la atención a animales afectivos.
Es dable, también, acotar que la lista de actividades prohibidas no incluye las consideradas ilícitas para todos los actores económicos, o prohibidas explícitamente por ley, como la explotación de las plantas endémicas y el empleo infantil, entre otras.
¿La nueva política queda solo en el cambio de una lista de actividades permitidas a prohibidas? El perfeccionamiento resulta más amplio e integral, y les arranca hojas al burocratismo, al papeleo, gracias a la reducción de los trámites a la hora de solicitar un permiso para laborar, previstos mediante el sistema de ventanilla única, la cual elimina el paso de que el trabajador asista a la oficina correspondiente de la Administración Tributaria para inscribirse.
En pedazos volará una traba que ponía zancadillas a los negocios particulares: hasta ahora, solo se podía asumir una actividad. En lo adelante, el alcance de esta se fija a partir del proyecto de trabajo presentado por el interesado; ello permitirá la creación de paquetes de servicios, aun cuando sean de naturaleza diferente. Lo ilustro: será posible que una peluquería oferte café o merienda a sus clientes, sin necesidad de requerir de un permiso especial.
Como era presumible, los ecos de la actualización del cuentapropismo llegarán hasta el pago de los tributos, siempre bajo el principio de que, a mayores ingresos, mayores aportes. Así y todo, las adecuaciones no conllevarán un incremento de la carga tributaria.
Al contrario, existirán medidas fiscales que favorecerán su disminución; entre estas, el reconocimiento del ciento por ciento de los gastos en que se incurra y el aumento del mínimo exento libre del pago de impuestos. Una vieja demanda también fue escuchada: se considerarán los gastos por inversión, debido al desarrollo experimentado por ciertas actividades.
Si la carga tributaria baja, ¿cómo mantener los niveles de recaudación dentro del sistema tributario? Todas las cartas indican que el ascenso palmario de la cantidad de actividades permitidas dinamizará la vitalidad del cuentapropismo y sus encadenamientos con el sector estatal, horcones para generar más ingresos y, por consiguiente, de mayores contribuciones a los presupuestos municipales.
Los aportes a las arcas estatales no irán en picada y sí subirán la cuesta, motivado, igualmente, por la idea de generalizar la presentación de la Declaración Jurada por todos los trabajadores por cuenta propia, con independencia del régimen de tributación que se les aplique, o sea, el simplificado o general.
¿Por qué ahora sí? Porque la práctica hace la ley, la norma. Las autoridades de la Administración Tributaria no son ciegas; saben cabalmente que determinadas actividades del régimen simplificado han crecido, y tiene que existir correspondencia entre lo que se ejerce y los impuestos pagados.
Más de una modificación se prevé, más de una norma jurídica se elabora y revisa antes de su entrada en vigor y, como suele suceder con casi toda regulación, que al poner límite, no faltarán quienes disientan de lo prescrito.
Lo que sí pocos podrían discutir es que el proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia ha venido de menos a más en Cuba desde el 2010; camino empedrado, con progresos y regresiones.
Es verdad que para ejecutar las transformaciones concebidas en la agenda gubernamental no están creadas todas las condiciones; no se dispone, por ejemplo, de mercados mayoristas abastecidos. El propio Alejandro Gil Fernández lo ha subrayado. Sin embargo, ¿no sería peor posponer aún más estos cambios a favor de dicha forma de gestión no estatal?
El trabajo por cuenta propia, como manifestación de la propiedad privada, no camina a tientas; los estigmas iniciales que rodearon a esta variante de empleo, que suma más de 600 000 personas en el país, van en retirada. Aguardemos por que cada modificación prevista halle cauce despejado para su desarrollo por el bien del bolsillo del dueño del negocio, de sus contratados y de la economía cubana, que apuesta por derrumbar las cercas entre el sector estatal y el particular. (Tomado de Escambray). Foto de portada: Vicente Brito.
