El candidato a la Presidencia de Perú y general retirado, Daniel Urresti, ha sido acusado por intentar la compra del silencio de uno de los testigos de la Fiscalía en el juicio donde se le acusa de autor mediato del asesinato, en 1988, del periodista Hugo Bustíos.
De acuerdo con una nota de la agencia EFE, el declarante Jesús Gálvez, grabó secretamente en audio y video cómo le ofrecieron 5 000 dólares y la posibilidad de costear intervenciones quirúrgicas de vista y rodillas a cambio de su silencio en el juicio.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que lleva la defensa de la familia de la víctima, luego de la difusión de las grabaciones de Gálvez, exigió a la Fiscalía la investigación de estos “graves hechos”, los cuales “pondrían en evidencia una presunta red delictiva de intimidación, silenciamiento, distorsión de testimonios y compra de testigos para favorecer a Urresti en su propósito de conseguir la impunidad en el caso del asesinato de Hugo Bustíos”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció ante el hecho y recordó, en su declaración, que no se trata de un acontecimiento aislado.
“En enero de este año el abogado de la Comisión de Derechos Humanos denunció que a la testigo Ysabel Rodríguez Chipana se le ofreció dinero con la finalidad de variar su testimonio. Esto se suma a lo sucedido en el juicio anterior en el que se acusó a la defensa de Daniel Urresti de presentar documentos falsos (agosto 2018)”, indicó la ANP en un comunicado este martes.
Asimismo la Asociación exige al Estado, y de manera particular a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, que “brinde las garantías personales a los testigos Jesús Bernardino Gálvez Ruíz e Ysabel Rodríguez Chipana, quienes tras su declaración han quedado expuestos a riesgos que comprometen seriamente su vida e integridad” e invoca a los titulares de la Tercera Sala Penal Transitoria de Crimen Organizado para que valoren “esta grave denuncia que constituiría una clara obstrucción de acceso a la justicia”.
Para la ANP, tras 32 años del crimen y un proceso judicial extenuante, “es inaceptable pretender perturbar la recta administración de justicia”, por lo cual reafirma su compromiso de vigilancia permanente del proceso judicial.
Después de que dos de los cuatro militares que participaron en el crimen fueran condenados a prisión como autores materiales, uno de ellos declaró, desde la cárcel, que el asesinato fue planificado por el ‘capitán Arturo’, apodo de Urresti en su etapa como jefe de inteligencia del cuartel militar de Castropampa, en Ayacucho.
Urresti fue absuelto en un primer juicio por este caso, pero luego la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó repetir el proceso, al considerar que los jueces no habían valorado correctamente una serie de pruebas e indicios.
La repetición del juicio se desarrolla de manera paralela a la campaña electoral de Urresti, quien aspira a la presidencia peruana por el populista partido “Podemos Perú”.
