El caso de lawfare por excelencia es lo que vimos con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Se abusó del derecho penal, del derecho procesal penal y de los medios de comunicación y las redes sociales para adjudicarle un delito, desacreditar su imagen pública y su carrera política, inhabilitarlo jurídicamente para participar en política e incluso privarlo de su libertad física. Este abuso del derecho penal lo podemos llamar lawfare por sobre-criminalizacion ¿Por qué “sobre-criminalización”? Porque se aplica el derecho en forma desmedida, se violan las garantías constitucionales básicas, se sobre-aplica el poder punitivo del estado para acabar con la vida política y jurídica del contrincante legal.
Ahora bien, en realidad, se puede ir mas allá, y pensar que ésta es una de las dos caras que tiene el lawfare. La otra cara es lo que podemos llamar lawfare por infra-criminalización y se trata del uso del poder judicial, mediático e internacional para salvar de la muerte política y jurídica a los dirigentes políticos funcionales al poder económico real. Siguiendo con Brasil, tenemos el caso de Sérgio Moro quien, violando toda garantía de imparcialidad y debido proceso, actuó contra Lula para ser luego nombrado ministro de Justicia por Jair Bolsonaro, quien se convertiría en presidente gracias a la encarcelación de Lula. Pese a todo ello, el foco del sistema mediático-penal no se centró en Moro. Lo protegió.
¿Que es entonces el lawfare? La manipulación selectiva del sistema penal para buscar la muerte política y jurídica de dirigentes populares y salvar de esa misma muerte política y jurídica a dirigentes funcionales al poder real, aún cuando sí hayan cometido delitos.
La pregunta obligada es entonces ¿quiénes son los verdugos de estas muertes políticas y jurídicas? Los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional. El poder judicial es el que clava la estaca jurídica. Participa en el lawfare a veces por las buenas, es decir, para sostener lazos con el poder político y corporativo, o por promesas de cargos, promociones, contratos u oficinas, o por las malas, para evitar represalias, o por directas amenazas de juicio político u obstrucción de ascensos. Los medios concentrados de comunicación son los que clavan la estaca política. Repiten acusaciones y estigmatizaciones sin contenido, asedian con títulos de fantasía del escándalo de turno (recordemos el “Lavajato” o “Los cuadernos de Cristina”), la palabra corrupción y los nombres de las personas presuntamente involucradas. No tratan de informar ni de transmitir información clara y comprensible sino de crear sentido. Aquí juegan de la mano un rol fundamental las redes sociales con su transmisión ininterrumpida de mensajes. El poder corporativo opera desde un segundo plano, pero es probablemente el principal beneficiado de que algunos negociados queden fuera del escrutinio público mientras que los actores políticos que buscan limitar aunque sea mínimamente la concentración de la riqueza sean perseguidos. Por ultimo, el lawfare precisa de agentes internacionales para coronar la muerte del opositor. Siguiendo con el ejemplo de Brasil, son probadas las vinculaciones de Moro con la Embajada de los Estados Unidos.
En fin, estos cuatro poderes – jurídico, mediático, corporativo e internacional – ayudan a crear causas, difundirlas y forjar la idea de que tales o cuales son corruptxs, en lo que llamamos lawfare por sobre-criminalización. Estos cuatro poderes son también los que archivan causas y las esconden de la opinión publica para salvar a los dirigentes funcionales al poder real, en lo que podemos llamar lawfare por infra-criminalización. Ambas caras del lawfare merecen atención urgente y ello incluye la difícil pero urgente tarea de democratizar y desconcentrar a los verdugos.
* Investigadora del Instituto Alexander von Humboldt Freie Universität Berlín. Docente de la Facultad de Derecho de la UBA-UNQuI.
